El barranco del Poyo vuelve a la causa del 29-O con un informe que apunta al centro de emergencias de la Generalitat. El documento, fechado el 13 de octubre y firmado por el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, Jorge Gil, ya está en el expediente.
Todo apunta a una pregunta que llevaba casi dos años sin dueño claro: quién decidía qué tramos del barranco se estaban mirando la tarde del 29 de octubre de 2024, la jornada de la DANA que dejó 233 fallecidos. Los colaboradores son muchos —confederaciones hidrográficas, municipios, la Guardia Civil, bomberos forestales, agentes medioambientales, brigadas de la Diputación de Valencia o comunidades de regantes—, pero la coordinación depende de un único centro.
«Es el CCE (el Centro de Coordinación de Emergencias autonómico) el que define qué puntos concretos deben controlarse en cada episodio y su periodicidad», recoge el informe. Y apostilla: «designa también qué organismo debe ocuparse de cada uno de ellos». 48 puntos de control sin asignación previa en la provincia de Valencia.
Sobre ese mapa se organizó —o no— la vigilancia del barranco del Poyo. La retirada del dispositivo de control del caudal aquel 29 de octubre, con aviso rojo de la AEMET, es el fallo operativo que la instrucción lleva dos años reconstruyendo.
No es una declaración de parte. Es un informe técnico, con fecha y firma, y llega a una semana de que se cumplan dos años de la catástrofe.
El barranco no se vigilaba solo: alguien decidía cada cuánto se miraba, y ese alguien era el centro de emergencias autonómico.
Quién decidía qué se miraba en el Poyo
El documento no discute que hubiera muchos ojos disponibles. Discute quién daba la orden. Según el inspector jefe, el reparto se hacía desde el CCE, que fijaba puntos y frecuencia; el Consorcio solo elegía la unidad concreta cuando la asignación recaía en bomberos forestales, «atendiendo a criterios de disponibilidad y proximidad». El Consorcio depende de la Diputación; Emergencias, de la Generalitat.
Para la jueza, la discusión no es nueva. Ya había reiterado que la Generalitat debía vigilar la rambla del Poyo «por la simple aplicación» de la ley, en referencia al Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones. La norma reparte competencias, el informe reparte responsabilidad operativa.
La retirada del dispositivo y las dos versiones que no encajan
El pulso entre administraciones viene de lejos: Emergencias sostuvo durante meses que la vigilancia correspondía al Consorcio; el Consorcio responde ahora, por escrito, que ejecuta lo que el CCE le pide. Hay un detalle que complica la coartada. En episodios de lluvia posteriores, la propia Generalitat reconoció que sí controló el caudal del Poyo.
El Escenario Valenciano
La causa avanza mientras el Consell de PP y Vox que preside Juanfran Pérez Llorca intenta separar su gestión de la de su antecesor.
Carlos Mazón, expresident de la Generalitat, dimitió el 3 de noviembre de 2025 por la catástrofe, conserva su acta de diputado en las Corts Valencianes y sigue vinculado al proceso judicial. Cada documento que entra en el juzgado obliga al PP a explicar qué heredó y qué cambió.
La oposición de PSPV y Compromís reclama una comisión de investigación con comparecencias públicas; el Consell responde con el avance de las obras del Plan RERD (el instrumento autonómico que canaliza los fondos de reconstrucción). En paralelo, el Consorcio de Compensación de Seguros sigue cerrando expedientes dos años después.
En Madrid, la lectura es otra. Las confederaciones hidrográficas que miden caudales dependen del Ministerio para la Transición Ecológica; la alerta a la población, de la Generalitat. El Congreso ha debatido la reforma de la protección civil con ese reparto sobre la mesa, y el precedente de Biescas (1996) o de Murcia (2012) recuerda que el mando único sobre los cauces nunca existió.
El calendario lo marca el juzgado: más declaraciones, más documentos y la decisión sobre el peso probatorio de este informe. En las Corts, el pulso político sobre el Poyo no tiene fecha de caducidad.
Ficha del Caso
- El caso: Un informe del inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, fechado el 13 de octubre, sitúa en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la decisión sobre qué puntos del barranco del Poyo se vigilaban. Ya está en la causa del 29-O.
- Datos importantes: 48 puntos de control en la provincia de Valencia sin asignación previa; retirada del dispositivo del Poyo el 29 de octubre de 2024; 233 fallecidos; un informe técnico con fecha y firma frente a dos versiones enfrentadas.
- Resumen: El documento traslada la responsabilidad operativa del seguimiento de caudales al ámbito autonómico y complica la tesis que atribuía la vigilancia al Consorcio de la Diputación.
