Trump desautoriza a Zelenski y Vance rebaja Ucrania a ‘socia’ mientras el Pentágono frena misiles ya pagados por los aliados.
La escena se repite en los pasillos de la OTAN: Kiev pide explicaciones, Washington responde con silencio administrativo y Bruselas mira hacia otro lado. La novedad de esta semana no es el desplante, sino su traducción operativa. Volodímir Zelenski confirmó el lunes ante una delegación del Congreso estadounidense que su país ha dejado de recibir, en tres ocasiones durante la última semana, los avisos previos de ataque que sus socios le venían facilitando. ‘Todo se reduce a la negativa de Putin a terminar esta guerra, y a decisiones del lado americano que son difíciles de explicar entre amigos’, resumió.
La frase tiene fondo. No es un reproche diplomático al uso, sino la constatación de que la maquinaria logística que sostiene a Kiev empieza a chirriar justo por el lado que nadie vigilaba.
Del ‘no sabe de qué habla’ al paquete de misiles sin firma
Trump ha repetido en privado y en público que Zelenski ‘no sabe de qué habla’ cuando describe el alcance real del apoyo estadounidense. Su vicepresidente, JD Vance, ha ido un paso más allá y ha colocado a Ucrania en la categoría de ‘socia’, un término que en la jerga del Departamento de Estado no equivale a aliado ni activa compromisos de seguridad. La distinción no es semántica. Un aliado recibe inteligencia en tiempo real; un socio negocia cada dato.
El caso más visible es el programa PURL, el mecanismo por el que los países europeos adelantan el dinero para que Ucrania reciba armamento estadounidense procedente de sus stocks. Según Zelenski, hay al menos un paquete de misiles ya pagado que espera únicamente la firma del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Entre los sistemas afectados están los interceptores del sistema antiaéreo Patriot, capaces de derribar misiles balísticos y de crucero, y cuyo coste unitario ronda los tres millones de dólares. Ucrania los necesita precisamente ahora, cuando Rusia ha intensificado la campaña contra la red eléctrica antes del invierno.
Washington no ha roto con Kiev. Ha hecho algo más eficaz y más difícil de impugnar: ha dejado de firmar.
El segundo frente es menos conocido y más grave. Ucrania ha dejado de recibir explicaciones completas sobre las restricciones impuestas al uso de Starshield, la constelación de comunicación y observación que SpaceX opera para el Departamento de Defensa. Esa limitación afecta a la preparación de ataques con drones de largo alcance y a la defensa frente a los drones propulsados por turborreactor, más rápidos y difíciles de interceptar que los Shahed de hélices.
Zelenski ha movido ficha para romper el bloqueo. Ofrece suspender durante 30 días los ataques ucranianos contra refinerías rusas —una de las palancas que más ha erosionado los ingresos fiscales de Moscú— a cambio de interceptores Patriot. Y espera que una delegación ucraniana se reúna en los próximos días en Noruega con los enviados presidenciales Steve Witkoff y Jared Kushner.
Qué gana Moscú con cada semana de retraso
Nada en el terreno justifica una pausa. Rusia no ha cedido posiciones en el Donbás ni ha rebajado la presión sobre las ciudades. Lo que ha cambiado es el coste político de sostener a Kiev en Washington, y Moscú lo explota con una lógica sencilla: cada semana sin interceptores equivale a más infraestructura destruida y a un país menos capaz de sentarse a negociar con algo que ofrecer.
La lectura desde Bruselas es incómoda. La Comisión Europea ha prometido cubrir el hueco financiero, pero el dinero no fabrica Patriot. Los stocks europeos están bajo mínimos y la producción de MBDA y Raytheon va comprometida hasta 2028. El reloj corre.
Para España el problema tiene dos capas. La primera es industrial y presupuestaria: el compromiso de llegar al 2% del PIB en defensa —unos 21.000 millones anuales, con la vista puesta en el 3,5% que exige Washington— se diseñó asumiendo que el paraguas estadounidense seguiría cubriendo las capacidades que España no tiene, desde la alerta temprana, hasta el transporte estratégico. La segunda es geográfica. Si Washington reordena prioridades hacia el Indo-Pacífico, el flanco sur de la OTAN —Canarias, el Estrecho, la frontera con Marruecos y el Sahel— pierde peso en el planeamiento aliado justo cuando la región se ha convertido en corredor logístico del yihadismo y del Grupo Wagner.
Equilibrio de Poder
El eje Washington-Moscú-Bruselas se ha movido en tres direcciones distintas esta semana. Washington no anuncia un cambio de doctrina, pero lo ejecuta por vía administrativa: retrasos, firmas pendientes, restricciones de acceso. Moscú no necesita ganar; le basta con que el apoyo occidental se vuelva burocráticamente caro. Y Bruselas, que ha construido su discurso sobre la idea de que Kiev resiste gracias a Europa, descubre que la dependencia real es tecnológica y no solo presupuestaria.
Hay un precedente que conviene tener a mano. En agosto de 2021, la retirada de Afganistán se ejecutó sin consulta real a los aliados y la OTAN tardó meses en admitir que su mayor operación fuera de área había terminado por decisión de un solo socio. Entonces se habló de una anomalía. Lo que observamos ahora es una pauta: la relación transatlántica se trata como un contrato de servicios revisable, no como una alianza estructural.
La lectura a cinco años es incómoda para Madrid. El pilar europeo de defensa, el FCAS y el aumento del gasto no sustituyen la inteligencia satelital ni la disuasión extendida. Si el paraguas se vuelve condicional, la discusión real en Europa no será cuánto gastamos, sino quién decide cuándo se abre. Francia ya ha deslizado que su fuerza de disuasión podría cubrir a los socios europeos; Alemania lo mira con interés y España, con cautela, consciente de que sus bases de Rota y Morón son hoy más moneda de cambio que garantía.
El riesgo inmediato tiene nombre y despacho. El paquete de misiles que espera la firma de Hegseth es la próxima prueba: si se rubrica, el frenazo era táctico; si no, estaremos ante una decisión política que Zelenski ya ha descrito con precisión quirúrgica. Seguimos de cerca el informe que el ISW publique esta semana y la cita de Noruega con Witkoff y Kushner. Ahí se sabrá si Ucrania sigue siendo aliada o solo ‘socia’.
