La Policía Nacional investiga en Granada ocho casos de presunto abandono de menores por parte de sus propias familias.
Las diligencias abiertas se sustentan en dos ilícitos: el favorecimiento de la inmigración clandestina y el abandono de menores. Hasta la fecha hay ocho personas detenidas, acusadas de simular una situación de desamparo, y otros tantos menores han sido entregados a sus familiares. El origen de cada expediente es casi idéntico: familias que entraron en España con visado de turista, procedentes del norte de África, y que dejaron a sus hijos en manos de terceros o en la puerta de una comisaría.
La secuencia que describen los grupos de investigación apenas varía. Los menores se presentan solos o acompañados y aseguran que no conocen a nadie, que llevan poco tiempo deambulando por la calle. En muchas ocasiones, quien los acompaña es un familiar directo con residencia legal en España. La realidad, según la investigación, es que sus padres han regresado a su país apenas unas horas antes.
Un patrón que se repite en las comisarías de Granada
El perfil se repite con una precisión que llama la atención de los agentes. Son menores de entornos acomodados, que dominan otros idiomas como el inglés y el francés, y que se personan en dependencias policiales con ropa de marca y en muy buen estado. Muchos manifiestan haber cruzado la frontera ocultos en camiones. El relato no encaja con la apariencia.
La doble finalidad está clara para los investigadores: obtener una autorización de residencia que, con los años, permita reagrupar a los familiares, y acceder a formación docente y manutención de manera gratuita. Desde el inicio de 2026 se han instruido en la provincia de Granada diligencias por la llegada de 19 menores migrantes extranjeros, un goteo que los equipos policiales describen como un incremento paulatino de la conducta.
Ocho detenidos y ocho menores devueltos a sus familias dibujan un fenómeno que crece en silencio en las comisarías de Andalucía.
Los expedientes instruidos por la Policía Nacional se remiten después al ámbito judicial, donde ambos delitos contemplan penas de prisión y multas para quienes contravengan la norma. En paralelo, el sistema de protección de la infancia se activa en cuanto un menor es declarado en desamparo: la Junta de Andalucía, que tiene transferidas esas competencias, asume su tutela y lo deriva a la red de centros de acogida de la provincia.
Ninguna de las ocho investigaciones está cerrada y los grupos de trabajo mantienen diligencias abiertas sobre personas que habrían actuado como intermediarias. La instrucción no ha hecho más que empezar.
Ocho detenidos y una investigación que sigue abierta
Los responsables policiales esperan nuevas detenciones en las próximas semanas, a medida que se crucen los datos de los menores con los registros de entrada como turistas y con los movimientos de sus acompañantes. Cada caso exige verificar la identidad, localizar a los progenitores fuera de España y determinar quién ejerció de enlace en el país de origen.
Para los municipios afectados, el asunto tiene una derivada práctica: plazas de acogida, personal educativo y recursos sociales que se activan con cada menor que aparece sin referente familiar. En una provincia que ya soporta presión sobre sus servicios de atención a la infancia, cada expediente nuevo obliga a reordenar prioridades y no tanto por el volumen, sobretodo por la naturaleza de los casos.
La Lectura Andaluza
La provincia de Granada acumula desde enero diligencias por 19 menores extranjeros llegados en estas circunstancias, una cifra que conviene leer con prudencia pero que explica por qué los equipos policiales han dejado de tratar estos episodios como casos aislados. Andalucía gestiona una de las redes de acogida de menores más extensas del país, y la provincia granadina sostiene buena parte de ese esfuerzo con plazas repartidas entre la capital y la costa. Detrás de cada expediente hay un chaval de 15 o 16 años al que el sistema debe proteger con independencia de lo que hayan hecho sus adultos.
La segunda cara del asunto es puramente administrativa. Cada caso abierto consume horas de agentes, recursos judiciales y plazas de acogida que compiten con las de otros menores en situación real de desamparo, esos que llegan en patera o que aparecen abandonados en un descampado sin nadie que los reclame. Ahí está la factura silenciosa de la trama. Y ahí, también, el motivo por el que los investigadores insisten en distinguir entre el menor, que es víctima, y la familia, que es quien responde ante la justicia.
La proyección inmediata apunta a más detenciones en las próximas semanas y a nuevas diligencias que acabarán en manos de la Fiscalía de Menores. Quienes vivimos aquí sabemos que Granada lleva décadas recibiendo a quien llega sin nada, y esa tradición no se discute. Lo que se persigue no es la migración: es el uso fraudulento de la condición de turista y el abandono de un hijo en una comisaría para conseguir papeles. La distinción importa, y conviene no perderla de vista cuando el próximo caso salte a los titulares.
