EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Tribunal Supremo ha suspendido el voto de los nacionalizados por la ley de nietos que no acrediten ser descendientes de exiliados, una decisión que deja fuera del censo a unas 168.000 personas con pasaporte español de cara a los comicios del 29 de noviembre.
- ¿Quién está detrás? Salvador Illa, presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, ha calificado la medida de ‘sin precedentes’ y ha reivindicado que ‘el derecho a voto es sagrado’. Los afectados han recurrido a través del despacho del exjuez Baltasar Garzón.
- ¿Qué impacto tiene? El censo electoral queda en el aire a semanas de la cita con las urnas y se abre un frente institucional entre el Govern, el alto tribunal y una oposición que lleva semanas cuestionando la limpieza del proceso.
Illa defiende el voto de los 168.000 nacionalizados por la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha dejado fuera del censo. El presidente de la Generalitat ha cargado este jueves contra la suspensión acordada por el alto tribunal y ha exigido que quienes tienen pasaporte español puedan ejercer el sufragio en los comicios del 29 de noviembre. ‘El derecho a voto es sagrado’, ha subrayado.
En una entrevista en COPE, el también primer secretario del PSC ha sostenido que el sufragio es un derecho fundamental y ha lamentado que algunos sectores pongan en cuestión la legitimidad de la convocatoria, en alusión velada a las críticas al voto por correo. ‘Me sabe mal que 168.000 personas que tienen el pasaporte español, por una decisión sin precedentes del Tribunal Supremo, no puedan ejercer este derecho, cuando lo han ejercido algunos de ellos en anteriores convocatorias electorales’, ha añadido.
Qué ha suspendido el Supremo y a quién deja fuera del censo
La resolución del alto tribunal afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de la norma que abre el pasaporte español a los descendientes de exiliados, conocida popularmente como ley de nietos. El Supremo suspende el voto de quienes no acrediten esa condición de descendiente. Quien no lo demuestre, queda fuera.
El argumento del presidente de la Generalitat es sencillo: si se tiene el pasaporte, se tiene el derecho. A su juicio, la decisión introduce una distinción entre españoles de primera y de segunda en el acceso a las urnas y llega, además, a pocas semanas de la votación. ‘El derecho a voto es sagrado’, ha repetido frente a quienes ponen en duda la limpieza del proceso sin aportar prueba alguna.
El recurso de los afectados y el despacho de Garzón
Los afectados no se han quedado de brazos cruzados. Según ha informado Europa Press, han recurrido ante el propio Tribunal Supremo a través del despacho del exjuez Baltasar Garzón, con el argumento de que el derecho al sufragio no puede quedar en suspenso cuando ya se ha ejercido en convocatorias anteriores.
El pulso tiene derivada política. La oposición lleva semanas cuestionando la limpieza del proceso —voto por correo incluido— y la exclusión de los nacionalizados le entrega un argumento nuevo. Illa ha respondido señalando a quienes siembran dudas sobre la legitimidad de las elecciones y ha recordado que muchos de esos votantes ya depositaron su papeleta en anteriores comicios.
Suspender el voto de quien ya lo ejerció no es una medida cautelar: es una grieta en la igualdad ante las urnas.
El Eje del Poder Socialista
En Ferraz la consigna es la prudencia institucional. La dirección federal evita entrar en el fondo de una resolución judicial y concentra el discurso en un principio que considera irrenunciable: la igualdad de todos los españoles ante las urnas. La lectura que se impone en el partido es que el Supremo ha abierto una brecha que no se cierra con argumentos técnicos, sino con la evidencia de que 168.000 ciudadanos con pasaporte han visto recortado un derecho que ya habían ejercido.
El aterrizaje territorial y social es inmediato. Los afectados son, en buena medida, descendientes de exiliados que accedieron al pasaporte por esta vía y que mantienen vínculo con las colectividades españolas en el exterior, canalizadas a través de consulados y de entidades catalanas y socialistas en América. Para el PSC, la defensa del voto exterior forma parte de su relato de catalanidad abierta y de sus políticas de arraigo, y ese es el marco en el que la federación sitúa su defensa del sufragio, en línea con lo trasladado a la dirección federal.
En la misma entrevista, el presidente de la Generalitat ha desplegado el resto del argumentario del Govern. Ha defendido el traspaso de 21.000 millones del Estado a las comunidades, ha negado que el nuevo modelo de financiación autonómica constituya un cupo, o un privilegio para Cataluña y ha asegurado que ninguna comunidad pierde recursos. Sobre la amnistía, ha subrayado que la norma ha mejorado la convivencia y ha recordado el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y sobre inmigración ha rechazado la ecuación entre extranjería e inseguridad: la ha calificado de demagógica y ha contrapuesto el aumento de agentes de los Mossos d’Esquadra y un 10% más de jueces en plantilla.
La dirección federal también ha tenido que gestionar esta semana la salida de Montse Mínguez, portavoz de la Ejecutiva, tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja. Illa ha calificado las críticas de excesivas y, en buena medida, no contrastadas, y ha explicado que la dimisión respondió al desgaste que veía en su entorno familiar. Sobre la compatibilidad entre defender la vivienda y convivir con alguien del negocio inmobiliario, el presidente catalán ha sido tajante: no hay nada ilegal ni contradicción alguna.
El precedente más cercano de esta pelea es la batalla por facilitar el voto exterior, que culminó con la supresión del voto rogado y que el PSOE convirtió en bandera de igualdad. Entonces, como ahora, se discutía quién tiene derecho a votar y cuántos obstáculos puede poner la administración a quien ya es español. La diferencia es que el alto tribunal ha introducido un criterio de acreditación que, en la práctica, deja a 168.000 personas pendiendo de un papel.
El riesgo inmediato es de calendario. El recurso contra la suspensión debe resolverse antes de que el censo quede definitivamente cerrado y cualquier demora trasladará el conflicto a la propia jornada electoral del 29 de noviembre. Si el Supremo mantiene su criterio, la cita con las urnas llegará con una parte de los nacionalizados fuera y con la sombra de la litigiosidad sobre el resultado. Es el escenario que Ferraz quiere evitar y el motivo por el que Illa ha elevado el tono ahora, antes de que el asunto se judicialice del todo.
🌹 El Apunte de Ferraz
- Mensaje fuerza: El voto es un derecho, no un privilegio: igualdad de todos los españoles ante las urnas frente a cualquier suspensión cautelar del censo.
- Protagonista: Salvador Illa (presidente de la Generalitat de Catalunya y primer secretario del PSC).
- Próximo hito: Respuesta del Tribunal Supremo al recurso de los afectados antes de la cita con las urnas del 29 de noviembre.
