La Sala de lo Penal del Supremo ha amnistiado la malversación del procés y reprocha al Constitucional una «injerencia» sin precedentes. El auto llega después de que el pleno del tribunal de garantías ordenara aplicar la ley de perdón a ese delito en una sentencia sobre Dolors Bassa.
El auto (resolución judicial que no pone fin al proceso pero adopta una decisión sobre él) lo firma un tribunal de tres magistrados con Manuel Marchena como ponente y aplica la ley de amnistía al delito de malversación a varios exconsellers catalanes. El texto deja por escrito un reproche directo al Tribunal Constitucional por lo que califica de «injerencia» en el ámbito jurisdiccional que corresponde al Supremo, según el relato de la resolución.
No es un reproche aislado ni un exabrupto de una línea. La Sala de lo Penal (el órgano que juzga en última instancia los delitos más graves y los aforados) sostiene que el Constitucional ha «ensanchado hasta límites históricos» su labor hasta consumar su «mutación» en una «última instancia con capacidad revisora» de cualquier decisión del Supremo. Y añade que ese movimiento «está desdibujando el diseño que quisieron los constituyentes de 1978».
Qué dice el auto: amnistía para la malversación y tres frentes de reproche
El texto, según la información publicada por elDiario.es, concentra una docena de reproches al tribunal de garantías. Estos son los tres ejes:
- Invasión del ámbito jurisdiccional del Supremo. El auto describe un razonamiento «invasivo» y sitúa al Constitucional revisando interpretaciones que corresponden a la Sala de lo Penal.
- Exceso de retórica y escasa contención. Reprocha al tribunal haber escrito «consideraciones manifiestamente prescindibles» y «absolutamente innecesarias» para resolver.
- División interna como argumento. El auto alude al «grupo mayoritario» del Constitucional y a los votos particulares (los pronunciamientos discrepantes de los magistrados que votan en contra) del sector conservador.
Doce reproches, según el relato publicado.
La frase más dura está dedicada al estilo: «La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia».
La Sala también marca distancias sobre su propia condición: se define como «jueces independientes, inamovibles, responsables ante la ley», frente a los magistrados del Constitucional, «quienes sin esas garantías y durante un período temporal cerrado de 9 años se ocupan de preservar las garantías constitucionales».
La sentencia que abrió la brecha: siete votos frente a cinco
El origen del choque es la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional sobre Dolors Bassa, con ponencia de Cándido Conde-Pumpido. Se aprobó con los votos de los siete magistrados progresistas y el rechazo de los cinco conservadores, y ordenó por primera vez aplicar la amnistía a la malversación que pesa sobre los líderes del procés, tanto sobre los condenados como sobre Carles Puigdemont.
Aquel fallo reprochó al Supremo interpretar «en un sentido claramente expansivo» cuándo la malversación no podía ser perdonada. Señaló una «contradicción interna»: afirmar que Bassa y el resto de condenados se enriquecieron personalmente después de no haberlo sostenido en la sentencia del procés. La decisión de no amnistiar la malversación, concluyó, «excede los límites de interpretación de la ley».
El Constitucional calificó además esa lectura de «impredecible» y «carente de sentido lógico», y reiteró —como antes había hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— que el procés no afectó a fondos comunitarios.
Dos tribunales han dejado por escrito su desacuerdo sobre quién tiene la última palabra: el Supremo habla de injerencia; el Constitucional, de contradicción interna.
En el Supremo, las críticas del Constitucional se leyeron como una intromisión en la interpretación de la ley; en el Constitucional, las del Supremo han sorprendido porque consideran que no se han expresado en términos más duros que en otras resoluciones referidas a otros tribunales.
Ferrer, Llarena y una secuencia de reveses
El choque no nace con este auto. El instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, ya defendió a sus compañeros de Sala cuando levantó la orden de detención que pesaba sobre Carles Puigdemont aplicando los criterios del Constitucional, y cargó contra la falta de «mesura» del tribunal de garantías.
Dentro de la propia Sala de lo Penal, la magistrada Ana Ferrer se pronunció contra sus compañeros en términos aún más contundentes: habló de «deducciones artificiosas» y de «resquebrajar los diques de la lógica», y llegó a afirmar que la mayoría «retuerce los perfiles del ánimo de lucro».
La Sala sitúa este episodio en una secuencia más larga de reveses llegados desde el Constitucional: ahora la amnistía, pero antes los ERE de Andalucía, o el caso de Alberto Rodríguez. El marco normativo de la ley de perdón puede consultarse en el Boletín Oficial del Estado.
⚖️ Datos del caso
- Órgano judicial: Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en formación de tres magistrados con Manuel Marchena como ponente.
- Fase procesal: aplicación de la ley de amnistía a la causa del procés.
- Implicados: varios exconsellers catalanes, amnistiados en el delito de malversación; Carles Puigdemont figura en el conflicto con la orden de detención ya levantada por el instructor.
- Delitos afectados: malversación de fondos públicos.
- Próximos pasos: pendiente de confirmación oficial; la resolución deja abierto el conflicto entre ambos tribunales.
Lo esencial
- 📌 ¿Qué ha ocurrido? La Sala de lo Penal del Supremo ha amnistiado la malversación del procés y ha acusado al Constitucional de «injerencia».
- 👤 ¿Quiénes están implicados? La Sala de lo Penal del Supremo, con Marchena como ponente, y el pleno del Constitucional que dictó la sentencia sobre Bassa.
- ⏭️ ¿Qué pasa ahora? El auto aplica la amnistía en la malversación y deja abierto el choque entre ambos tribunales, sin nuevo paso procesal anunciado.
