Feijóo promete la Ley Antiokupas y la Ley del Suelo en sus primeros 100 días de Gobierno

El paquete incluye deducciones a propietarios e inquilinos que prorroguen contratos con subidas por debajo del IPC y hasta 25.000 euros de ahorro fiscal para jóvenes compradores. Génova quiere convertir la crisis de vivienda en el eje del próximo ciclo electoral.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? Feijóo ha comprometido en Sevilla tres proyectos de ley —Antiokupas, Suelo y reforma de la propiedad horizontal— para el primer tramo de un Gobierno del PP.
  • ¿Quién está detrás? El presidente nacional del Partido Popular, arropado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto de precampaña sobre vivienda.
  • ¿Qué impacto tiene? Génova sitúa la vivienda en el eje del ciclo electoral con un paquete fiscal para propietarios, inquilinos y jóvenes compradores.

Alberto Núñez Feijóo ha prometido este miércoles en Sevilla tres leyes de vivienda para sus primeros 100 días de Gobierno. La Ley Antiokupas, la nueva Ley del Suelo y la reforma de la propiedad horizontal llegarán al Consejo de Ministros en ese plazo si el PP alcanza La Moncloa.

Tres leyes, un contrato fiscal y un plazo: el examen de los 100 días

El anuncio llegó en un acto público de precampaña sobre vivienda celebrado en Sevilla, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y con el Guadalquivir y varios piragüistas como telón de fondo. ‘Yo me comprometo que en los 100 primeros días el Consejo de Ministros aprobará tres leyes: la Ley del Suelo, la Ley contra la okupación y la Ley de reforma de la propiedad horizontal’, ha afirmado. ‘100 días, tres proyectos legislativos’.

El diagnóstico se sostiene en tres cifras: el alquiler ha subido un 45%, la compra un 74% y la vivienda se ha encarecido un 31% por encima de lo que han crecido los salarios. ‘Revertir el fracaso en vivienda del Gobierno de Sánchez será el mejor éxito del próximo’, ha señalado. Y una precisión: el problema era el número 18 de la lista ciudadana y ha terminado por ser el primero del país, con la peor situación desde 1961.

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La primera de las normas, la Ley Antiokupas, fija un objetivo que el líder popular verbalizó sin ambages: ‘Y con nuestro Gobierno los okupas estarán fuera en 48 horas’. El punto de partida es una queja extendida entre propietarios, resumida con una imagen: una persona ocupa una casa y «con un papel de haber pedido una pizza ya nadie le puede sacar hasta dentro de varios años». Su fórmula: «toda la sensibilidad con el ciudadano que cumple y toda la firmeza con los jetas».

En el alquiler, el paquete se apoya en la fiscalidad. El PP concretará deducciones para inquilinos y propietarios que prorroguen sus contratos hasta tres años con subidas de la renta por debajo del IPC. ‘Esto va a ser un contrato, un contrato fiscal’, ha aseverado. Cuentas claras.

El PP no promete un decreto de emergencia, sino tres leyes y un contrato fiscal que ata a propietario e inquilino a la misma regla durante tres años.

Para los jóvenes la oferta es la más ambiciosa: avales del 100%, rebaja del 60% del IVA y del ITP y, entre los menores de 40 años que compren vivienda, «cero impuestos» con posibilidad de aplazar los pagos a Hacienda mientras dure la hipoteca. El ejemplo que maneja Feijóo: una casa de 250.000 euros adquirida tras cinco años trabajando se traduce en 25.000 euros de ahorro fiscal y 50.000 menos para firmar la hipoteca. A eso se suma la ‘Hucha Hogar Joven’, una cuenta vivienda con aportaciones deducibles.

La Ley del Suelo completa el trío. Buscará «poner a disposición todo el suelo disponible», la simplificación de trámites con silencio administrativo positivo a los 90 días con carácter general, menos impuestos y la incorporación de todo el sector de la construcción. El objetivo declarado: un millón de viviendas en la próxima legislatura y el plan de vivienda como punto central de la primera Conferencia de Presidentes, con la FEMP sentada a la mesa para implicar a los alcaldes.

