La fiscalización de Más Madrid sobre el ático de Chamberí ya tiene respuesta: la Comunidad pide al Tribunal de Cuentas archivarla. El Ejecutivo de Ayuso ha presentado sus alegaciones y sostiene que la compra de la vivienda por 6,3 millones de euros se ajusta a la legalidad.
El escrito con el que la Comunidad quiere cerrar el expediente
El texto reclama al órgano fiscalizador que no abra una investigación sobre la adquisición del inmueble y que dé por cerradas las denuncias que presentaron el PSOE y Más Madrid. No es un trámite menor. El Tribunal de Cuentas había solicitado a la Fiscalía, a la Comunidad y a Planifica Madrid —la empresa pública que compró la vivienda— que se pronunciaran sobre la conveniencia de nombrar a un instructor.
La instrucción es la puerta que decide si el asunto se convierte en un expediente con documentos o se queda en un cruce de escritos. Si llega, serviría para estudiar si hubo desvío de fondos públicos en la compra. De ahí que la Comunidad se haya empleado a fondo en el terreno jurídico: sus servicios jurídicos afirman que la actuación «se ajusta plenamente a la legalidad» y a los «estatutos y competencias» de la empresa pública, y subrayan que la operación «no supone un deterioro económico» para las arcas regionales.
El relato del Ejecutivo regional tiene tres patas. La primera es el precio, la segunda es la finalidad, y la tercera es la más delicada. El ático se adquirió «por un precio que se correspondía con el valor de mercado tasado en el momento de la compra», como «espacio de apoyo a las consejerías», con un contrato de arrendamiento posterior, y «en ningún caso» como «vivienda oficial para la presidenta».
Conviene recordar cómo llegó el caso hasta aquí. La operación de venta puesta en marcha para desprenderse del ático fracasó en julio, un día después de que la adquisición se conociera a través de la prensa. El inmueble sigue, por tanto, en manos del Gobierno regional. El intento de colocarlo en el mercado llegó tarde.
La Comunidad sostiene que el ático se ajusta a la ley. Lo que el expediente pone a prueba es si esa versión resiste al órgano fiscalizador.
Dos frentes sobre el mismo inmueble. En paralelo al expediente fiscalizador, una jueza ha preguntado a la Fiscalía si es competente para investigar la compra del ático de lujo. El órgano contable y la jurisdicción ordinaria miran el mismo asunto desde ángulos distintos: uno busca el rastro del dinero público, la otra delimita quién puede hurgar en él.
Con esos mimbres, el caso deja de ser una discusión sobre un inmueble de lujo y se convierte en una prueba de resistencia institucional. Ahí es donde Más Madrid encuentra su terreno.
La fiscalización como seña de identidad del confluente
Más Madrid es una de las confluentes del espacio de Sumar y, en Madrid, ejerce la oposición con un instrumento que no depende de la aritmética parlamentaria: la denuncia ante los órganos de control externo. Un órgano que no responde a mayorías tiene un valor doble para quien denuncia: deja rastro documental y coloca el asunto en un calendario ajeno al debate político diario.
La lectura que hacemos es que Más Madrid construye un perfil propio sin necesidad de tutela. En el espacio de Sumar conviven fuerzas con agendas territoriales distintas, y la fiscalización del Gobierno de Ayuso es una seña de identidad difícil de discutir desde fuera. La denuncia la firma junto al PSOE-M: dos partidos que compiten por el mismo electorado y que coinciden en llevar el caso al mismo órgano.
Ahí aparece el matiz que interesa al lector experto. Este asunto no pasa por el Grupo Parlamentario Sumar ni por el Consejo de Ministros: es materia de la Asamblea de Madrid y del órgano fiscalizador. El rédito se lo anota el confluente, no la marca común. En un espacio donde la visibilidad se reparte con cuentagotas, eso no es un detalle menor.
La Dinámica de Coalición
El equilibrio interno queda retratado con precisión: el confluente actúa con su propio escrito y su propio calendario, y el aparato central no aparece en el expediente. Lo que se fiscaliza son 6,3 millones de euros y dos denuncias; lo que se mide, en realidad, es la capacidad de cada pieza de la coalición para fijar agenda sin pedir permiso.
La dimensión de coalición es más curiosa de lo que parece. En Madrid, el PSOE y Más Madrid firman juntos la denuncia; en el Gobierno, el PSOE y Sumar comparten consejo de ministros. Colaboración en Madrid, competencia en las urnas: la asimetría es real. Y la petición de archivo llega del Ejecutivo del PP, lo que sitúa a los socios de la coalición en el mismo lado. Ahí no hay fricción.
Queda la proyección. El Tribunal de Cuentas debe decidir si nombra instructor y la Fiscalía, si la jueza es competente para investigar; sin datos oficiales sobre el calendario de ninguna de las dos decisiones. El precedente, en cambio, ya está escrito: la venta del ático fracasó en julio, un día después de que la compra saltara a la prensa. Si el inmueble vuelve a salir al mercado, el expediente estará mirando.
Ficha del Caso
- El caso: La Comunidad de Madrid pide al Tribunal de Cuentas que archive las denuncias de PSOE y Más Madrid por la compra de un ático de lujo en Chamberí y que no nombre instructor.
- Datos importantes: 6,3 millones de euros de precio; compra a través de la empresa pública Planifica Madrid; venta fracasada en julio; pendientes la decisión del Tribunal de Cuentas sobre el instructor y el pronunciamiento de la Fiscalía sobre la competencia judicial.
- Resumen: La fiscalización consolida el perfil propio de Más Madrid dentro del espacio de Sumar y deja al confluente, no al aparato común, como dueño del rédito político.
