El Consejo de Ministros aprueba 10,2 millones para las zonas tensionadas de Galicia: A Coruña y Santiago de Compostela.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con 180 millones en subvenciones directas a las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Galicia recibe 10,2 millones para dos ciudades.
- ¿Quién está detrás? El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana; la Xunta de Galicia (el gobierno autonómico, con sede en Santiago de Compostela); el concello de A Coruña, con el PSdeG al frente; y el de Santiago, en manos del BNG.
- ¿Qué impacto tiene? Dinero para alquiler asequible en las dos ciudades gallegas con más presión de rentas y un nuevo capítulo del pulso entre administraciones por la política de vivienda.
Un reparto de 180 millones que premia a quien declara zonas tensionadas
El real decreto aprobado este martes reparte 180 millones de euros entre los 317 municipios declarados zonas tensionadas en cinco comunidades autónomas, un ámbito que alcanza a más de nueve millones de habitantes. Lo explicó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El criterio no es la extensión ni el número de ayuntamientos: pesa la población afectada y, sobre todo, el esfuerzo que hacen las familias para pagar el alquiler.
El mapa sale desigual. Cataluña recibe 119,4 millones para 271 municipios; Euskadi, 31 millones para 18; Navarra, 13,3 para 21; Asturias, 5,9 para cinco. Galicia se queda con 10,2 millones y solo dos ciudades, A Coruña y Santiago de Compostela. Leída en bruto, es la comunidad con menos fondos. Leída por municipio, es la que sale mejor parada: algo más de cinco millones por ciudad frente a los 440.000 euros de media que corresponden a cada ayuntamiento catalán.
Las comunidades podrán usar el dinero en cinco frentes de gasto: promoción y rehabilitación de vivienda para alquiler social o asequible; compra de suelo con edificabilidad residencial; urbanización de terrenos de uso residencial; adquisición de pisos ya construidos para incorporarlos al parque público; y cobertura de impagos en contratos de arrendamiento. El Ministerio recuerda además que el Plan Estatal de Vivienda ya permite a las administraciones financiar hasta el 80% del coste de compra de vivienda terminada.
El criterio tiene una consecuencia inmediata: el dinero llega a quien declara. La ministra insistió en que la figura no premia a nadie, sino que constata un problema. «No supone reconocer una situación positiva», dijo, sino admitir que hacen falta «soluciones extraordinarias». En Galicia, esa declaración lleva meses en el centro de la disputa política.
El reparto no mide el tamaño del mapa: mide la presión del alquiler. Ahí, dos ciudades gallegas pesan más que 271 ayuntamientos catalanes juntos.
El pulso entre la Xunta y los concellos: quién gestiona y quién declara
La letra del decreto entrega las subvenciones a las comunidades autónomas, pero las zonas tensionadas que las justifican en Galicia son A Coruña y Santiago de Compostela, dos ciudades gobernadas por el PSdeG y el BNG. La gestión de esos fondos ha enfrentado a la Xunta de Galicia con los dos concellos, según ha publicado elDiario.es. El Ejecutivo gallego, del PPdeG, mantiene su rechazo al marco de la ley estatal de vivienda y ha cuestionado la zona tensionada como herramienta de intervención de precios.
El argumento del Gobierno autonómico se repite en cada comparecencia: su modelo pasa por movilizar suelo público y construir, no por topar rentas. El del Ministerio es el simétrico: sin declaración no hay límite a las subidas, ni bonificaciones, para los propietarios que rebajen el alquiler. Entre ambas tesis, los ayuntamientos miran el calendario. En el Parlamento de Galicia (la cámara legislativa unicameral, con 75 deputados) la vivienda se ha consolidado como el eje de la oposición.
El BNG (o Bloque Nacionalista Galego, la formación independentista y primera fuerza de la oposición) y el PSdeG (la federación gallega del PSOE) han situado el precio del alquiler entre sus principales reproches al Gobierno de Alfonso Rueda. El PPdeG responde con oferta pública y suelo. La lectura es otra cuando se mira desde Madrid.
La pelota está ahora en la sede de la Xunta. El Ejecutivo autonómico tiene que decidir si acepta los 10,2 millones, cómo los reparte y con qué grado de participación de los concellos, un detalle que no es menor en dos ciudades donde el gobierno local no es del PPdeG. El primer termómetro será el próximo Consello de Goberno.
El Laboratorio Gallego
Galicia lleva gobernada por el PPdeG de forma ininterrumpida desde 2009 y Alfonso Rueda tiene hoy 40 de los 75 escaños del Parlamento. Esa holgura le permite ensayar un discurso de vivienda que después se escucha en Madrid con otro acento. El PP nacional, con Alberto Núñez Feijóo, ha hecho de la oposición a la ley estatal de vivienda una de sus banderas y promete revertirla; la Xunta, mientras, sostiene que el problema se resuelve con suelo y construcción. La coincidencia no es casual: lo que aquí se prueba con dos ciudades tensionadas sirve de ensayo para un país donde el alquiler se ha convertido en el primer problema de los jóvenes.
En el Parlamento, el BNG y el PSdeG han convertido la vivienda en su ariete más rentable, y el PPdeG contesta con el argumento de la oferta. Nadie quiere que la discusión se cierre. La incógnita es si el Ejecutivo autonómico puede sostener ese relato mientras A Coruña y Santiago figuran en la lista del Ministerio; y si, al aceptar los 10,2 millones, termina legitimando la figura que impugna.
La proyección es clara. El próximo Consello de Goberno y el debate presupuestario en el Parlamento medirán el envite. Y al fondo, las elecciones municipales de 2027, con A Coruña y Santiago como termómetro de la política gallega y, de paso, de la nacional.
Ficha del Caso
- El caso: El Consejo de Ministros aprueba 180 millones para las comunidades con zonas tensionadas; Galicia recibe 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela.
- Datos importantes: 317 municipios en cinco comunidades y más de nueve millones de habitantes; Cataluña 119,4 millones, Euskadi 31, Navarra 13,3, Galicia 10,2 y Asturias 5,9. Cinco ámbitos de gasto y hasta el 80% del coste de compra de vivienda terminada.
- Resumen: El reparto premia a quien declara zonas tensionadas y reabre el pulso entre la Xunta y los concellos por la gestión de los fondos, con lectura nacional en plena ofensiva del PP contra la ley estatal.
