Aragón activa un protocolo común en colegios e institutos contra las cuentas anónimas que acosan a alumnos y profesores

Las instrucciones, remitidas este jueves 22 de octubre, fijan un procedimiento idéntico para los centros de Huesca, Teruel y Zaragoza. La respuesta incluye la petición de retirada de los perfiles a TikTok e Instagram y el traslado a la Policía o la Guardia Civil.

EN 30 SEGUNDOS

  • ¿Qué ha pasado? El Departamento de Educación de Aragón ha remitido este jueves a todos los colegios e institutos unas instrucciones comunes para actuar contra las cuentas anónimas que ridiculizan o acosan a alumnos y profesores.
  • ¿Quién está detrás? El Gobierno de Aragón, a través de la Secretaría General Técnica y la Inspección de Educación de Huesca, Teruel y Zaragoza, con la colaboración posterior de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las plataformas digitales.
  • ¿Qué impacto tiene? Los centros dejan de improvisar: recogida restringida de pruebas, aviso urgente a Inspección, traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y petición formal de retirada de los perfiles.

Las cuentas curis en Aragón ya tienen respuesta común: Educación remite este jueves las instrucciones a todos los centros.

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón ha enviado a colegios e institutos un procedimiento único para cuando una cuenta, un perfil o una publicación en redes sociales ridiculice, humille o acose a alumnos y profesores. La medida llega después de detectar en las últimas semanas la proliferación de las conocidas como curis y de otros perfiles similares, difundidos sobre todo a través de TikTok e Instagram.

No es un fenómeno nacido esta semana. Lo nuevo es la velocidad. Estas cuentas, casi siempre anónimas, toman imágenes, nombres o referencias a centros educativos concretos para publicar contenidos vejatorios contra estudiantes, docentes y otros miembros de la comunidad escolar. El Ejecutivo autonómico ha anunciado que adoptará todas las medidas que permita la legislación vigente y ha pedido a las familias que denuncien cualquier vulneración de los derechos de sus hijos. La respuesta ya no se limita al colegio.

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Qué debe hacer un centro desde el primer minuto

La primera instrucción es de manual: la dirección del centro deberá recopilar y custodiar las pruebas de forma restringida. Podrán incluirse nombres de usuario, enlaces, capturas de pantalla, fechas de publicación y el perfil desde el que se difundieron los contenidos, evitando en todo momento contribuir a su propagación. Documentar sin amplificar, ese es el criterio.

Una vez documentados los hechos, el centro deberá comunicar la situación de forma urgente al Departamento de Educación y a la Inspección Educativa correspondiente, la de Huesca, Teruel o Zaragoza. Después, las actuaciones se trasladan a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, mientras que las familias son informadas de su derecho a presentar una denuncia individual.

Un protocolo no borra una cuenta anónima, pero evita que cada centro improvise cuando el daño ya está hecho.

Los centros también deberán denunciar directamente las cuentas ante las propias plataformas digitales, entre ellas TikTok e Instagram, y solicitar su retirada cuando exista acoso, hostigamiento o vulneración de la privacidad. La respuesta, así, no se queda en el ámbito escolar ni en el policial: llega también al terreno donde se difunden los contenidos.

Plataformas, familias y el límite de lo que puede hacer un instituto

El protocolo contempla además una comunicación individualizada y confidencial con las familias de de los menores afectados, y la puesta en marcha inmediata de las medidas de acompañamiento y protección necesarias para preservar su integridad física y psicológica. Ahí no hay margen para la improvisación: la prioridad es el menor, no el expediente.

Cuando proceda, los centros podrán valorar la presentación de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el organismo estatal que vela por el tratamiento de datos personales. Y aquí aparece el primer límite real: un instituto puede documentar, avisar y denunciar, pero no identificar por sí solo al titular de una cuenta anónima.

La pelota queda en manos de la investigación policial y de la capacidad de reacción de las plataformas, cuyos tiempos no controla la Administración aragonesa. Un perfil tumbado puede reaparecer con otro nombre dos días después. Nadie firma ese final.

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El Pulso Territorial

En Aragón gobierna el PP en minoría desde que Vox salió de los ejecutivos autonómicos en julio de 2024, y Jorge Azcón preside un Gobierno que necesita apoyos puntuales en las Cortes de Aragón, el parlamento autonómico de 67 escaños. El calendario no es lejano: las próximas elecciones autonómicas están fijadas para mayo de 2027. En ese mapa, la consejería ha colocado el protocolo como una cuestión de gestión y no de confrontación, con un objetivo declarado, dar respaldo a los equipos directivos.

La dimensión regional también pesa. Aragón tiene 1,3 millones de habitantes repartidos en más de 700 municipios, con centros pequeños y claustros que se conocen de memoria; hasta ahora, cada dirección resolvía estos episodios como podía y con criterios distintos según la provincia. El texto unifica esa respuesta. Lo que viene después no depende solo de la consejería: depende de que las familias denuncien, de que la Inspección tenga capacidad para seguir cada caso y de que TikTok e Instagram retiren los perfiles en un plazo razonable. Ahí está la incertidumbre.

Ficha Autonómica

  • El caso: Aragón ha unificado en un solo protocolo la respuesta de colegios e institutos frente a las cuentas anónimas que ridiculizan o acosan a alumnos y docentes.
  • Datos importantes: instrucciones remitidas el jueves 22 de octubre por el Departamento de Educación; se aplican cuando exista vínculo entre la cuenta y un centro; custodia restringida de pruebas; aviso urgente a la Inspección de Huesca, Teruel o Zaragoza; traslado a Policía Nacional o Guardia Civil; petición de retirada a TikTok e Instagram; posible reclamación ante la AEPD.
  • Resumen: el procedimiento ya está activo. Su alcance real dependerá de la respuesta de las plataformas, de la investigación policial y de que las familias presenten denuncia. El calendario político apunta a las elecciones autonómicas de mayo de 2027.