La inmersión lingüística vuelve al centro del debate electoral catalán por una frase de Albiol. El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona sostiene que el castellano ya está ‘garantizado’ en Cataluña.
Lo dijo en una entrevista en La 2 Cat, la misma en la que presumió de hablar más catalán que Gabriel Rufián. Reproducido con exactitud, su argumento fue este: ‘Hay zonas donde posiblemente hay unas ciertas dificultades en parte de la Cataluña interior, pero si va al Área Metropolitana, en las grandes ciudades el castellano está garantizado’. En el mismo tramo lamentó que el catalán esté ‘retrocediendo en la calle’.
El enunciado choca de frente con el marco nacional de su propio partido. Feijóo convirtió el ‘contrato con España’ en un compromiso para garantizar el conocimiento del castellano en todo el Estado, con la premisa de que hoy no lo está. Y el PP catalán ha defendido una reducción drástica del catalán en las aulas. Albiol, en antena, viene a decir que esa batalla ya está ganada justo en el territorio donde se reparte la mayoría de los escaños.
El problema no es la frase, es quién la pronuncia
La primera en reaccionar fue Ana Losada, presidenta de Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), la entidad que ha llevado el modelo de inmersión lingüística a los tribunales en repetidas ocasiones. Lo hizo en X, sin matices: ‘Escuchar al candidato del PP decir en TVE que en Catalunya está garantizada la enseñanza del castellano es alucinante, indignante y decepcionante. Esto no es bilingüismo. Esto es lo mismo que dicen los nacionalistas. ¡En Catalunya no se puede estudiar en castellano!’.
Desde el perfil oficial de la entidad insistieron en la misma línea: ‘Señor Albiol, ¿es usted quien tiene que defender el bilingüismo cordial en Catalunya? Solo para que nos lo aclare, porque todavía no lo hemos visto ni oído defender una escuela… pero sí asumir la mentira del nacionalismo que dice que el catalán está en peligro’.
La paradoja es fina: el partido que promete rescatar el castellano en la escuela tiene un candidato que dice que ya está garantizado.
Ángel Escolano Rubio, presidente de Convivencia Cívica Catalana, añadió la estocada más dura. ‘Si le quito el nombre y las siglas, no lo distingo de los separatistas. Que un vecino hable castellano no es un problema que usted tenga que arreglar; la Administración está para servir a los ciudadanos, no para elegirles la lengua’, escribió en la misma red social.
Génova, entre el votante de Vox y el votante de las asociaciones
El malestar no se queda en las redes sociales. Crónica Global recogía esta semana la inquietud de las entidades constitucionalistas ante lo que interpretan como tibieza del PP en materia de inmersión, un frente que se suma al que el partido ya arrastra con buena parte del asociacionismo españolista en Cataluña.
Hay una explicación electoral. El PP sitúa a Albiol al frente de su lista por la circunscripción de Barcelona para contener la fuga de votos hacia Vox, y el discurso del alcalde de Badalona funciona en el cinturón metropolitano. El problema es que ese mismo discurso desactiva el argumento con el que Génova quiere movilizar a su electorado más activo en el resto de España. El grueso de las entidades constitucionalistas consideran, de hecho, que la frase blanquea la tesis nacionalista.
Conviene precisar qué se discute. Nadie niega que el castellano se entienda y se hable en Cataluña: la cuestión es si el sistema educativo lo garantiza como lengua vehicular. Y ahí los datos de uso social del catalán, en descenso sostenido entre los más jóvenes según las series estadísticas disponibles, alimentan lecturas opuestas. Unos leen deterioro; otros, normalidad.
Dos décadas de litigios que ningún eslogan resuelve
El precedente catalán es prolijo. Las sentencias del TSJC que fijaron un 25% de castellano en las aulas desataron entre 2021 y 2022 un pulso institucional que acabó con el Govern aprobando un decreto para esquivar su aplicación práctica. Desde entonces, la Generalitat ha defendido el modelo con la complicidad de la mayoría del Parlament y las entidades han vuelto a los juzgados cada curso. En comunidades donde el PP gobierna con Vox se ha ensayado la libre elección de lengua; en Cataluña, ese debate se libra con otro mapa de poder y con otros equilibrios dentro del propio grupo parlamentario.
Lo que observamos es una contradicción de fondo. El PP necesita dos relatos simultáneos: uno para el votante constitucionalista que lleva dos décadas litigando, y otro para el votante castellanohablante que no pide ruido identitario sino gestión. Albiol ha elegido el segundo en voz alta y ha dejado al primero con la sensación de que su bandera se ha quedado sin abanderado. Génova no ha salido a corregirle. Tampoco a respaldarle.
Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
El calendario aprieta. Las elecciones catalanas del 29 de noviembre obligan a cerrar el programa electoral en las próximas semanas, y ahí tendrá que decidirse si la frase queda como anécdota de entrevista o se convierte en letra impresa. Si ocurre lo segundo, las entidades que este miércoles han cargado contra Albiol exigirán coherencia palabra por palabra. Si ocurre lo primero, el partido habrá desperdiciado otra ocasión para explicar qué propone exactamente para la escuela catalana.
