EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Francia, Polonia y Austria han abierto la puerta a que operadores privados de infraestructuras críticas detecten, inhiban y derriben drones; Alemania estudia cómo hacerlo y Finlandia lo rechaza de plano.
- ¿Quién está detrás? Gobiernos nacionales, utilities como EDF, SNCF, E.ON o PSE, y la patronal europea Eurelectric, que alerta de cortes de calefacción este invierno.
- ¿Qué impacto tiene? La tecnología llega antes que la ley: sin un marco claro de responsabilidad civil, las eléctricas dudan en disparar contra un aparato que puede caer sobre una casa.
La defensa antidrón de Europa cambia de fase: Francia ya autoriza a operadores de infraestructuras críticas a interferir y derribar drones.
El Parlamento francés aprobó el pasado agosto una ley que permite a operadores autorizados de instalaciones críticas —y a sus contratistas— detectar, inhibir y abatir drones en el entorno de recintos designados. La norma no salió de un debate teórico. En diciembre de 2025 se registraron vuelos no autorizados sobre la base de submarinos nucleares de Ile Longue, cerca de Brest, y ese episodio terminó de convencer a París de que el problema había dejado de ser perimetral. ‘Estábamos indefensos ante la amenaza’, admite un alto funcionario francés implicado en el despliegue, que pide anonimato porque el plan aún no es público.
Qué se prueba en Brétigny-sur-Orge y por qué París legisló antes que nadie
A 30 kilómetros al sur de la capital, en la antigua base de pruebas de vuelo de Brétigny-sur-Orge, equipos en tierra ensayan inhibidores de radiofrecuencia —aparatos que ahogan la señal de guiado del dron— y drones interceptores sobre campos y bosque. El programa lo coordina Systematic Paris-Region, que ha confirmado que las evaluaciones lanzadas este verano han catalogado ya tres integradores de sistemas y 17 sistemas antidrón. El objetivo del Elíseo es entregar a EDF y a SNCF, y al resto de operadores designados, un catálogo de soluciones homologadas según el entorno: inhibición en unos casos, intercepción cinética en otros. Francia quiere tener equipada una lista ampliada de sitios sensibles de importancia vital en 2027.
El susto de mayor calado fuera de Francia llegó en agosto, en el aeropuerto de Leipzig/Halle: un dron cargado de explosivos apareció junto a un avión de carga ucraniano. Berlín responsabilizó a Moscú. El Kremlin lo negó, como niega de forma sistemática las operaciones de guerra híbrida en suelo europeo. El Ministerio del Interior alemán ha confirmado que revisa cómo implicar legalmente a operadores y terceros en medidas activas, mientras la policía conserva la competencia. Austria anunció en septiembre un plan equivalente: su ministra de Defensa, Klaudia Tanner, lo justificó señalando que el Estado no puede proteger cada instalación por sí solo.
Polonia ha ido más lejos que nadie. Sus operadores han desplegado sistemas antidrón y se entrenan con unidades militares y policiales; hay zonas de exclusión aérea alrededor de infraestructuras energéticas y las unidades de seguridad designadas por las empresas están autorizadas a destruir, inutilizar o tomar el control de los aparatos que entren en ellas. El operador estatal PSE patrulla por helicóptero tramos de una red de alta tensión de 16.500 kilómetros y prepara aeronaves más potentes para vigilar el enlace submarino con Suecia. Estonia, por su parte, estudia la compra de aviones ligeros para abatir drones rusos de propulsión a reacción.
La tecnología para abatir un dron lleva meses madura; la ley que decide quién aprieta el botón sigue en borrador.
El problema es quién responde cuando el aparato cae. Según dos fuentes de empresas de transporte de energía del flanco este de la OTAN, la intervención eficaz exige garantías —y, quizá, un precedente judicial— sobre la responsabilidad por daños colaterales. Sin esa certeza, muchas operadoras se niegan a neutralizar un dron que puede acabar sobre un tejado, un colegio o una línea de baja tensión. La información, construida sobre entrevistas con más de 30 ejecutivos, cargos públicos y expertos, apunta a que la tecnología madura más rápido que la norma que decide quién puede usarla.
