Compromís-Front Valencià se juega en las generales del 29 de noviembre algo más que escaños: una voz propia en el Congreso.
La coalición valencianista lleva años persiguiendo un grupo parlamentario propio en la Cámara Baja. Lo intentó en 2015 y en 2016 y se topó con la misma pared: la interpretación restrictiva del reglamento por parte de la Mesa del Congreso. Ahora concurren tres circunstancias que no se habían dado juntas. Una reforma normativa, un protocolo firmado con Podemos, Esquerra Unida y Esquerra Republicana del País Valencià, y un pacto al Senado que puede actuar de espejo.
Del 15% al umbral de cinco diputados: qué cambia el nuevo reglamento
El primer cambio es técnico y decisivo. Hasta ahora se exigía el 15% de los votos en las circunscripciones donde la formación se presentara o el 5% en el conjunto de España. El Reglamento del Congreso que entra en vigor en la próxima legislatura rebaja la puerta a cinco diputados y, además, «una media del 10 por 100 de los votos válidos emitidos en el conjunto de las circunscripciones en que hubieren obtenido representación o el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en el conjunto de la Nación».
Con esos números, el umbral resulta asumible. En 2023, la alianza con Sumar reportó a Compromís y sus socios un 15,2% de los votos en la Comunitat Valenciana, la última convocatoria de generales. En 2019, yendo por separado, Podemos-EU obtuvo el 13,5% y Compromís-Más País el 7%. Las cifras encajan. El escollo no es el porcentaje, sino la interpretación.
Porque el reglamento mantiene una prohibición que lo condiciona todo: «en ningún caso pueden constituir un Grupo Parlamentario separado los diputados que pertenezcan a un mismo partido». La pregunta es si la Mesa considera que Podemos, EUPV, ERPV y Compromís han competido entre sí. La competencia electoral entre Frente Amplio y Podemos en circunscripciones pequeñas —salvo Madrid o Cataluña, donde los morados concurren integrados en otras listas— podría jugar a favor o en contra, según los resultados.
El protocolo con Podemos, EU y ERPV y el precedente de 2016
El acuerdo entre las cuatro formaciones establece el compromiso de intentar formar grupo propio valenciano. Fija también que en el nombre constará la presencia de Compromís, a la que corresponderá la portavocía de manera paritaria. Y prevé el plan B: si la Mesa deniega la constitución, cada partido tendrá autonomía para su adscripción; en el caso de los valencianistas, será su Ejecutiva Nacional la que decida si se suman a otro grupo o se van al Mixto.
Compromís no pide un trato de favor: pide que la Mesa aplique el reglamento que el propio Congreso acaba de rebajar.
Los precedentes no invitan al optimismo. En 2015, con És el Moment, Podemos registró la candidatura y se intentó un grupo confederal en el que los valencianistas no quisieron entrar. En 2016, con A la valenciana y nueve diputados, la Mesa del Congreso rechazó la pretensión con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. El entonces portavoz de Compromís, Joan Baldoví, recurrió alegando que ningún diputado se había presentado por un partido, sino por una coalición con personalidad jurídica propia que la Junta Electoral Central había validado.
El tercer factor llega desde el Senado. El PSOE concurre en la Cámara Alta con otras siete formaciones de izquierdas. Resultaría extraño que, tras esa alianza, los socialistas rechazaran una similar en la Cámara Baja. La geometría del Senado anticipa la del Congreso.
El Escenario Valenciano
En Valencia, la operación tiene lectura inmediata. El Consell de Pérez Llorca, sostenido por el pacto entre PP y Vox, gobierna con mayoría mientras PSPV y Compromís comparten oposición en las Corts Valencianes, el parlamento autonómico de 99 escaños. Un grupo propio en Madrid daría a los valencianistas lo que hasta ahora han tenido a ratos: capacidad de fijar agenda sin el paraguas de Sumar. Eso reordena la izquierda valenciana de cara a las autonómicas. No es un detalle menor. El expresident de la Generalitat Carlos Mazón —dimitió el 3 de noviembre de 2025 por su gestión de la DANA y conserva su acta de diputado— sigue siendo figura central del proceso judicial de la catástrofe, un ruido de fondo que atraviesa cualquier debate territorial.
La dimensión nacional pesa igual. Para el PP, un grupo valencianista con voz propia altera la aritmética de una comunidad donde gobierna con Vox y donde cada escaño se disputa voto a voto. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, el pacto al Senado con Compromís y otras siete formaciones dibuja la geometría de la próxima legislatura antes de que se vote. Y en el Congreso el debate sobre el reglamento no es nuevo: en 2016 la Mesa ya cerró la puerta a A la valenciana con nueve diputados, un precedente que los valencianistas citan cada vez que el asunto vuelve a la palestra.
El calendario, en cambio, es claro. El 29 de noviembre se vota; después llega la constitución de la Cámara y la decisión de la Mesa, que no se conocerá hasta el recuento definitivo. Hasta entonces, todo depende de una firma, un registro y una interpretación. La pelota está en el tejado de la Mesa.
Ficha del Caso
- El caso: Compromís-Front Valencià aspira a un grupo parlamentario propio en el Congreso en las elecciones del 29 de noviembre, apoyándose en el reglamento reformado y en el protocolo con Podemos, EUPV y ERPV.
- Datos importantes: el nuevo umbral exige cinco diputados y una media del 10% en las circunscripciones con representación o el 3% estatal. En 2023, con Sumar, la alianza logró un 15,2% en la Comunitat Valenciana. En 2016, con nueve diputados, la Mesa rechazó el grupo de A la valenciana.
- Resumen: la decisión depende de si la Mesa del Congreso aprecia competencia electoral entre los cuatro socios. El pacto del PSOE con la izquierda al Senado añade presión política a la operación.