Del Guadalquivir a los ayuntamientos: dónde aterriza el plan

Ley Antiokupas

Andalucía no es un escenario neutro. La Junta acumula años de simplificación administrativa en suelo y vivienda protegida y de colaboración con el sector privado, un modelo que Génova exhibe como banco de pruebas de su política autonómica de vivienda. Moreno ejerce de anfitrión y de aval.

El PP gobierna en 11 comunidades autónomas que suman alrededor del 60% del PIB y concentran competencias decisivas sobre el precio final: suelo, urbanismo, licencias, y vivienda protegida.

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El contraste con Moncloa es el eje del argumentario. Frente a la ley estatal de vivienda y su tope a las rentas, Feijóo opone deducciones, avales y desalojo exprés. También hubo dardo político: tras la dimisión de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, por las propiedades de su pareja, el líder popular calificó el planteamiento socialista de ‘toda una lección de hipocresía socialista’.

Y un marco de fondo que Génova quiere capitalizar: las protestas y la acampada de Sol de las últimas semanas. ‘El Partido Popular ofrece viviendas a los ciudadanos, la izquierda les tiene en la calle protestando’, ha resumido. Su compromiso: que quienes hoy protestan tengan una vivienda digna al final de la legislatura. El examen está puesto.

Todo el paquete se inscribe en el contrato con España de doce compromisos con el que Feijóo avala su palabra. ‘Si dentro de cuatro años vengo otra vez a estar aquí, al lado de la Torre del Oro, y no la he cumplido, no me voten ustedes’, ha llegado a decir. La piragua que tenía a su espalda le sirvió de metáfora: remar todos en la misma dirección. El plazo es el plazo.

El Eje del Poder Popular

Lo que observamos en Génova es una operación de doble dirección. Hacia fuera, la vivienda deja de ser un problema que se gestiona y pasa a ser una oferta de Gobierno con plazo, leyes y cifras. Hacia dentro, el anuncio obliga a la estructura: Miguel Tellado y el GPP del Congreso tendrán que convertir tres compromisos en tres textos legislativos, y los barones, alinear su capacidad normativa con el relato nacional sin renunciar a sus propios acentos. Ayuso ha hecho de la política fiscal propia una seña de identidad y conserva margen en tributos cedidos; Moreno aporta el banco de pruebas.

El resto de gobiernos autonómicos populares —Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Castilla y León, Galicia, Baleares, Extremadura, La Rioja y Cantabria— completan el mapa donde el plan debe aterrizar. Ahí está la ventaja competitiva del PP: no propone un experimento, sino la extensión de lo que ya aplica en sus territorios.

La memoria del partido juega a favor y en contra. La última gran liberalización del suelo en España lleva firma popular, la reforma de 1998, y entonces el PP rentabilizó el discurso de la propiedad como ascensor social. Ese es el precedente que Génova quiere repetir, con un añadido fiscal que la etapa de Aznar no tenía: deducciones atadas al IPC y avales públicos para entrar en el mercado.

El riesgo es de calendario y de aritmética. Ninguna de las tres leyes depende solo de la voluntad de Génova: hará falta mayoría en el Congreso, y ahí el PP necesita socios que no siempre comparten el discurso de la firmeza con la okupación. Si la legislatura no se despeja, el compromiso de los 100 días se queda en papel. Ahí queda el desafío.

🏛️ El Apunte de Génova

  • Mensaje fuerza: La vivienda, primer problema nacional, tiene solución de Gobierno: tres leyes, un contrato fiscal y un millón de casas.
  • Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular), arropado por Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía).
  • Próximo hito: Cierre del programa de vivienda y próxima cita de los presidentes autonómicos populares, aún sin fecha confirmada por Génova.