La Junta de Andalucía ha retirado las subvenciones a las ONG que atienden a inmigrantes sin hogar. La decisión, adelantada por elDiario.es, se produce en plena ofensiva parlamentaria del PP-A, que respalda una PNL de Vox sobre inmigración, y con el PSOE-A acusando a Juanma Moreno de trasladar el pacto con Abascal a la política de gobierno.
Qué se ha retirado, con qué alcance y con qué versión oficial
Las entidades afectadas son las que sostienen programas de acogida para personas inmigrantes en situación de calle, un ámbito que hasta ahora contaba con respaldo presupuestario de la administración autonómica. El desglose exacto —cuántas entidades, qué cuantías, y con qué calendario— no ha sido detallado por la Junta, y esta redacción no ha podido confirmarlo con el gabinete de Moreno.
La secuencia política, en cambio, admite pocas lecturas alternativas. El ajuste se conoce después de que el Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía haya respaldado la iniciativa de Vox sobre inmigración, y en un contexto en el que Génova ha fijado doctrina propia: control de fronteras, inmigración legal vinculada a la contratación en origen y rechazo a lo que el partido denomina regularizaciones masivas.
En el PP andaluz se subraya que la reordenación del gasto responde a criterios técnicos y que la cooperación con el tercer sector se mantiene en otras líneas de subvención. La explicación, sin embargo, no ha venido acompañada de un desglose público que permita comparar el antes y el después de cada convocatoria.
El efecto práctico del ajuste se mide en plazas de acogida y en presión sobre las administraciones más cercanas. Andalucía es la comunidad más poblada de España y buena parte de esos programas se ejecutan con ayuntamientos y diputaciones provinciales gobernadas por el PP, que ahora tendrán que decidir si asumen con fondos propios lo que deja de cubrir la Junta.
La retirada no se juzga por su cuantía, sino por el mensaje: el gasto social deja de ser intocable cuando el marco político lo reclama.
La PNL de Vox, el PSOE-A y el coste de mirar a Abascal
La PNL (Proposición No de Ley, un instrumento parlamentario que fija la posición de la Cámara sobre un asunto sin valor normativo directo) registrada por Vox ha encontrado el respaldo del Grupo Popular, según ha avanzado Europa Press, y ese gesto es el que ha encendido al PSOE-A. Los socialistas andaluces consideran que el PP ha dejado de marcar perfil propio en materia migratoria y reclaman a Moreno un pronunciamiento claro sobre el alcance de esa afinidad parlamentaria.
El contraargumento popular tiene recorrido y se apoya en tres ideas: las competencias de acogida e integración son compartidas con el Estado, sin control de fronteras no hay política social sostenible y las comunidades del PP no van a financiar lo que consideran un efecto llamada. Es la línea que Alberto Núñez Feijóo ha defendido en el Congreso y que el portavoz del GPP, Miguel Tellado, repite cada semana en la sesión de control.
Hay un detalle que conviene no perder de vista. El PP andaluz es la única fuerza política de la comunidad que ha roto una hegemonía de cuatro décadas y lo hizo sin socio de coalición, con mayoría absoluta propia. Esa posición le permite, sobre el papel, no pagar peajes parlamentarios a Vox. La pregunta que se hace el partido es otra: cuánto de ese margen conviene gastar en diferenciarse y cuánto en ocupar el espacio que Abascal explota cuando nadie lo ocupa.
El Eje del Poder Popular
La operación andaluza no se entiende sin la doctrina que sale de Génova. La dirección nacional evita convertir cada decisión territorial en un debate de estado, pero asume que la política migratoria será uno de los ejes del próximo ciclo electoral y que los barones tienen margen para adaptar el mensaje. Juanma Moreno ha sido, desde 2022, el activo que el PP presenta como prueba de que se puede gobernar desde el centro sin depender de nadie. Ese relato es el que ahora se tensiona.
El precedente inmediato está en julio de 2024, cuando el PP rompió sus gobiernos de coalición con Vox en cinco comunidades a raíz del reparto de menores migrantes. Dos años después, la relación se ha recompuesto en clave estrictamente parlamentaria: sin sillones compartidos, pero con acuerdos puntuales que se exhiben o se silencian según el territorio. En Andalucía el PP conquistó en junio de 2022 una mayoría absoluta de 58 escaños sobre 109, un resultado que le permite fijar su propio calendario y que, a la vez, le obliga a administrar políticamente cada guiño a Vox.
El aterrizaje es desigual. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha construido un discurso propio sobre seguridad y control migratorio que no necesita traducción parlamentaria. En Andalucía, en cambio, la decisión se dirime en el boletín de subvenciones y en la relación diaria con el tercer sector, un ecosistema con peso en municipios gobernados por el PP donde la retirada de fondos se nota antes en la ventanilla que en el hemiciclo. A eso se suma el debate presupuestario: cada ajuste se lee también como moneda de cambio en la negociación de las cuentas autonómicas.
El riesgo inmediato es de relato. El PSOE-A tiene el marco que buscaba, el de un PP que gobierna con mayoría absoluta pero mira de reojo a Vox, y lo va a explotar en cada pleno. Génova, mientras, sostiene que la alternativa socialista es la de la frontera abierta y el gasto sin control. La próxima ventana crítica será parlamentaria: el debate de la PNL en comisión y la primera comparecencia del consejero del ramo para explicar el ajuste.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PP no pide permiso a Vox para gobernar, pero tampoco le regala el discurso del orden migratorio en los territorios donde ya gestiona.
- Protagonista: Juanma Moreno (presidente de la Junta de Andalucía), con Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del PP) como referencia de doctrina.
- Próximo hito: Debate de la PNL de inmigración en comisión parlamentaria y comparecencia del consejero responsable para detallar la retirada de subvenciones.
