Tres semanas de acampada por la vivienda en Barcelona. El Ayuntamiento cuenta 360 tiendas en plaza Catalunya; la organización, más de 600. La diferencia entre una cifra y otra no es un problema de aritmética: mide el tamaño del problema al que se enfrenta el gobierno de Jaume Collboni a menos de tres semanas de la huelga general del 11 de noviembre.
El campamento ocupa ya toda la plaza en círculos concéntricos y está vallado en todo el perímetro salvo en dos puntos de entrada y salida. Quien entra pasa por delante de guardas improvisados con chalecos. Dentro hay cocina con fogones de butano, despensa, armario comunitario de ropa, taller con generadores, punto sanitario con medicamentos, baños portátiles y hasta una ducha. No es un campamento de fin de semana.
La retirada de los toldos de la parte central se leyó en algunos despachos como el principio del desmontaje. Kiara Monroy, portavoz de la acampada, lo niega: ‘La gente nos ha visto mover los plásticos y cree que nos vamos. No nos vamos, estamos mejorando el espacio’. La previsión, dice, es la contraria.
De 360 a 600 tiendas: quién cuenta qué en plaza Catalunya
El recuento municipal habla de 360. La organización sostiene que pasa de 600. Ninguna de las dos cifras es inocente. La primera dimensiona el operativo que haría falta para levantar el campamento en una noche; la segunda mide la fuerza real del movimiento. En medio, fuentes policiales admiten dudas sobre la ‘naturaleza actual’ de la acampada desde que el Sindicat de Llogateres, que no estuvo en el origen, se sumó y después se marchó para dedicarse al 100% a la huelga general.
Hay un dato que el Consistorio repite en privado y en público: la vivienda es la primera preocupación ciudadana en todas las encuestas. Eso explica que el Ayuntamiento haya elegido no elegir. De momento.
El campamento no se sostiene por las tiendas que cuenta el Ayuntamiento, sino por la incomodidad de ordenar su retirada en plena crisis de vivienda.
Calàbria 177: cuando la protesta cruza la puerta
Los acampados entraron en el número 177 de la calle Calàbria, un bloque abandonado en el que vivían personas sin hogar. Los Mossos d’Esquadra desalojaron el inmueble por delito flagrante. El episodio cambia el marco de la conversación: ya no se discute solo un campamento en una plaza, sino una ocupación con consecuencias penales.
Y le da munición al PP. Su portavoz municipal, Sonia Devesa, sostiene que no cuestionan el derecho de manifestación, sino ‘la apropiación del espacio público’, y lamenta las pintadas en las esculturas y el vallado del recinto. Vox habla de permisividad; Junts reclama un canal de interlocución y avisa de las condiciones de salubridad.
Lo que observamos es que cada actor juega con un tablero distinto. El PP quiere convertir la plaza en un test de autoridad. Junts necesita marcar distancia con el PSC sin aparecer del lado de los acampados. Y el Gobierno municipal necesita que el conflicto no escale antes del 11-N.
El pulso que se libró en la comisión de Seguridad
El PP pidió esta semana en la comisión de Seguridad poner fin a la protesta con un dispositivo conjunto de la Guardia Urbana y los Mossos. La propuesta no salió adelante: Vox la apoyó, Junts se abstuvo y votaron en contra el PSC, Barcelona en Comú y ERC. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, cerró su intervención con una frase que resume la posición municipal: ‘Plantean una respuesta policial a una cuestión social’.
Batlle añadió que un operativo ‘inmediato’ como el que pedía el PP ‘no solo sería desaconsejable sino irresponsable’, y dejó la puerta entreabierta: ‘Estamos preparados si es necesario recuperar el uso habitual de plaza de Cataluña, pero no como piden’. La Guardia Urbana y los Mossos siguen la acampada; las unidades de mediación del cuerpo autonómico buscan interlocutores claros. Sin el Sindicat en la plaza, esos interlocutores son más difíciles de certificar.
Las farolas apagadas y el 11-N: el riesgo que nadie quiere nombrar
Siete farolas llevan dos noches apagadas. El Gobierno municipal explica que se cortó el suministro por seguridad, después de que los Bombers detectaran un enganche ilegal a la red eléctrica, precario y sin garantías técnicas. Las dos primeras se desconectaron el jueves 15 de octubre, durante el festival Plaça Nostra Fest; el resto, el martes.
Monroy lo niega y apunta hacia fuera: ‘Aquí puede entrar cualquier persona y es posible que alguien ajeno haya realizado esa acción para generar conflicto’. Su advertencia va en la dirección opuesta a la del Ayuntamiento: sin luz, dice, hay ‘una amenaza real de agresiones, robos o ataques de los que ya hemos sido víctimas’. La organización envió el 7 de octubre un requerimiento formal para acceder a la red eléctrica, al agua potable y a los aseos. No ha recibido respuesta.
El precedente está en la propia plaza. Al final de una de las manifestaciones por la vivienda, algunos de los que provocaron altercados se refugiaron en el campamento y la Brimo tuvo que rodearlo. Ese es el escenario que preocupa a los mandos policiales de cara al 11 de noviembre: un recinto vallado, con dos únicas bocas de entrada, en el epicentro del transporte de Barcelona.
La lectura política es incómoda para todos. Cortar la luz para evitar un incendio crea un problema de seguridad distinto, y el Ayuntamiento lo sabe. Al mismo tiempo, la acampada ha convertido el espacio público más simbólico de la ciudad en un lugar donde los incidentes de terceros se atribuyen al movimiento. Nadie ha resuelto esa ambigüedad, y una huelga general no admite ambigüedades.
El calendario manda. El 11 de noviembre es la prueba de esfuerzo: si la plaza funciona como refugio de disturbios, el margen de la mediación se estrecha y la opción policial que hoy Batlle califica de irresponsable ganará peso en el debate. Si no ocurre nada el campamento habrá demostrado que se puede gestionar sin cargas. Entre una cosa y otra quedan menos de tres semanas, siete farolas apagadas y una petición de agua y aseos sin contestar.
