EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El PPE, primer grupo de la Eurocámara, fuerza esta semana el voto para retrasar tres años las normas de metano, y nueve delegaciones nacionales —entre ellas la española— firman una enmienda para derogar el ETS2.
- ¿Quién está detrás? El grupo conservador europeo, la presión de la industria fósil y del Gobierno de Estados Unidos, y Estados como Italia y Polonia, que reclamaron el aplazamiento del precio al carbono en el último Consejo Europeo.
- ¿Qué impacto tiene? El ETS2 encarecerá gasóleo, gasolina y gas desde 2028 y toca de lleno al transporte por carretera y a la calefacción de los hogares españoles. Bruselas ofrece un año de margen; el PPE quiere tres.
El PPE quiere tres años más para las normas de metano y nueve delegaciones piden ya borrar el ETS2. La ofensiva del primer grupo de la Eurocámara contra las leyes climáticas deja de ser una amenaza difusa: esta semana se convierte en enmiendas, en votos y en un pulso abierto por el calendario del Pacto Verde.
La secuencia es rápida. El martes, los eurodiputados votaron acelerar la tramitación del retraso de un año que propuso la Comisión Europea para las obligaciones de metano, un paquete que debía aplicarse desde el 1 de enero de 2027 y que obliga a los importadores de petróleo y gas a medir, declarar y, más adelante, reducir sus emisiones. El jueves llega el voto de fondo. Y el PPE no piensa conformarse con el año que Bruselas pone sobre la mesa.
El metano abre fuego: un año de Bruselas, tres del PPE
La propuesta del Ejecutivo comunitario llegó después de meses de lobby de la industria y de varios Estados miembros que alegaban falta de claridad sobre cómo cumplir. También la diplomacia estadounidense presionó para mover la fecha. Con ese precedente, los conservadores han decidido ir más lejos: en la votación del jueves defenderán un aplazamiento de tres años y ajustes adicionales al texto.
El argumento que exhibe el PPE es de seguridad de suministro. No podemos permitirnos poner nuestras fuentes de energía en mayor riesgo’, dijo el eurodiputado Dimitris Tsiodras durante el debate, recogiendo la tesis de que los requisitos de cumplimiento pueden espantar cargamentos que hoy llegan a Europa. Es una preocupación real en un continente que importa la mayor parte del gas que consume, pero también es el envoltorio de una operación política más amplia.
La aritmética parlamentaria ayuda. Socialistas y Demócratas rechazaron ampliar el aplazamiento a principios de mes, aunque un portavoz del grupo admitió que aún no han fijado posición formal en la negociación. Los Verdes han anunciado una enmienda para tumbar el retraso entero —la eurodiputada Jutta Paulus, que pilotó el texto en 2024, lo confirmó el martes—. Si el PPE no encuentra acomodo con el centroizquierda, tiene a mano una mayoría alternativa con la derecha radical y la ultraderecha. Dos fuentes conocedoras lo sitúan ya explorando ese acuerdo.
Del ETS de 2005 al recibo del gasóleo: qué es realmente el ETS2
Conviene separar los dos frentes. El ETS es el mercado de derechos de emisión que funciona desde 2005: cada planta eléctrica y cada fábrica de acero, química o cemento compra permisos por cada tonelada de CO₂ que emite, y el número total de permisos baja cada año hasta cero. El ETS2 traslada la misma lógica a los distribuidores de combustible para transporte y calefacción a partir de 2028. No grava directamente al conductor: grava al que pone el combustible en el mercado, que traslada el coste. El alcance no es menor — cubre en torno al 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE.
Si el PPE logra borrar el ETS2, el carbono no llegará al tubo de escape ni a la caldera: descarbonizaremos la contabilidad, no la economía.
