El Consell d’Informatius de À Punt denuncia «campañas diarias a favor del PP» en los programas que la cadena externaliza.
El órgano de representación de la plantilla —creado por ley para canalizar la voz de los trabajadores ante la Corporació— ha hecho público un comunicado en el que sostiene que la dirección «utiliza la producción externa en radio y TV para convertirnos en un medio de extrema derecha». La acusación no es menor: habla de «manipulación vulgar e insultos» que arruinan la reputación del ente público.
La clave está en la frontera del control. Buena parte de la parrilla de À Punt, tanto en televisión como en radio, está en manos de productoras privadas, espacios que escapan al Consell d’Informatius, cuyas competencias se limitan a la programación informativa. Lo que ocurre fuera de ese perímetro, dicen los trabajadores, no pasa por ningún filtro interno.
En esos espacios, señalan, abundan los colaboradores de derechas, incluidos asesores y exasesores de PP y Vox. El resultado, según el comunicado, son ataques explícitos contra Pedro Sánchez y elogios sistemáticos a la gestión de la Generalitat Valenciana. Los trabajadores adjuntan vídeos como ejemplo. La pseudoinformación, advierten, ya no es un accidente de parrilla: forma parte del diseño.
El escrito señala algo más incómodo para la empresa: que esos programas sirven para «dejar el trabajo más sucio» y que a menudo se obliga al personal de la casa a trabajar en ellos. «Lo hacen en esos espacios, precisamente, porque el personal de Informativos no lo permitiría», concluye el órgano de la plantilla.
Cuando la propaganda se subcontrata, la responsabilidad no se externaliza: sigue teniendo nombre, despacho y presupuesto público.
La Unió de Periodistes Valencians ha respaldado la queja. «Compartimos la preocupación de los profesionales de À Punt por la deriva ultra del programa Està Passant», el magazín de televisión que más críticas acumula, junto a Matí Directe en la radio. El colectivo recuerda que ya trasladó su advertencia a la presidencia de la Corporació.
De Canal 9 a À Punt: el fantasma que la profesión no quiere repetir
La comparación con la antigua Radiotelevisió Valenciana no es retórica. Canal 9, cerrada en noviembre de 2013, después de 24 años de emisión, se convirtió en el manual español de cómo una televisión pública puede ponerse al servicio del Gobierno de turno. Su deuda superaba los 1.000 millones de euros. À Punt nació en 2018 con la Llei 6/2016 como intento de hacer las cosas de otra manera: un ente con consejo rector, consejo de administración y un órgano de participación de la plantilla.
Ese diseño es justo el que ahora se pone a prueba. El Consell d’Informatius no puede intervenir en la parrilla externalizada, pero sí puede documentar lo que ve en ella, y eso es lo que ha hecho. La pregunta de fondo afecta a toda la radiotelevisión pública del país: si el control interno se detiene donde empieza el contrato privado, la rendición de cuentas tiene un agujero del tamaño de media programación.
Hay un detalle que incomoda especialmente a la plantilla: la sospecha de que la externalización funciona como escudo. Los informativos, con personal propio y sujeto a criterios profesionales, no admitirían según qué contenidos. Los programas de productora, sí. Esa asimetría explica por qué el conflicto no es solo de línea editorial, sino de arquitectura: quién decide qué se emite y quién responde cuando se emite.
El Escenario Valenciano
La polémica aterriza en un Consell presidido por Juanfran Pérez Llorca, con el pacto PP–Vox consolidado desde diciembre de 2025, y en una comisión de control parlamentario de las Corts Valencianes donde las preguntas sobre el ente público son recurrentes. La oposición de PSPV y Compromís tiene en la radiotelevisión un frente abierto desde el arranque de la legislatura, y la denuncia de la propia plantilla le entrega un documento con nombres y cargos. El PP valenciano ya gobernó Canal 9 y ya pagó el precio político de aquella sombra; que la comparación regrese por escrito, y desde dentro, no es un buen titular para el Consell.
La dimensión nacional también cuenta. Los ataques a Pedro Sánchez emitidos desde una radiotelevisión autonómica financiada con dinero público alimentan el debate que el Gobierno central abrió con su plan de regeneración democrática, presentado en 2024 y leído entonces por el PP como un ataque a la libertad de prensa. Con el foco puesto en RTVE, las cadenas autonómicas quedaron en segundo plano. Este caso las devuelve al centro.
La proyección inmediata pasa por el próximo pleno de las Corts, por la renovación de los contratos con las productoras externas y por la respuesta de la presidencia de la Corporació a la Unió de Periodistes. Nada de eso resolverá el fondo, pero cada paso dejará rastro documental. Y la credibilidad de la radiotelevisión pública, en una legislatura que aún arrastra la factura de la DANA, es un activo: no un adorno.
Ficha del Caso
- El caso: El órgano de representación de la plantilla de À Punt denuncia que la producción externalizada se usa para emitir propaganda a favor del PP y contenidos de pseudoinformación fuera del control interno.
- Datos importantes: À Punt nació en 2018 con la Llei 6/2016; el Consell d’Informatius solo alcanza a la programación informativa; Canal 9 cerró en 2013 con una deuda superior a los 1.000 millones. La Unió de Periodistes Valencians respalda la queja y señala a Està Passant y Matí Directe.
- Resumen: El conflicto revela un agujero de control en la radiotelevisión pública valenciana y devuelve al centro del debate la sombra del modelo Canal 9, con lectura autonómica y estatal.
