EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Donald Trump ha escrito en Truth Social que los grandes centros de datos están ‘obligados por él’ a generar su propia electricidad y a repartir un dividendo entre la comunidad. No es una Orden Ejecutiva: es una directriz política sin articulado.
- ¿Quién está detrás? El presidente de Estados Unidos y una Casa Blanca que desde julio empuja el Ratepayer Protection Pledge, el compromiso por el que las tecnológicas pagan la red que consumen.
- ¿Qué impacto tiene? Llega doce días antes de las legislativas del 3 de noviembre y con el 72% de los estadounidenses en contra de tener un centro de datos al lado. En España, los campus de Aragón y Castilla-La Mancha afrontan el mismo pulso local.
Donald Trump ha exigido a los promotores de centros de datos que repartan un ‘dividendo’ con las comunidades que los acogen y que generen su propia electricidad.
Qué ha escrito Trump y por qué lo ha escrito ahora
El mensaje llegó el miércoles por la mañana vía Truth Social. En él, el presidente de Estados Unidos sostiene que los campus nuevos y de gran tamaño ‘están obligados por mí’ a producir su propia energía y a devolver o vender el excedente a la comunidad o a la red, lo que a su juicio permitiría ‘un descenso sustancial’ del precio de la luz.
La segunda mitad del texto es la que ha movido a la industria: si las tecnológicas quieren que sus instalaciones sean populares, deben pagar a la comunidad o a los vecinos un ‘dividendo’. ‘Centros de datos que eran muy impopulares se han vuelto extremadamente populares cuando se cierra un acuerdo económico’, escribió, antes de rematar en mayúsculas: ‘¡HACED ACUERDOS y construidlos!’
No es una ocurrencia de esta semana. Trump la dejó caer el 29 de septiembre, el día que recibió a ejecutivos tecnológicos en la Casa Blanca, y entonces dijo que ‘un dividendo suena bien’. Lo que ha cambiado es el calendario: faltan doce días para las legislativas del 3 de noviembre.
El dato que explica el tono lo publicó también el miércoles la encuesta de ABC News, el Washington Post e Ipsos, sobre 2.545 adultos: el 72% de los estadounidenses rechaza que se construya un centro de datos donde vive. Solo el 30% del país quiere más campus, aunque entre los votantes MAGA ese apoyo sube al 53%.
En Washington la energía ya no se discute en abstracto: se negocia casa por casa, vecino por vecino, con la factura de la luz como argumento electoral.
Washington no prohíbe. Cobra.
De Hazle Township a Frederick County: el dividendo ya tiene precio
En Hazle Township, un municipio del condado de Luzerne (Pensilvania), la desarrolladora NorthPoint Development anunció en junio que cada hogar elegible recibirá 10.000 dólares cuando el primer edificio de su campus, el Project Hazelnut, obtenga el certificado de ocupación, previsto para finales de 2027. El paquete global asciende a 165 millones de dólares e incluye siete millones anuales durante quince años y más de 900 empleos permanentes. No todos lo compran: ‘Yo lo llamo soborno’, declaró a la agencia AFP el jubilado Ed Negra, vecino de de la urbanización colindante. Los residentes han logrado una orden judicial que paraliza la obra.
En el condado de Frederick (Maryland) el intento salió mal. La promotora Catellus ofreció 110 millones en beneficios —30 para reformar un colegio, 40 para un centro comunitario y uno para un camión de bomberos—. La ejecutiva del condado, Jessica Fitzwater, lo rechazó el 14 de septiembre tras las protestas vecinales y amplió la moratoria hasta el 1 de julio de 2027.
La Casa Blanca tiene además su propia palanca: el Ratepayer Protection Pledge, un compromiso voluntario por el que las tecnológicas pagan la energía y las obras de red que necesitan sus proyectos. Según el comunicado del 23 de julio, cubre ya el 80% de la electricidad que llega a hogares y empresas, con más de 200 eléctricas, estados y desarrolladores adheridos. Meta asume íntegro el coste de conexión de su campus de Richland Parish (Luisiana) con la eléctrica Entergy.
La Lógica de Washington
La lógica es sencilla y muy americana. Trump ha convertido la inteligencia artificial y la energía barata en eje de su política industrial: quiere los centros de datos construidos en Estados Unidos antes que en cualquier otro lugar, porque de ellos dependen la nube, los modelos de lenguaje y buena parte de la ventaja frente a Pekín. El problema es que esa misma industria se ha vuelto el vecino incómodo de los condados rurales que le votan. La salida no consiste en frenar la obra, sino en privatizar la compensación: que pague el promotor y que el Estado no tenga que regular ni litigar.
El precedente no es republicano. Los community benefits agreements (acuerdos de beneficios comunitarios) nacieron en Los Ángeles en 2001, cuando los vecinos del Staples Center exigieron condiciones y dinero a cambio de apoyar el proyecto. La tradición viene de más atrás: dos siglos de negociación entre empresas y territorios, desde las ciudades-fábrica del XIX hasta los acuerdos de acogida de centrales nucleares y terminales de gas. Trump, que pasó media vida negociando suelo urbano en Nueva York, conoce el manual.
Conviene medir el alcance real. No hay Orden Ejecutiva, ni reglamento, ni sanción: la competencia sobre la red se reparte entre la FERC (la Comisión Federal de Regulación de la Energía, que vigila el mercado mayorista) y las comisiones estatales. El ‘mandato’ es, por ahora, presión política. El calendario manda: el 3 de noviembre se vota y después llegan las moratorias locales, como la de Frederick County hasta julio de 2027. La incógnita es si el dividendo voluntario sobrevive a la política.
En España el pulso tiene otro nombre. Los campus anunciados en los últimos años —las instalaciones de AWS y Microsoft en Aragón, el centro de Meta en Talavera de la Reina— han colocado al país en el mapa europeo de la nube por dos motivos: suelo y renovable comparativamente barata. Ese es el activo y ese es el riesgo. El coste de red se reparte entre todos los consumidores vía peajes regulados, y la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) vigila unas tarifas que acaban en la factura doméstica. Iberdrola, Endesa y Naturgy compiten por firmar contratos de compraventa de energía a largo plazo con las tecnológicas, lo que de momento ha actuado de amortiguador.
Al consumidor le cuesta lo mismo el megavatio de un modelo de lenguaje que el de un aire acondicionado. Si el sector no anticipa compensaciones locales —empleo, impuestos, obra pública, tarifas pactadas—, el 72% americano aparecerá en cualquier pueblo de Teruel o de Toledo.
Ficha del Caso
- El caso: Trump reclama por Truth Social un ‘dividendo’ de los promotores de centros de datos para las comunidades que los acogen, doce días antes de las legislativas del 3 de noviembre y con el rechazo vecinal disparado.
- Datos clave: 72% de estadounidenses en contra de un centro de datos junto a su casa (58% de republicanos, 78% en zonas rurales); 10.000 dólares por hogar en Hazle Township; paquete global de 165 millones; 110 millones rechazados en Frederick County; el pledge cubre el 80% de la electricidad del país.
- Para España: los campus de AWS, Microsoft y Meta en Aragón y Castilla-La Mancha compiten por renovable barata, pero el refuerzo de red lo paga el consumidor vía peajes; el modelo de compensación local aún no existe y el pulso vecinal ya ha empezado.
