Los policías han denunciado a través del sindicato Jupol «la grave falta de previsión y de planificación policial que, una vez más, ha quedado en evidencia en Madrid durante los incidentes registrados en distintos actos públicos de la Comunidad de Madrid, con manifestantes que llegaron a presionar a cargos del Ejecutivo autonómico y obligaron a modificar los dispositivos de seguridad previstos».
Según los hechos conocidos durante el día 19 de octubre, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, tuvo que suspender su asistencia a un acto ese día ante la imposibilidad de garantizar su seguridad, mientras que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, permaneció durante más de media hora en el Palacio de Santoña, en la céntrica calle Huertas de Madrid, a la espera de refuerzos policiales, después de que varios manifestantes llegaran hasta las inmediaciones del edificio.
La peligrosidad de la situación obligó a intervenir inicialmente a efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y, posteriormente, a desplazar agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se encontraban prestando servicio en otro dispositivo, tratando de reestablecer el orden público ante una manifestación no comunicada y por tanto ilegal.
Para Jupol, «estos hechos vuelven a poner de manifiesto las consecuencias de una gestión deficiente y negligente de la seguridad ciudadana y del orden público por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, encabezada por Francisco Martín. La Policía Nacional no puede verse obligada a improvisar ante situaciones previsibles por la falta de información, de planificación y de instrucciones operativas claras».
El sindicato recuerda que ya denunció esta problemática, que es recurrente, y advirtió de las consecuencias de «dejar de trasladar a los responsables policiales la información necesaria y de no facilitar instrucciones operativas precisas sobre manifestaciones, concentraciones y cualquier otro dispositivo que pueda afectar al orden público. La falta de coordinación y previsión impide dimensionar adecuadamente los recursos humanos necesarios y obliga a los agentes a reaccionar cuando la situación ya se ha deteriorado», añaden.
Policías sin organización
Jupol considera especialmente grave que los efectivos policiales tengan que reorganizar sus servicios sobre la marcha, detrayendo unidades de otros dispositivos para responder a incidentes que requieren una planificación previa. Esta dinámica compromete la capacidad de respuesta policial, incrementa la presión sobre los agentes y puede poner en riesgo tanto su integridad física como la seguridad de las personas a las que deben proteger.
Estos nuevos acontecimientos se producen, además, pocos días después de la actuación policial en la Universidad Complutense de Madrid, tras la cual Francisco Martín cuestionó públicamente la intervención de los agentes, a los que acusó de desproporcionalidad. Jupol ya reclamó entonces su dimisión por lo que considera una actitud de desautorización de la Policía Nacional y una gestión política inaceptable de situaciones complejas de orden público.
«Francisco Martín no puede cuestionar públicamente a los policías cuando intervienen y, al mismo tiempo, privarles de la información y de las instrucciones necesarias para trabajar con garantías. La seguridad no puede depender de decisiones políticas ni de improvisaciones de última hora», señala el sindicato.
Por todo ello, Jupol reitera su exigencia de dimisión de Francisco Martín y reclama que la seguridad ciudadana y la protección de los agentes y de los cargos públicos estén por encima de cualquier interés partidista. Además, exige que «las delegaciones del Gobierno vuelvan a informar y den las instrucciones operativas sobre cualquier tipo de manifestación comunicada o evento que afecte al orden público. La Policía Nacional necesita planificación, recursos e instrucciones claras, no decisiones que la obliguen a trabajar a ciegas y a intervenir cuando el riesgo ya es evidente».