Ninguna eléctrica dispara contra un aparato que puede caer sobre un tejado si antes no sabe quién pagará los daños.
Quién aprieta el botón: la responsabilidad civil frena a las eléctricas
No todos los operadores quieren ese poder. Asta Sihvonen-Punkka, consejera delegada de Fingrid, el operador de red finlandés, defiende que la responsabilidad siga en manos de las autoridades y de las Fuerzas Armadas, y avisa de que transferirla sería ‘un cambio muy, muy grande’ que exige un análisis jurídico cuidadoso. Jari Stenius, responsable de seguridad de Fortum, lo comparte: las eléctricas deben producir energía; de la amenaza, dicen, se ocupan la policía y el Ejército.
La industria empuja en sentido contrario. Rheinmetall asegura que el mayor obstáculo para un operador civil es el retraso entre detectar el dron y decidir la contramedida, y confirma que el interés de las infraestructuras privadas se dispara. Leonhard Birnbaum, consejero delegado de E.ON, resumió en septiembre la doctrina alemana vigente: asumir que algunos ataques saldrán bien. Su compañía opera alrededor de 2.720 subestaciones en Alemania. Francia, en cambio, trabaja en automatizar la respuesta hasta que un vigilante pueda lanzarla con una sola pulsación.
El margen de mejora es estrecho. Lituania construye una subestación fortificada junto a la frontera rusa dentro de un plan báltico-polaco que incluye búnkeres, redes antidrón y reservas de de repuestos difíciles de sustituir. Un transformador de gran tamaño puede tardar años en reponerse; una reparación exitosa deja la instalación fuera de servicio durante meses. Con drones de coste bajo, la aritmética favorece al atacante.
Equilibrio de Poder
Moscú niega estar detrás de las incursiones y lo seguirá negando: la negación plausible es parte del método, no un fallo de comunicación. Esa ambigüedad calculada es lo que ha empujado a países que no están en primera línea —Austria, Francia, Lituania— a legislar como si lo estuvieran. La lectura desde Washington incomoda. La prioridad estratégica estadounidense es el Indo-Pacífico, y la protección de una subestación europea no activa por sí sola el artículo 5 del Tratado de Washington, que exige un ataque armado. La Comisión Europea tampoco figura en el centro del debate: la seguridad interior y el orden público siguen siendo competencia nacional, y eso explica que cada capital legisle a su ritmo. El resultado es una división del trabajo involuntaria: Europa pone el dinero y las normas; Estados Unidos, la disuasión de fondo.
En el listado de capitales que han movido ficha no aparece Madrid. España afronta la temporada invernal sin un marco equivalente al francés —no consta en la información consultada—, con una red de transporte operada por Redeia, parques eólicos dispersos y plantas nucleares que exigen perímetros estables. La frontera sur añade una capa que París o Varsovia no tienen: Marruecos opera ya una flota de Bayraktar TB2 y el Sahel se ha convertido en un espacio donde Moscú negocia influencia con contratistas militares. Ninguna de esas piezas constituye hoy una amenaza directa contra la red española. Todas ellas son razones suficientes para que el asunto del dron hostil llegue antes a Moncloa y al Ministerio de Defensa que a Bruselas.
El riesgo inmediato tiene fecha: este invierno. Kristian Ruby, secretario general de Eurelectric, advierte de que los cortes de calefacción por ataques híbridos son ya ‘una posibilidad práctica’. La contradicción de fondo es que las eléctricas europeas llevan años diseñando la recuperación —transformadores de repuesto, protocolos de reposición— y apenas la prevención. Y hay un punto débil que casi nadie discute en público: un sistema automatizado que derriba en segundos también puede equivocarse en segundos, y un dron de aficionado no se distingue de un Shahed hasta que impacta o cae sobre una autovía. El próximo hito es el catálogo francés de soluciones homologadas y la lista ampliada de sitios vitales prevista para 2027. Para entonces sabremos si Bruselas armoniza el marco o si Europa sigue defendiéndose con una decena de leyes distintas.
