EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Ertzaintza ha cargado este viernes en Sansomendi, en Vitoria-Gasteiz, contra los jóvenes que trataban de impedir el desalojo de una familia con seis menores. La noche anterior, un centenar de personas durmió en tiendas de campaña junto al inmueble.
- ¿Quién está detrás? El operativo lo ejecuta la policía autonómica, dependiente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, mientras el Ayuntamiento de Maider Etxebarria (PSE-EE) es la administración interpelada. Al otro lado, el Sindicato de Vivienda y una docena de institutos que han parado clases.
- ¿Qué impacto tiene? El desalojo se consuma sin alternativa habitacional pública confirmada y abre un frente de desgaste para el socialismo institucional en Euskadi.
El desahucio en Vitoria de una familia con seis menores acaba con cargas de la Ertzaintza contra los jóvenes concentrados en Sansomendi. La jornada deja dos imágenes: la del operativo policial abriéndose paso entre vecinos y estudiantes, y la de un conflicto de vivienda que ya se ha instalado en el terreno político.
Cómo se llegó a las cargas: institutos parados y una noche en tiendas de campaña
No fue una protesta improvisada. Durante las últimas semanas, una ola de solidaridad recorrió la capital alavesa: una docena de institutos pararon sus clases y centenares de estudiantes acudieron a la llamada del Sindicato de Vivienda para acercarse al barrio de Sansomendi. La noche anterior al desalojo, un centenar de personas durmió en tiendas de campaña junto al inmueble. Este viernes, la concentración volvió a formarse.
La Ertzaintza cargó contra los jóvenes que trataban de frenar el desalojo. Se trata de la policía autonómica dependiente del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la fuerza que ejecuta este tipo de operativos en Euskadi. El origen del procedimiento (impago, ocupación u otra causa) no ha trascendido en la información difundida hasta ahora. Un dato que pesa: de él depende que existiera o no una alternativa habitacional ofrecida a la familia antes de llegar a la calle.
Lo que sí ha quedado claro es el saldo social: seis menores y una vivienda menos en el parque residencial accesible de la ciudad. En Euskadi la competencia de vivienda está transferida al Gobierno autonómico, que la gestiona a través de Etxebide y de su parque público de alquiler; los ayuntamientos aportan suelo, promoción y la primera respuesta desde los servicios sociales. Ese reparto no cancela la política. Sencillamente la reparte.
Qué puede hacer el Ayuntamiento socialista y qué se le va a exigir
El Sindicato de Vivienda ha reclamado al Ayuntamiento de Maider Etxebarria (PSE-EE) una alternativa habitacional para la familia. La petición tiene recorrido institucional: el Consistorio puede movilizar suelo municipal, recurrir a la bolsa de alquiler social y pedir al Ejecutivo vasco cobertura del parque público. También puede no hacerlo.
Un desalojo con menores no se cierra con un operativo policial: se cierra con una llave y una vivienda digna en la misma ciudad.
El marco estatal existe. La Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda fijó los topes a la actualización anual de las rentas de alquiler, abrió la vía de declarar zonas de mercado residencial tensionado y elevó las reservas de suelo para vivienda protegida. Es la política de vivienda más ambiciosa de las últimas dos décadas. Su despliegue, eso sí, depende de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ahí está el nudo.
El episodio sitúa al socialismo institucional ante un reto estratégico que no resuelven las coartadas competenciales. Lo resuelve una respuesta pública, verificable y rápida, la que el Sindicato de Vivienda viene exigiendo desde hace semanas. En Vitoria-Gasteiz el PSE-EE ocupa la alcaldía y, además, forma parte del Gobierno Vasco en coalición con el PNV. Nadie puede señalar a otro.
El Eje del Poder Socialista
Ferraz ha convertido la vivienda en una de las banderas de la legislatura y el episodio de Sansomendi llega en el momento más incómodo: con el discurso del derecho a la vivienda ya asentado y con el electorado joven —el mismo que se ha movilizado este viernes— pendiente de la coherencia entre lo que se aprueba en el BOE y lo que ocurre en la puerta de un portal.
En el PSE-EE no hay, por ahora, grieta pública. La federación vasca conoce el terreno: EH Bildu ha hecho de la vivienda su principal ariete institucional y el PP vasco tiene margen para reclamar gestión frente a relato. Si el socialismo institucional no acredita resultados en vivienda, la norma estatal deja de ser un activo y se convierte en una factura.
Conviene recordar el ciclo de 2011-2013, cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca llevó cientos de desahucios a la calle y forzó que la dación en pago entrara en la agenda del Congreso. De aquella presión nació una cultura política que, una década más tarde, cristalizó en la Ley 12/2023. Ignorar hoy la calle es ignorar el origen de la propia norma.
El aterrizaje no es local. En Barcelona, el gobierno de Jaume Collboni (PSC) ha hecho de la limitación de los pisos turísticos su seña de gestión. En Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page reivindica la vivienda protegida como parte de su acción de gobierno. La comparación sirve: donde el PSOE traduce el marco estatal en política concreta, el relato aguanta. Donde no, se rompe en una acera.
El riesgo para el Consistorio no es la foto de este viernes, sino la próxima. Si no hay alternativa habitacional, la movilización tendrá un motivo nuevo cada semana y un altavoz que ya no depende de los partidos: los propios estudiantes. La ventana crítica es corta. Un desalojo se olvida; una familia en la calle, no.
El próximo paso está tasado. El Sindicato de Vivienda mantiene su exigencia de realojo y el Ayuntamiento tiene sobre la mesa los instrumentos para responder. Lo que ocurra en el próximo Pleno municipal, pendiente de fecha, marcará si Sansomendi se cierra como incidente o se abre como patrón.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El derecho a la vivienda se defiende con presupuesto y con realojo, no solo con leyes: coherencia entre la norma estatal y la gestión local.
- Protagonista: Maider Etxebarria (alcaldesa de Vitoria-Gasteiz por el PSE-EE).
- Próximo hito: Respuesta municipal a la petición de realojo del Sindicato de Vivienda y próximo Pleno del Ayuntamiento, pendiente de fecha.
