EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Junta Electoral Central ha desestimado este jueves las dos denuncias del PP contra Pedro Sánchez por sus declaraciones del 15 y el 16 de octubre en el Consejo Europeo de Bruselas y archiva ambos procedimientos.
- ¿Quién está detrás? El organismo arbitral, que aprecia expresiones ‘difícilmente conciliables’ con la neutralidad institucional, frente a un GPP que pedía declarar la vulneración, retirar los mensajes oficiales y abrir expediente.
- ¿Qué impacto tiene? El presidente acumula cinco expedientes —cuatro con multa— a menos de seis semanas del 29-N, mientras su partido admite en voz alta que quiere arrebatar al PP la mayoría absoluta del Senado.
La Junta Electoral Central (JEC) desestima las dos denuncias del PP contra Sánchez por sus declaraciones en Bruselas, aunque le reprocha su falta de neutralidad. El organismo arbitral archiva ambos procedimientos al no apreciar ‘entidad suficiente’ para sancionar, pero deja por escrito que algunas expresiones del presidente del Gobierno son ‘difícilmente conciliables’ con el deber de neutralidad institucional que exige el artículo 50.2 de la LOREG en periodo electoral.
Qué dice la resolución: ni expediente, ni retirada de los mensajes
La resolución, adoptada este jueves 22 de octubre, responde a las dos denuncias que el Partido Popular presentó contra el jefe del Ejecutivo por lo dicho los días 15 y 16 de octubre en Bruselas. En ellas, el GPP pedía declarar la vulneración del artículo 50.2 de la LOREG —la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que impone la neutralidad de los poderes públicos desde la convocatoria hasta la votación—, retirar las manifestaciones de los canales institucionales y abrir un procedimiento sancionador.
El primero de los episodios se produjo el 15 de octubre. Sánchez envió un mensaje de ‘tranquilidad’ a los pensionistas sobre la sostenibilidad del sistema, confirmó su intención de revalorizar las pensiones conforme al IPC antes de que acabe el año, como marca la ley, y acusó al PP y a Vox de poner en riesgo las pensiones. Ese mismo día, preguntado por la posibilidad de concurrir junto a otras fuerzas de izquierda al Senado, aseguró que el PSOE no aspiraba solo a ganar el Congreso con una mayoría ‘más amplia y progresista’, sino también a ganar la Cámara Alta.
Un día después, en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo en la sede de la Representación Permanente de España ante la UE, Sánchez se mostró ‘optimista’ y ‘animado’ ante la cita electoral y se dijo convencido de que, ‘si no es de una manera, pues será de otra’, la senda de avance de su Gobierno ‘va a continuar cuatro años más’. Defendió además sus resultados en materia migratoria, criticó a la ultraderecha y consideró ‘muy necesario’ un ‘gobierno progresista en España’.
El límite de lo admisible: qué reprocha la Junta y qué deja pasar
La Junta distingue entre las dos comparecencias. En la del día 15 admite que las declaraciones excedieron la exposición objetiva de los asuntos del Consejo Europeo, pero tiene en cuenta que se produjeron en una atención informal a periodistas y que no ha quedado acreditado que fuese un acto organizado o financiado con medios públicos. Ahí no hay expediente. En la del día 16 reconoce carácter institucional y medios públicos, y sitúa la expresión sobre el ‘gobierno progresista’ ‘en el límite de lo admisible’. Tampoco sanciona.
El archivo llega, eso sí, con un recordatorio expreso: el presidente debe ‘observar el deber de neutralidad política’ y ‘abstenerse de realizar manifestaciones contrarias al artículo 50.2 de la LOREG en actos institucionales’. No es un aviso aislado. Hace justo una semana, la Junta abrió otro expediente por la rueda de prensa del 6 de octubre en la Moncloa, tras el Consejo de Ministros que aprobó los decretos de vivienda que el Congreso había derogado la semana anterior. Sánchez acumula ya cinco expedientes y la mayoría de ellos acaba en multa: cuatro de cinco.
Cuatro multas de cinco expedientes dibujan un patrón: el árbitro corrige a Sánchez, pero casi nunca a tiempo de evitar el uso partidista de lo público.
En la misma reunión, la Junta archivó una denuncia de Vox contra el PSOE por un mensaje de la cuenta de la Moncloa en X con las medidas del decreto ley de vivienda, al entender que no excede la exposición objetiva de los acuerdos del Consejo de Ministros. Y admitió parcialmente otra denuncia del PP contra el diputado socialista Víctor Ruiz de Diego, al que obliga a retirar de sus redes un mensaje que adulteraba el lema de los populares y les atribuía un recorte de pensiones. Eso sí, rechaza abrirle expediente.
El Eje del Poder Popular
En Génova, según fuentes populares consultadas por esta redacción, leen la resolución con la frialdad de quien ya tenía el argumento. La sanción no llega; el reproche, sí. Y en clave interna ese reproche vale más que un expediente cerrado: permite sostener ante el electorado que el presidente del Gobierno utilizó una cita europea, con medios públicos y con cargo al erario, para hacer campaña. La denuncia la firmó el GPP; la doctrina la escribe la Junta. Ahí es nada.
El aterrizaje territorial es doble. El mensaje que la Junta considera fuera de tono —la revalorización de las pensiones y el supuesto riesgo que representaría el PP— es el eje sobre el que el Gobierno quiere construir la campaña en los territorios con más peso del voto mayor de 65 años, con Galicia, Castilla y León y Extremadura en el punto de mira. Y la doctrina del 50.2 no distingue colores: los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos del PP están igualmente obligados a una comunicación institucional impoluta desde la convocatoria, y en los gabinetes populares se ha trasladado la instrucción de revisar cada publicación antes de difundirla.
La lectura estratégica es otra. Sánchez dijo en voz alta lo que su partido llevaba semanas susurrando: que el objetivo no es solo el Congreso, sino también el Senado, donde el PP tiene la mayoría absoluta que le ha permitido frenar leyes clave del Ejecutivo. Reconocerlo en Bruselas, en periodo electoral y ante periodistas convierte la ambición en material probatorio. La Junta no lo sanciona; el PP ya lo tiene en el archivo.
Queda por saber qué decide la Junta sobre el expediente del 6 de octubre, el que afecta al uso de la sala de prensa de la Moncloa tras el Consejo de Ministros que aprobó los decretos de vivienda. Ese es el que más pesa y el que puede engrosar la cuenta de un presidente que ya suma cuatro multas. El árbitro ha hablado claro; ahora le toca al calendario.
🏛️ El Apunte de Génova
- Mensaje fuerza: El PP no necesita la sanción: le basta el reproche del árbitro electoral para acreditar que Moncloa se usa como sede de campaña.
- Protagonista: Alberto Núñez Feijóo (presidente nacional del Partido Popular).
- Próximo hito: La resolución de la Junta sobre el expediente del 6 de octubre y el arranque de la campaña del 29-N.
