La financiación de Ucrania por la UE afronta un agujero de 70.000 millones para 2027 que Bruselas no puede cubrir sola.
Bruselas ha decidido convertir las dos próximas citas diplomáticas del calendario en una ronda de recaudación. La cumbre UE-Canadá, prevista para los días 29 y 30 de octubre en Montreal, y la cumbre UE-Reino Unido, fijada para el 20 de noviembre, servirán al Ejecutivo comunitario para reclamar a Ottawa y a Londres un esfuerzo adicional, según cinco funcionarios europeos —dos de ellos de la Comisión— y dos diplomáticos consultados por Politico Europe.
El punto de partida es incómodo. La UE y sus Estados miembros aportan el 80% de la ayuda exterior que recibe Kiev, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que la semana pasada fue explícita: ‘Necesitamos con urgencia que otros socios den un paso al frente’.
Sobre la mesa hay un préstamo comunitario de 90.000 millones de euros para el bienio 2026-2027, diseñado para cubrir cerca de dos tercios de las necesidades ucranianas. Bruselas contaba con que Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia y Noruega pusieran otros 45.000 millones. En el trasfondo pesan tres factores: la intensificación de la ofensiva rusa, el encarecimiento derivado del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán y el giro de Washington hacia posiciones más próximas a Moscú.
De los 90.000 millones comprometidos a los 45.000 que no aparecen
La cifra que maneja el Ejecutivo comunitario no es una proyección de gabinete: es la resta entre lo prometido y lo desembolsado. Desde la invasión a gran escala, la UE y los Veintisiete han movilizado más de 231.000 millones de euros entre ayuda militar, apoyo presupuestario, garantías, acogida de refugiados y rendimientos de los activos rusos inmovilizados, tal y como recoge el expediente del Consejo sobre Ucrania. Un alto diplomático europeo describe ese esfuerzo como algo que va ‘por encima’ de lo exigible.
Los socios no han estado quietos, pero su ritmo es otro. El Reino Unido declara 25.000 millones de libras comprometidos; Canadá ha prometido el equivalente a 5.400 millones en asistencia militar y 8.200 millones en apoyo financiero directo. Japón ha aportado cerca de 20.000 millones de dólares, según fuentes conocedoras de la posición de Tokio, aunque Bruselas considera que va por detrás de lo que le corresponde en 2026. Australia sostiene que todavía no ha recibido una petición formal para 2027.
La UE no pide a sus aliados un gesto simbólico: les pide que cubran un tercio de la factura de una guerra que Europa ya no puede financiar sola.
El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ha llevado el asunto al Fondo Monetario Internacional. En las reuniones anuales celebradas este mes en Bangkok, el comisario reclamó ‘un reparto amplio de la carga’ y subrayó que cada socio debe hacer su parte. La necesidad ucraniana de 2027 se ha planteado también en el G7, en el G20 y ante el Consejo de Cooperación del Golfo.
Dos cumbres, dos monedas de cambio distintas
Montreal ofrece a Bruselas una palanca poco habitual. Von der Leyen propuso el mes pasado convertir a Canadá en el primer socio asociado de la UE, una categoría nueva en el Derecho comunitario. Ottawa participará además en SAFE, el programa europeo que financia compras conjuntas de defensa y que reserva acceso preferente a los contratos para las empresas canadienses. La cooperación industrial y de defensa puede convertirse en el hilo del que cuelgue la conversación sobre Kiev.
Londres juega con otras cartas. La cumbre del 20 de noviembre debe impulsar el reinicio que prometió el primer ministro Andy Burnham: movilidad juvenil, comercio agroalimentario, carbón, y emisiones. El Gobierno británico quiere que sus empresas cuenten como europeas bajo el futuro Industrial Accelerator Act, el reglamento que reserva preferencia en contratos públicos y ayudas a los bienes fabricados en Europa. Tres funcionarios británicos aseguran no haber recibido ninguna petición de vincular ese trato a un mayor apoyo a Ucrania.
Bruselas insiste en que no habrá condicionalidad explícita. ‘No vamos a hacer un Trump’, resume un alto diplomático, en referencia a la tentación de atar la buena disposición comercial a la aportación militar. La Comisión no ha concretado cuánto pedirá ni cómo se traducirá esa petición en los expedientes abiertos con Ottawa y con Londres.
El Eje del Poder Europeo
El movimiento revela una geometría que desborda las cumbres. Berlín y París, motores tradicionales de la ayuda a Kiev, afrontan un calendario electoral que condiciona cualquier compromiso nuevo: en Francia, Marine Le Pen ha prometido cerrar el grifo de la ayuda si llega al Elíseo en 2027; en Italia, Giorgia Meloni compite con el prorruso Roberto Vannacci en unos comicios previstos para el año que viene. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia— ya advirtieron durante los debates del MRR (el fondo de recuperación pospandemia) de que no aceptarán garantías ilimitadas sobre el préstamo ucraniano. Los del sur, con España e Italia a la cabeza, reclaman que la deuda común no compute contra el gasto nacional.
Para España el asunto tiene tres derivadas. La primera es presupuestaria: cada ampliación del préstamo a Ucrania se traduce en garantías del presupuesto comunitario que Moncloa debe respaldar en el Consejo, y el margen del Gobierno para negociar los Presupuestos de 2027 es estrecho. La segunda es industrial: SAFE abre contratos de compra conjunta en los que Indra, Navantia o Escribano compiten con la industria francesa y alemana, y el acceso preferente de Canadá puede recortar cuota a medio plazo. La tercera es diplomática: el reinicio con Londres toca pesca, movilidad y el contencioso de Gibraltar, donde el Ejecutivo de Sánchez necesita gestos británicos antes de poder exhibir contrapartidas.
Lo que observamos es un cambio de doctrina silencioso. La UE ha pasado de financiar a Ucrania con recursos propios y activos rusos inmovilizados a diseñar una suerte de fondo de aliados en el que cada capital aporta según su peso económico y su tolerancia política. El precedente más cercano es el verano de 2022, cuando los cálculos de Bruegel y del FMI ya advertían de que la promesa de reconstrucción superaría la capacidad del presupuesto comunitario sin un reparto explícito de cargas. Cuatro años después, esa advertencia se ha convertido en un agujero contable de 70.000 millones de euros.
El riesgo inmediato es de calendario. Si Montreal y Londres cierran sin compromisos concretos, el debate se trasladará al Consejo Europeo de diciembre, donde la unanimidad en política exterior —la regla que permite a Budapest bloquear cualquier paquete— volverá a ser el cuello de botella. A medio plazo la pregunta es otra: si la financiación de Kiev depende de la estabilidad política de París y de Roma, el modelo europeo de apoyo a Ucrania adquiere una fragilidad estructural que ninguna cumbre bilateral puede compensar. La próxima prueba de fuego llega en apenas nueve días, en Montreal.
