Una subida salarial de funcionarios del 5% pende de un calendario electoral. Óscar López, ministro de Función Pública, ha trasladado a los sindicatos que hará ‘todo lo posible’ por aprobarla antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La cifra no es menor: hablamos de cerca de 3,5 millones de empleados públicos repartidos entre la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y de dos tramos muy concretos que ahora se quieren acelerar.
Conviene fijar el terreno antes de entrar en harina. El Acuerdo Marco —el pacto plurianual firmado por el Gobierno y las organizaciones sindicales a finales de 2025— dibuja una senda del 11% para el trienio 2026-2028. Lo que se dirime estos días no es el qué, sino el cuándo.
Qué incluye exactamente la subida del 5%
El primero de los tramos es el 0,5% adicional sobre la nómina de 2026. Se activa por una cláusula automática: si el IPC medio del año rebasa el 1,5% ya aplicado, la diferencia se abona con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Los principales institutos de análisis proyectan una inflación media de entre el 3,6% y el 3,7%, así que la llamada ‘paguilla’ está prácticamente garantizada.
La presa mayor es otra. El 4,5% previsto para 2027 supone casi la mitad de la revalorización del trienio y la única garantía real de que el colectivo no pierda poder adquisitivo tras el repunte de precios. El conjunto de ambas medidas ronda los 10.000 millones de euros, según las estimaciones que acompañan al acuerdo.
Traducido: no es un gesto simbólico. Es una decisión de gasto público de primer orden que llega, además, con las encuestas y las urnas de fondo.
La subida llega con efectos retroactivos y antes de las urnas: 3,5 millones de nóminas públicas y una factura de unos 10.000 millones.
Por qué las elecciones del 29 de noviembre lo condicionan todo
Aquí está la clave que casi nadie cuenta. La subida de los funcionarios se ha venido incluyendo históricamente en los Presupuestos Generales del Estado. Pero las Cuentas están prorrogadas desde 2023, de modo que el Ejecutivo ha ido desgajando las revalorizaciones del trámite presupuestario y aprobándolas por real decreto.
Para que el 4,5% esté en vigor en enero de 2027, alguien tiene que firmarlo antes. Da igual quién gobierne después del 29 de noviembre: si la medida no sale antes, el nuevo Ejecutivo —o el que quede en funciones— tendrá que aprobarla al margen de unas Cuentas que nadie sabe cuándo llegarán.
Csif, el sindicato principal del colectivo, ha exigido que la subida se apruebe mediante real decreto y antes de los comicios, con la Diputación Permanente —el órgano que mantiene viva la actividad parlamentaria cuando las Cortes están disueltas— como escenario. A la reclamación se ha sumado CCOO de cara a la comisión de seguimiento convocada por el Ministerio.
El paquete sindical no se agota en el porcentaje. Incluye la actualización de las indemnizaciones por residencia, la equiparación salarial entre administraciones y la recuperación de la estructura retributiva anterior a los recortes de 2010. Desde el Gobierno, las fuentes consultadas insisten en que no hay objeto de negociación sobre la senda ya pactada, rubricada por el propio Pedro Sánchez.
El precedente de 2010 y la letra pequeña que decide
España ya ha recorrido este camino, y en las dos direcciones. El real decreto ley de mayo de 2010 recortó de media un 5% las retribuciones de los empleados públicos, y a esa tijera siguieron años de congelación. La recuperación llegó a partir de 2018, tramo a tramo y casi siempre por la vía del decreto cuando no había Presupuestos. La lección es sencilla: quien controla el calendario controla la nómina.
Hay un segundo elemento que conviene mirar con lupa. Aprobar el 4,5% de 2027 en 2026 significa comprometer gasto del ejercicio siguiente, que gestionará otro Gobierno, y blindar de paso el poder adquisitivo del colectivo frente a la inflación de este año. Si el decreto sale antes del 29 de noviembre, la medida llegará con efectos inmediatos y con un relato difícil de discutir.
Para el conjunto del país, el impacto va más allá de las nóminas públicas. Un gasto estructural cercano a los 10.000 millones condiciona el margen del próximo Presupuesto, y con él las partidas de inversión, sanidad o defensa que España negocie con Bruselas en los próximos meses. Ahí la subida salarial de funcionarios deja de ser una cuestión sectorial.
Los próximos pasos están claros. La comisión de seguimiento entre el Ministerio y los sindicatos debe concretar el vehículo jurídico y las fechas, mientras las centrales aprietan para que el texto esté listo antes de la cita electoral.
Conviene seguir dos señales. La primera: si el real decreto se publica en el Boletín Oficial del Estado antes del 29 de noviembre. La segunda: si la inflación media del año, que confirmará el Instituto Nacional de Estadística, cierra por encima del 3,6%. De ambas depende que el 5% llegue en enero o se quede en el cajón.
📌 Ficha del Caso
- Ficha sobre el caso: El ministro de Función Pública, Óscar López, busca aprobar antes del 29 de noviembre la subida pendiente de los empleados públicos: el 0,5% extra de 2026 y el 4,5% de 2027.
- Datos importantes: Cerca de 3,5 millones de empleados públicos; senda pactada del 11% para 2026-2028; un coste conjunto en torno a 10.000 millones de euros; inflación media proyectada del 3,6%-3,7%.
- Resumen: Con los Presupuestos prorrogados desde 2023, la vía es el real decreto. Aprobar el 5% antes de las urnas blinda las nóminas públicas y compromete gasto del próximo Gobierno.