La enmienda que respalda la delegación española del PPE, el Partido Popular, junto a las de Polonia, Italia, Francia, Rumanía, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, y Estonia, no pide modular nada: pide suprimir. El texto que patrocina el polaco Adam Jarubas lo dice sin circunloquios —’ETS2 should be deleted’, borrar el ETS2—. La segunda enmienda, con diez delegaciones detrás, plantea la variante suave: dejarlo en suspenso hasta 2031. En la práctica, ambas empujan en la misma dirección, porque la reforma del ETS original y el ETS2 viajan en el mismo reglamento: enmendar uno es enmendar el otro, y eso simplifica enormemente la operación.
Para España el aterrizaje es muy concreto. El transporte profesional por carretera es uno de los sectores más expuestos y el gasóleo es su combustible casi único; millones de hogares se calientan con caldera de gas. El Fondo Social para el Clima está diseñado precisamente para amortiguar ese golpe en los hogares vulnerables, pero su despliegue depende de que el calendario no se mueva. Si el ETS2 se retrasa, la compensación llega antes que el coste. Si se deroga, España pierde la palanca que, junto a un mix eléctrico ya muy descarbonizado, debía abaratar relativamente su factura frente a los vecinos del norte y del este.
Y hay un segundo plano, más doméstico. Lo que observamos es un clásico juego de dos niveles: el PP firma en Bruselas la derogación de un precio al carbono que en Madrid le sirve para atacar cualquier encarecimiento del carburante o de la calefacción. Moncloa, mientras tanto, no aparece entre los Estados que la semana pasada reclamaron en la cumbre de líderes retrasar el nuevo precio —ahí estuvieron Italia y Polonia—, pero tampoco ha movido un dedo público para blindarlo. Esa ambigüedad es deliberada: nadie quiere la foto defendiendo un impuesto al gasóleo a las puertas de un ciclo electoral.
El Eje del Poder Europeo
La foto del Consejo explica mejor que cualquier comunicado por dónde va el pulso. Italia y Polonia pidieron la semana pasada a los líderes retrasar el precio al carbono. Francia, según dos diplomáticos, respalda el año de margen que propone Bruselas. Polonia, Eslovaquia y Chequia quieren tres años. Y Alemania, el actor que suele desatascar estas broncas, llega partida: su ministerio de Medio Ambiente —en manos socialistas— y su ministerio de Energía —controlado por el centro-derecha— no han cerrado una posición común, y varias capitales esperan a ver por dónde respira Berlín antes de moverse. Cuando el motor franco-alemán funciona a medio gas, las coaliciones de bloqueo se multiplican.
Hay precedente y no es cómodo. En 2018, el alza del impuesto al carbono sobre el diésel en Francia encendió a los chalecos amarillos y obligó a París a recular en semanas. En 2022, España y Portugal arrancaron a Bruselas la llamada excepción ibérica para topar el precio del gas y contener la factura eléctrica. La lección es que en Europa el coste energético se negocia con fuerza política, no con álgebra climática. El ETS2 es exactamente ese terreno: un instrumento técnico que se convierte en política de masas en cuanto entra en el recibo.
La lectura a cinco años es incómoda para el proyecto europeo. El PPE ha entendido que la próxima Comisión no se juega en el Pacto Verde sino en la factura de la luz, y está dispuesto a demoler el instrumento antes de admitir que necesita reformarlo. Al otro lado, los Verdes y parte de la izquierda defienden un calendario que, si se queda sin apoyos nacionales, se convierte en papel mojado. Entre ambos, la Comisión de Ursula von der Leyen, ya apuntada al relato de la simplificación, corre el riesgo de administrar el desmantelamiento de lo que aprobó hace tres años.
Quedan fechas sobre la mesa. El voto del jueves en la Eurocámara —que puede cerrar el aplazamiento del metano o abrir la puerta a tres años— y, después, la negociación a tres bandas con el Consejo, donde la mayoría cualificada exige algo más que una suma de disgustos. La próxima cumbre del Consejo Europeo y la tanda de elecciones nacionales que desembarcará antes de 2028 serán el termómetro real. Un dato no se mueve: hasta que el reglamento no se modifique en el Diario Oficial, el ETS2 sigue vivo y 2028, en teoría, sigue en pie.
