Las fiscales del Caso Leire, adscritas a la Fiscalía Anticorrupción, defienden la necesidad de que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) investigue los datos recabados en el ordenador y teléfono móvil de José Ramón Sempere, ex presidente de la empresa pública Mercasa. Así lo hacen en un escrito aportado al Tribunal Central de Instancia 5 de la Audiencia Nacional fechado el 8 de octubre de este año y del que ha informado el juez este 20 de octubre mediante una diligencia de ordenación.
Las fiscales Elsa Lamelas y Mar Scharfhausen responden así al intento del anterior presidente de Mercasa de evitar que el juez indague entre las pruebas recogidas por la UCO en noviembre del pasado año en las instalaciones de la empresa pública.
Dicen las fiscales en su escrito para el juez que «del exhaustivo informe de más de 240 páginas presentado por la UCO, que sirvió de base a la denuncia que dio origen las presentes diligencia previas, se concluía al menos provisionalmente, que los denunciados Joseba Antxón Alonso, Vicente Cecilio Fernández y María Leire Díez habrían conformado un grupo estructurado, llegando a autodenominarse como Hirurok (en su traducción al castellano del vasco: nosotros tres) que se coordinaba a través de diversas reuniones, adquirían sociedades que utilizaban para desarrollar su actividad, fijaban canales seguros para establecer sus comunicaciones, repartían tareas en el marco de propósitos comunes, acciones todas ellas que denotan una actuación conjunta con vocación de permanencia».
En otro párrafo de su informe dicen que «estos indicios se centran en cinco operaciones distintas entre sí, concretamente relacionadas con las siguientes empresas, Mercasa, Enusa, la empresa pública Parque Empresarial, Principado de Asturias SL SME, participada por Sepides, todas ellas relacionadas con el SEPI».
La cuestión sobre Mercasa es que «entre las distintas operaciones analizadas en el atestado 188/25 se informa sobre Mercados Centrales de Abastecimiento S.A. (MERCASA), sociedad del sector público estatal participada mayoritariamente por la SEPI, se expone a través de distintos indicios como Antxon, Leire y Viente, teniendo conocimiento del interés del presidente y algunos directivos de la sociedad pública, en cambiar su sede física, en connivencia con estos, diseñaron una operativa para viabilizar este objetivo y obtener un beneficio económico».
El presidente de entonces era, entre el 1 de octubre de 2018 y el 10 de abril de 2024, José Ramón Sempere Vera y la Directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales, María Teresa Castillo Pasalodos.
Según la Fiscalía Anticorrupción, todos intentaban «obtener la adjudicación de un contrato público para realizar una sobrevaloración ficticia del coste de las obras de conservación y reparación de la sede de Mercasa y así conseguir a través de este informe mendaz, justificar la necesidad de un cambio de domicilio, y por otro lado, en actuar como intermediarios en la pretendida venta y adquisición de un inmueble o en su caso arrendamiento. Todo ello con la intención de obtener un beneficio económico y favorecer en su caso a un tercero».
No señalan claramente las fiscales quien era ese «tercero», pero todas las miradas confluyen en Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y en el mismo partido socialista.
El informe inicial de la UCO de Guardia Civil describe «las gestiones realizadas para obtener la adjudicación a Servinabar 2000 S.L. del expediente de contratación 04/21 DAF, cuyo objeto era la elaboración de un informe sobre el estado de conservación del inmueble y la valoración económica de las actuaciones necesarias para subsanar sus deficiencias. En el curso de dichas actuaciones se constató que una primera estimación de rehabilitación de 2.114.417,31 euros fue incrementada pocos días después hasta alcanzar 2.828.571,72 euros, elevándose los costes en más de 700.000 euros sin justificación técnica aparente». El citado inmueble era la sede de Mercasa en el madrileño Paseo de la Habana.
Por ese trabajo Servinabar cobró una factura por importe de 18.119,75 euros por los trabajos de ese informe sobre el estado de conservación.
Para las fiscales «los hechos descritos podrían ser constitutivos, indiciariamente, de delitos de tráfico de influencias, falsedad documental y malversación, presuntamente cometidos en el seno de una organización criminal«.
Además, tras la declaración del investigado José Ramón Sempere, así como de nueva documentación, «se evidenciaba la posible existencia de nuevas conductas penalmente relevantes relacionadas con la actividad de Mercasa».
Intervención en Mercasa
Por todos estos indicios la Fiscalía interesó que «la Unidad Central Operativa de Delitos Económicos remitiera a la Unidad de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada copia digitalizada de la documentación obrante en las evidencias intervenidas, con la finalidad de que emitiera un informe técnico sobre la regularidad de los expedientes relacionados con los hechos investigados y objeto del Atestado 188/2025. Dicha solicitud fue acordada mediante Providencia de 20 de julio de 2026».
Precisamente esta solicitud fue la que la defensa de Sempere intentó anular mediante un recurso de reforma, desestimado, y ahora lo hace en apelación, cuya desestimación piden las fiscales.
Pero ahora la Fiscalía deja claro que «precisamente los informes posteriores de la UCO pusieron de manifiesto la posible aparición de nuevos hechos y responsables relacionados con la estructura criminal inicialmente investigada. Por ello, no puede aceptarse que sea la propia defensa quien determine anticipadamente el perímetro objetivo de la investigación».
José Ramón Sempere, antes de llegar a Mercasa, fue concejal socialista del Ayuntamiento de Alicante, luego director general de Mercalicante entre 2008 y 2015 y estuvo al frente de Mercasa entre 2018 y 2024 antes de pasar a dirigir la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, donde tampoco está ya tras ser sustituido el pasado año.
La representación de las acusaciones populares también presentaron un escrito para oponerse al recurso de Sempere, por lo que es muy probable que el juez instructor acabe mandando esos datos al IGAE para su estudio y posterior informe.
