La pugna por la mayoría absoluta del Senado el 29N ya no es aritmética: es la llave institucional de la próxima legislatura. PSOE, Frente Amplio y otras fuerzas de izquierda concurren unidos en 47 circunscripciones, mientras el PP y Vox tantean su propio acuerdo para conservar el control de la Cámara de representación territorial.
El mapa no es casual. En cada provincia peninsular se eligen cuatro senadores y cada votante marca tres nombres, un sistema mayoritario que premia a la lista más votada y castiga cualquier dispersión. De ahí que la izquierda haya cerrado una candidatura común en 47 circunscripciones: la unidad vale escaños, y en la Cámara Alta un puñado de actas decide quién preside la institución y quién fija el calendario.
Qué se juega de verdad el 29N en la Cámara Alta
Sobre el papel, el Senado no elige al presidente del Gobierno y no tiene la última palabra sobre las leyes: sus enmiendas y sus vetos pueden ser levantados por el Congreso, que decide en última instancia. Su peso político siempre fue relativo, por tanto. En la práctica, la Cámara Alta designa a cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional, participa en el nombramiento de vocales del CGPJ, del Tribunal de Cuentas y de los consejos de administración de los entes públicos, y su composición condiciona la velocidad de toda la maquinaria institucional.
Ese es el punto que ambos bloques han interiorizado de golpe. La mayoría absoluta del PP en la legislatura que ahora termina convirtió el Senado en un contrapeso permanente al Gobierno: comisiones de investigación, comparecencias encadenadas, vetos, y una dilatación calculada de normas como la amnistía o de la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden a la Cámara Alta. Según la lectura que hace el bloque socialista, ese uso del reglamento no fue control parlamentario, sino obstrucción con sello institucional.
Del contrapeso al bloqueo: el 155 y el ritmo legislativo
El artículo 155 de la Constitución es el ejemplo más nítido del poder real del Senado. El Gobierno no puede aplicar medidas al amparo de ese precepto sin presentar antes un proyecto a la Cámara Alta, que debe debatirlo y aprobarlo por mayoría absoluta. Ocurrió con Cataluña en 2017 y el mecanismo sigue intacto: el texto constitucional no deja margen interpretativo en ese punto.
Hubo otro resorte decisivo: el techo de gasto. Durante años, el Senado pudo tumbar la senda de estabilidad y obligar al Gobierno a rehacer el cuadro macroeconómico entero. El Ministerio de Hacienda ha eliminado esta legislatura esa capacidad de veto, una reforma que desde Ferraz se lee como un paso hacia la normalización del procedimiento presupuestario y que la oposición interpretó, de inmediato, como un recorte del control parlamentario. Dos lecturas del mismo cambio legal.
Quien controla el Senado no gobierna, pero decide cuánto tarda en gobernar el adversario y a qué precio institucional.
El saldo de estos años ha sido, además, un goteo de conflictos entre Cámaras poco habituales en la historia reciente. El Congreso aprobaba, el Senado dilataba, el Congreso reafirmaba. Un bucle que desgasta la percepción pública de las instituciones. La aritmética manda.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz la consigna es claridad: el Senado no puede ser el freno de los órganos constitucionales. La dirección federal defiende que la candidatura común con Frente Amplio y el resto de fuerzas de izquierda no responde a un cálculo de corto plazo, sino a la necesidad de desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y de garantizar que la agenda social de la legislatura no muera en la Cámara Alta. En paralelo, los barones territoriales —con Emiliano García-Page y Adrián Barbón entre los más activos— subrayan que la Cámara es también la del despliegue autonómico: sin senadores propios, la financiación, la vivienda y la dependencia se negocian con menos fuerza.
El flanco territorial es, de hecho, el más delicado. Los parlamentos autonómicos designan a los senadores que completan la Cámara, y ese reparto depende de las mayorías de cada comunidad. Cataluña, Castilla-La Mancha, Asturias o Navarra pesan ahí tanto como las urnas del 29N. En el PSOE se insiste en que la lectura autonómica del resultado será tan importante como el cómputo nacional, y se recuerda que la Cámara Alta nació precisamente para eso: representar al territorio, no para bloquear al Ejecutivo.
La oposición tiene su propia aritmética. El PP y Vox negocian una alianza que evite fugas de voto en las provincias donde el reparto es más ajustado, y en Génova se presenta el Senado como dique de contención frente a lo que llaman deriva institucional. El argumento tiene un problema de coherencia: quien denuncia el uso partidista de las instituciones tendría que explicar por qué convirtió la Cámara en oficina de obstrucción durante cuatro años. Hay una diferencia entre controlar y paralizar, y estos años han servido para comprobarla.
Lo que se dirime el 29N, en fin, no es solo quién preside el Senado. Es si la renovación de los órganos constitucionales sigue siendo rehén del calendario electoral o si, por el contrario, la próxima legislatura arranca con las instituciones completas. La respuesta se conocerá la noche del 29 de noviembre y se confirmará semanas después, cuando los parlamentos autonómicos designen a sus senadores y la Cámara se constituya. Ahí se verá si la llave gira.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El Senado no puede ser el freno de los órganos constitucionales ni de la agenda social.
- Protagonista: Pedro Sánchez (secretario general del PSOE y presidente del Gobierno).
- Próximo hito: Noche electoral del 29N y constitución de la Cámara Alta, con la renovación del TC como primer examen.
