EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Fiscalía Europea (EPPO) investiga al Partido Popular Europeo por el uso de más de 500.000 euros en contratos con dos consultores griegos firmados antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
- ¿Quién está detrás? Un consorcio periodístico destapó las diligencias. El Parlamento Europeo, que financia a los partidos, se negó a reembolsar los contratos completos y solo cubrió los 110.000 euros del primer pago.
- ¿Qué impacto tiene? El PPE, del que forma parte el PP, asumió de su bolsillo unos 350.000 euros y se expone a un procedimiento de la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos, que puede suspender financiación pública.
La Fiscalía Europea investiga al Partido Popular Europeo por el uso de más de 500.000 euros en contratos con dos consultores griegos firmados antes de las elecciones europeas de junio de 2024.
Qué investiga la EPPO y por qué la Eurocámara cortó el grifo
La existencia del expediente la adelantó un consorcio periodístico formado por el alemán Süddeutsche Zeitung, el neerlandés Follow the Money y el griego Inside Story. La Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), con sede en Luxemburgo, no ha confirmado ni desmentido la investigación. Es su política habitual mientras las diligencias siguen abiertas.
El detalle del dinero es el que explica el interés del caso. El Parlamento Europeo, que financia a los partidos políticos europeos con cargo a su propio presupuesto, se negó a reembolsar los contratos íntegros al considerar que los costes eran excesivos. Cubrió solo los 110.000 euros del primer pago, de modo que el PPE tuvo que asumir unos 350.000 euros de su bolsillo, según los citados medios.
El sistema de financiación de los partidos europeos es singular y conviene tenerlo claro: la Eurocámara reparte cada año varias decenas de millones de euros entre formaciones y fundaciones políticas, que después rinden cuentas ante la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y ante el Tribunal de Cuentas Europeo. Cuando un gasto se considera no elegible, la formación lo devuelve o lo adelanta. Ahí empieza el problema.
Los dos consultores se firmaron con con dos asesores de nacionalidad griega especializados en comunicación. Trabajaron para la maquinaria del partido de cara a la campaña electoral de 2024. Antiguos empleados del PPE contaron a los citados medios que los honorarios eran desproporcionados respecto al trabajo entregado. Ellos lo niegan y sostienen que ya han devuelto parte del dinero. Por ahora no hay resolución judicial ni fiscal que fije responsabilidades.
El PPE responde con formalismo y promesa de cooperación
La EPPO se escuda en el silencio. Su portavoz subrayó que la institución no puede pronunciarse cuando la respuesta podría perjudicar las pesquisas en curso o su desenlace. El PPE ha optado por la respuesta más institucional posible: ‘No hemos sido notificados formalmente sobre este asunto’, aseguró un portavoz, que añadió que la formación respeta ‘la independencia y el mandato de las autoridades competentes’ y que mantiene su compromiso de ofrecer ‘total transparencia y plena cooperación’ si se le solicita.
El estatus procesal merece una precisión que el ruido suele borrar: una investigación de la Fiscalía Europea no equivale a una acusación, y mucho menos a una condena. Hablamos de diligencias sobre un posible uso indebido de fondos de la Unión, competencia que la EPPO ejerce desde junio de 2021 amparada en el Reglamento (UE) 2017/1939, aprobado por cooperación reforzada —la vía que permite a un grupo de Estados avanzar sin esperar al resto— tras años de bloqueo en el Consejo. España está entre los países que participan.
No es un puñado de facturas: la investigación cuestiona si el dinero público europeo pagó campaña electoral bajo la etiqueta de comunicación institucional.
El Eje del Poder Europeo
El PPE es la mayor familia política de la Unión y también la que más poder acumula en las instituciones: de sus filas procede la presidenta de la Comisión Europea y buena parte del colegio de comisarios. Que la Fiscalía Europea abra diligencias sobre el uso de fondos del Parlamento Europeo en su maquinaria de comunicación, justo en el tramo previo a una campaña, es un problema de imagen antes que jurídico.
Los ejes se mueven en dos direcciones. La primera es institucional: la Eurocámara es a la vez financiadora y auditora de los partidos, una dualidad incómoda que Bruselas nunca ha resuelto del todo. La segunda es política. Mientras el PPE preside buena parte de la estructura comunitaria, socialistas, liberales, verdes e izquierda llevan años reclamando criterios de control más estrictos sobre el gasto de las fundaciones políticas. El precedente de 2022 ordena la lectura: el Qatargate, la trama de supuestos sobornos destapada en diciembre de ese año, acabó con una batería de reformas de transparencia sin que la Eurocámara haya cerrado aún su propio régimen sancionador.
España entra en la ecuación por vía doble. El PP es socio del PPE y canaliza parte de su financiación europea a través de la familia popular: cualquier sanción económica a los populares europeos reordena el debate interno y el relato de la oposición en Madrid. Y hay un segundo flanco. España fue uno de los Estados que empujaron con más insistencia la creación de la Fiscalía Europea y su fiscalía delega casos ante la EPPO con regularidad. La autoridad que se invocó contra otros no admite excepciones cuando el expediente toca a los propios.
El riesgo inmediato no es una condena, sino el calendario. Los expedientes de la EPPO se miden en años, no en semanas, y una resolución tardía podría aterrizar incluso después de las elecciones europeas de 2029. En el mientras, la presión se traslada al terreno presupuestario: el Parlamento Europeo negocia estos meses su presupuesto para 2027 y cualquier eurodiputado puede convertir el caso en arma de control político. La próxima ventana crítica es la conciliación presupuestaria de noviembre. Después, el informe anual de actividad de la Fiscalía Europea, que la institución publica con el detalle de los expedientes abiertos por país y por naturaleza del fraude.
Lo que observamos es un patrón conocido en Bruselas: la norma se endurece después del escándalo, nunca antes. El PPE no está imputado y probablemente tarde en estarlo o en dejar de estarlo. Pero el debate sobre quién vigila al vigilante, y con qué dinero, ya está sobre la mesa. Puedes consultar el mandato completo de la Fiscalía en la web oficial de la EPPO.
