Pradales recibe a ELA y LAB para abordar el SMI vasco y la presión a Confebask

Los sindicatos piden al lehendakari que condicione las subvenciones de la patronal si no acepta negociar la cuantía. En la cita participan el consejero Mikel Torres y los líderes Garbiñe Aranburu y Mitxel Lakuntza.

El lehendakari Imanol Pradales recibe este miércoles a ELA y LAB para abordar la creación de un SMI vasco de 1.500 euros.

La cita está fijada para las 10:00 horas en la sede de Lehendakaritza. Junto al lehendakari estarán el consejero de Empleo, Trabajo y Economía, Mikel Torres, y los máximos responsables de las dos centrales convocantes: Garbiñe Aranburu por ELA y Mitxel Lakuntza por LAB. En la convocatoria difundida hasta la fecha no figura representación de la patronal vasca.

Qué piden ELA y LAB al Ejecutivo de Pradales

Las dos centrales acuden a la reunión con una petición central: que el Gobierno Vasco establezca por ley un salario mínimo interprofesional propio de 1.500 euros en la comunidad autónoma. En su argumentario, reclaman al lehendakari que ‘asuma el liderazgo que le corresponde’ y que ‘se enfrente’ a la patronal en favor de esa cuantía.

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El segundo eje es la presión sobre Confebask. ELA y LAB piden que el Ejecutivo condicione las subvenciones públicas que recibe la organización empresarial a que esta acepte sentarse a negociar el salario mínimo. Su versión es que la patronal ‘ha cerrado en tres ocasiones la puerta a la negociación sobre el SMI’. No consta una valoración pública de la asociación empresarial sobre el contenido de la reunión.

La consejería de Empleo, Trabajo y Economía, que el PSE-EE dirige dentro del Ejecutivo de coalición, gestiona las ayudas a las que aluden las centrales. Condicionar su concesión exigiría revisar las bases de cada convocatoria, que se publican en el BOPV.

La ILP con 145.000 firmas y la huelga del 17 de marzo

Ambas centrales recuerdan que el Parlamento Vasco ‘prohibió la tramitación y el debate’ de la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre el salario mínimo propio, que había reunido 145.000 firmas. Según la versión sindical, la Cámara actuó ‘impulsada por el Gobierno Vasco y el PSE-EE, que dirige el departamento de Trabajo’.

La cuantía mínima se fija hoy para todo el Estado por real decreto, mientras las centrales vascas reclaman 1.500 euros solo para Euskadi.

Con la ILP bloqueada, las centrales sitúan la negociación con la patronal y el Gobierno como la vía viable a corto plazo. A ese precedente se añade la huelga que ambas organizaciones llevaron a cabo el 17 de marzo de este año en favor de un salario mínimo propio, una jornada que los convocantes calificaron de ‘exitosa’.

Quién fija el salario mínimo y qué margen tiene Euskadi

La cuantía del SMI se aprueba cada año por real decreto del Gobierno central, previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, y se aplica de forma uniforme en todo el Estado. El Estatuto de Gernika atribuye a la comunidad autónoma la ejecución de la legislación laboral estatal, no la competencia para fijar el salario mínimo. Ese reparto está detrás del debate sobre el encaje de la propuesta sindical.

En el ámbito estatal, la cifra se negocia en el marco del diálogo social entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, un formato que en Euskadi no existe para fijar una cuantía propia. El portal del Gobierno Vasco recoge los programas de ayudas que gestiona el departamento de Empleo, el instrumento al que apuntan las centrales en su presión sobre la patronal vasca.

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El Gobierno Vasco no ha anunciado por ahora una ronda con Confebask después de la cita con los sindicatos. La secuencia que reclaman Aranburu y Lakuntza pasa por sentar a la patronal en una mesa con presencia del Ejecutivo y, en caso de bloqueo, por el condicionamiento de las ayudas que gestiona el departamento de Torres.

La reunión de este miércoles en Lehendakaritza no tiene un resultado cerrado ni comparecencia posterior anunciada. Queda por ver si el encuentro se traduce en un calendario de negociación con la patronal o en una propuesta normativa del Ejecutivo. Sobre la mesa siguen los 1.500 euros, las 145.000 firmas de la ILP y la negativa de Confebask que los sindicatos le atribuyen.