El pacto entre PP y Vox para el Senado avanza bajo reserva: Tellado y Lluis blindan las listas antes del 29-N.
Lo que se dirime no es un reparto menor de escaños. De la coordinación de candidaturas depende que la derecha pueda aspirar a los tres quintos de la Cámara Alta, la mayoría cualificada que permite renovar órganos institucionales bloqueados, empezando por el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. Sin esa mayoría, el PP y Vox se quedan sin llave para desatascar nombramientos encallados desde hace meses.
Las conversaciones las llevan Miguel Tellado, secretario general del PP, y Montse Lluis, secretaria general adjunta. Son los dos nombres que cerraron los pactos autonómicos entre ambos partidos, y ese historial es el principal aval que manejan las formaciones.
Fuentes de ambos partidos trasladan que el acuerdo llegará ‘seguro’ y piden ‘tranquilidad’ al electorado de la derecha, inquieto ante la posibilidad de que los contactos descarrilen. La voluntad política, subrayan, está fuera de duda.
Qué exige Vox y con qué argumentos
La negociación se mueve en un margen estrecho. Sobre la mesa están la cesión de senadores autonómicos —los que designan los parlamentos de las comunidades— para compensar el sacrificio de Vox de no concurrir en al menos una veintena de provincias, cargos a futuro en la Cámara Alta con la presidencia del Senado como pieza codiciada, y renuncias del PP allí donde los de Abascal son más fuertes. Las fórmulas más ambiciosas, como incluir candidatos de Vox en las papeletas del PP o la llamada vía 2+1, se dan por descartadas por su complejidad.
El argumentario de Vox parte de un hecho verificable: su renuncia a competir en decenas de provincias le resta visibilidad y escaños sin contrapartida si no hay acuerdo. La formación sostiene que la representatividad debe medirse por lo que cada partido aporta al conjunto de la derecha, y ahí reclama que se reconozca su peso territorial.
Vox llega a la mesa con una renuncia ya hecha y una exigencia: que su sacrificio en las provincias se pague con peso real en el Senado.
Fue Alberto Núñez Feijóo quien puso el marco al fijar la proporción de la pasada legislatura: el PP sumó 118 electos en 2023 y 23 senadores por designación autonómica, hasta 141; Vox aportó 5 senadores autonómicos, ninguno por las urnas. ‘Hay posibilidad de llegar a puntos de encuentro’, dijo el líder del PP.
Santiago Abascal marcó el tono en la rueda de prensa que ofreció el miércoles desde La Coruña. El presidente de Vox avisó de que solo comunicarán el resultado: ‘Cuando haya noticias, se las daremos, pero no vamos a comunicar el estado de las negociaciones’. Y añadió una idea que resume su posición: ‘No vamos a dar un espectáculo como ha hecho la izquierda con sus acuerdos’. Seriedad, resumió, y nada de debatir en los medios.
Qué posibilidades tiene el acuerdo y quién lo condiciona
También el PP ha movido ficha en público. Su portavoz en el Senado, Alicia García, apeló a la ‘generosidad’ de ambas partes y se pronunció sin ambages: ‘Espero y deseo que haya pacto’ para hacer frente a la ‘colonización’ de la Cámara Alta. A partir de ahí, la consigna compartida es el silencio.
Los plazos aprietan. La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, admitió que se puede ‘agotar el plazo’, es decir, estirar la negociación hasta el lunes 26 de octubre, cuando podría darse a conocer el acuerdo y sus términos. Las candidaturas deben quedar cerradas antes del 29-N.
El coste de un fracaso sería alto para ambos. Sus electorados penalizarían una ruptura que dejaría a la derecha sin la mayoría de tres quintos y al Senado abocado al mismo bloqueo que ya pesa sobre el Congreso. Y quedaría la sensación de haber desaprovechado una oportunidad que no se presenta en cada legislatura.
La lectura: el precedente autonómico y el Senado como palanca
Hay un precedente que explica por qué esta negociación se trata con guantes. Los acuerdos autonómicos que Tellado y Lluis cerraron hace meses funcionaron como ensayo general. Y la Cámara Alta ha sido algo más que una cámara de segunda lectura en estos tres años: sacó adelante leyes que después quedaron congeladas por Francina Armengol en el Congreso y celebró comisiones de investigación sobre la corrupción, la DANA, el Centro de Investigaciones Sociológicas o el apagón eléctrico que desvelaron información que no llegó por otras vías.
Observamos aquí una lógica que Vox ya aplicó en los pactos autonómicos: convertir cada acuerdo en un examen de fiabilidad del PP. Si el pacto se cierra el lunes, el partido podrá exhibir la presidencia del Senado o los senadores arrancados como prueba de que su respaldo tiene precio y de que se le reconoce un peso que las urnas de 2023 no le dieron. Si no se cierra, el desgaste será compartido, pero el relato del incumplimiento lo pagará quien presume de gestionar la derecha.
La pelota está en el tejado de los equipos negociadores y el reloj corre hacia el lunes. Para Vox, la condición es conocida y no admite rebajas: que el Senado no caiga en manos de la izquierda y que su renuncia territorial se traduzca en poder real en la Cámara Alta. Lo demás, como repite Abascal, se sabrá cuando haya resultado.
