El recurso contra las zonas tensionadas ya tiene destino: el Tribunal Supremo, y con él se esfuman 180 millones para Madrid. El Gobierno autonómico anunció su intención de impugnar el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el martes 20 de octubre, la norma que reparte ese fondo entre las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Madrid no está en esa lista y, por tanto, se queda sin dotación.
Hay un requisito en el texto que la Comunidad considera inaceptable: solo cobra quien ha aplicado la contención de precios en su territorio. De los 180 millones de euros previstos, a la región le corresponden cero. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que ese criterio convierte una ayuda estatal en un premio a una decisión política concreta.
Por qué Madrid se queda fuera de los 180 millones
La declaración de zona tensionada es una facultad que la ley estatal de vivienda de 2023 dejó en manos de las comunidades autónomas. Madrid nunca la ha ejercido. Ni en la capital ni en ningún municipio de la región se aplica el índice de referencia de precios que acompaña a esa declaración, de modo que el alquiler funciona aquí sin tope alguno.
Ese punto de partida explica la queja del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El decreto, dijo, condiciona el acceso a fondos públicos a la adopción de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad. Y añadió que el Ejecutivo regional defenderá ante los tribunales que los madrileños reciban un trato equitativo y que los recursos se distribuyan sin discriminación por las políticas de vivienda que elija cada territorio.
El pulso competencial que hay detrás del recurso
No es la primera vez que la Comunidad lleva la política estatal de vivienda a los tribunales. En 2023 ya anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que ahora sirve de base al reparto. Aquel movimiento tenía el mismo eje: la región entiende que la norma estatal invade competencias autonómicas y que el Estado usa la financiación como palanca para homogeneizar políticas que no le corresponden.
La diferencia es que ahora el litigio se dirime en la Sala Tercera, la de lo contencioso-administrativo, y contra un real decreto concreto, no contra una ley. El tribunal no decidirá si los topes al alquiler son buenos o malos, sino si el Ejecutivo central puede exigir la declaración de zona tensionada como condición para recibir dinero. El funcionamiento de la sala puede consultarse en la web del Poder Judicial.
Un recurso que tardará años en resolverse no cambia el recibo del alquiler este mes, y ese es el plazo que conoce el inquilino.
Mientras se resuelve, el efecto práctico para los madrileños se resume en una línea: cero euros del fondo y ningún cambio en el precio del alquiler. Quien busque piso en la capital seguirá negociando en un mercado libre, sin índice de referencia y sin límite legal a la subida anual.
Un pulso judicial que no resolverá el problema del alquiler
En esta redacción entendemos que el recurso es legítimo en la forma y débil en el fondo. Legítimo porque una comunidad puede discutir ante el Supremo el diseño de un reparto que considera discriminatorio. Débil porque la vía judicial no produce ni una sola vivienda asequible y, en el mejor escenario para Madrid, tumbaría un fondo que beneficia a otras comunidades sin que la región recupere nada. Los contenciosos contra normas estatales se cuentan por años.
El precedente más cercano está en Cataluña y el País Vasco, que sí declararon zonas tensionadas y aplican topes. La comparación sirve hasta cierto punto: allí el parque de alquiler y el mercado laboral se comportan de otra manera. Pero deja una pregunta incómoda sobre la mesa. Si la contención de precios fuera tan ineficaz como sostiene el Ejecutivo autonómico, el fondo se agotaría solo, sin necesidad de abogados.
Por la vía propia, la Comunidad ha movido otras fichas: el Plan Vive, la liberalización de suelo, y los avales para jóvenes. Nada de eso toca el alquiler que ya existe, que es justo donde aprieta el problema. La política de vivienda del Gobierno regional está detallada en el portal de la Comunidad de Madrid.
El calendario manda. El plazo para impugnar un real decreto ante la Sala Tercera es de dos meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que sitúa el límite en torno a la tercera semana de diciembre. Para entonces sabremos si el anuncio se convierte en un escrito con todas las consecuencias. Los madrileños, mientras, seguirán mirando portales de anuncios con los precios de siempre.
