Los disturbios contra Vox en Galicia dejan tres detenidos y 13 policías heridos; los sindicatos piden el cese del delegado del Gobierno.
La protesta se convocó el miércoles en A Coruña, junto a la plaza de María Pita, a la misma hora a la que Santiago Abascal protagonizaba un acto de su partido en ese enclave céntrico. Unas 5.000 personas, convocadas por varias organizaciones juveniles, se concentraron frente al lugar. Al término del mitin, los enfrentamientos con los antidisturbios desplegados para separar a ambos grupos derivaron en lanzamiento de objetos y mobiliario urbano, y obligaron a cargar para dispersar a los concentrados.
El balance oficial, facilitado por la Jefatura Superior de Policía, arroja tres detenidos. Además, 13 agentes de la Policía Nacional resultaron heridos con contusiones de diversa consideración. Por la tarde se produjeron nuevas concentraciones, no comunicadas previamente a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, con lanzamiento de bengalas, un tercer arresto y daños en el mobiliario urbano cuya cuantía aún se evalúa.
Qué reprochan los sindicatos policiales al delegado del Gobierno
El sindicato Jupol y la Confederación Española de Policía (CEP) han exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia por permitir que ‘grupos radicales’ se contramanifestaran contra un acto autorizado. Su queja se apoya en un hecho constatable: la convocatoria estaba comunicada con antelación y la propia Vox había pedido por escrito medidas de seguridad para sus participantes. Trece agentes con contusiones son el resultado del miércoles.
El representante del Ejecutivo detalló que la formación comunicó el 16 de octubre su intención de instalar una mesa informativa en María Pita y solicitó protección para quienes acudieran a ella. El antecedente inmediato pesa. Un acto previo en Santiago de Compostela, con presencia prevista del eurodiputado Jorge Buxadé, tuvo que suspenderse después de que varios centenares de manifestantes impidieran el acceso al recinto.
Trece agentes heridos y un acto político legal: la distancia entre los hechos y el relato oficial es el corazón del conflicto.
La versión del delegado y el escudo del artículo 21
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, condenó la violencia y lamentó la intranquilidad que vivieron los vecinos de la ciudad. A renglón seguido, sin embargo, redujo la responsabilidad de los disturbios a un ‘pequeño grupo de radicales’ infiltrado entre los cientos de manifestantes ‘que querían ejercer su derecho constitucional’. ‘Y vuelvo a señalarlo: un grupo pequeño, uno mínimo’, insistió durante su comparecencia.
Su argumento jurídico se apoya en el artículo 21 de la Constitución, que reconoce el derecho de reunión y manifestación. En el sistema español las concentraciones no se autorizan: se comunican a la autoridad competente, en este caso la Subdelegación del Gobierno en A Coruña, y solo pueden modificarse o prohibirse si media un informe desfavorable de un organismo. Blanco sostuvo que no concurría ninguna circunstancia que justificara impedir la protesta, notificada al día siguiente de la solicitud de Vox.
La lectura sindical es otra y apunta a la Delegación del Gobierno en Galicia como responsable de haber medido mal el riesgo. El cargo representa al Ejecutivo central en la comunidad, de modo que la exigencia de cese no se dirime en A Coruña ni en Santiago, sino en Madrid. Y el dato que más incomoda a la versión oficial es el parte de la Jefatura Superior de Policía: trece funcionarios con contusiones no encajan con la tesis del grupo ‘mínimo’.
Qué deja el episodio en clave política
La protesta la convocó Galiza Nova, la organización juvenil vinculada al Bloque Nacionalista Galego, que anunció un carácter pacífico y acabó con incidentes en dos tandas. Ese detalle dibuja el marco real del choque: un partido nacional celebraba un acto legal y la respuesta la articuló el nacionalismo gallego en su versión juvenil. Para Vox, la secuencia repite la de Santiago de Compostela: actos que se convierten en objetivo.
Hay un precedente que la dirección del partido puede rentabilizar sin esfuerzo. Cada episodio de este tipo refuerza su discurso sobre la asimetría en el trato a la derecha y sobre la permisividad con quienes boicotean actos ajenos. En una comunidad gobernada por el PP, el foco queda sin embargo en una Delegación que responde ante el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, y ahí es donde Jupol y la CEP van a seguir apretando en las próximas horas.
El pulso admite dos desenlaces. Uno: Madrid abre una revisión interna del dispositivo y sacrifica al delegado como gesto de contención. Dos: sostiene el relato del grupo ‘mínimo’ y asume el coste político de que trece agentes heridos queden sin responsable señalado. Vox, mientras tanto, ya tiene el relato y no necesita añadir una línea.
