Los bomberos se coordinan «a gritos o por teléfono móvil». A dos años de la dana, UGT reclama una ley estatal de emergencias.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? UGT-SP y UGT-PV han exigido esta semana una ley estatal básica de bomberos que sustituya el marco vigente, la Ley de Bases del Régimen Local de 1985.
- ¿Quién está detrás? Los consorcios provinciales de Valencia, Alicante y Castellón, el sindicato y un proyecto de ley que quedó paralizado por el adelanto electoral.
- ¿Qué impacto tiene? Unos 22.000 efectivos en 130 servicios sin catálogo común de medios ni canales de radio compartidos.
El sistema que se coordina a gritos y que aún se apoya en una ley de 1985
El temporal Adam azotó hace unos días el norte de la provincia de Alicante y el sur de la de Valencia, con especial crudeza en Oliva. Para atender un solo municipio, los consorcios provinciales de las tres provincias movilizaron efectivos a la vez. Lo que podría leerse como solvencia, los sindicatos lo leen al revés: si tres provincias hacen falta para un pueblo, qué no hará falta para una crisis como la de 2024.
Almanzor Guerra, responsable federal del Sindicato de Bomberos y Bomberas de UGT-SP, lo contó con un ejemplo que retrata el día a día: «Ahora viene el compañero de Guadalajara a colaborar aquí en un gran servicio y, como no estamos coordinados por canales de emisoras ni nada, pues a gritos o con el teléfono móvil; oye, dame tu teléfono y, si me hace falta ayuda, te llamo». Guerra compareció acompañado por Helios Martín y Marcel Montero, representantes de UGT-PV en el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.
En España hay unos 22.000 efectivos repartidos en cerca de 130 servicios que dependen, sobre todo, de administraciones locales y autonómicas. Ninguno comparte un catálogo común de medios ni un protocolo único de comunicaciones. El marco que los ordena sigue siendo la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, escrita para un país con otra demografía, otro clima y otra exposición al riesgo.
De ahí los tres pilares que el sindicato quiere ver en la nueva norma. Primero, un mecanismo de coordinación estatal ágil, para trasladar efectivos entre comunidades sin demoras burocráticas y «que aísle las decisiones operativas de las disputas políticas». Segundo, un catálogo estatal de recursos humanos y materiales, «una herramienta transparente para conocer de antemano la disponibilidad de medios en todo el territorio nacional». Tercero, procedimientos integrados de activación: protocolos y frecuencias de radio comunes.
A eso se suma la desigualdad territorial. Según un estudio de prevención de riesgos laborales del propio sindicato, una intervención segura en un incendio estructural requiere de un mínimo de cinco efectivos —un mando y dos binomios—. En muchas zonas rurales quedan dos o cuatro bomberos de guardia. Y los parques situados fuera de las grandes áreas metropolitanas, sufren un déficit crónico de personal. «: es un mapa de desigualdades que solo se nota cuando llega la emergencia.
Dos años, 233 muertos y un proyecto de ley que se quedó en el cajón
El próximo jueves, 29 de octubre, se cumplen dos años de la dana que mató a 233 personas en la provincia de Valencia. La efeméride llega con el mismo diagnóstico encima de la mesa y con una ley menos en el cajón: el proyecto de ley básica de bomberos, impulsado por una plataforma sindical junto a Comisiones Obreras, quedó paralizado por el adelanto electoral cuando se negociaba con los grupos parlamentarios.
El sindicato insta al Gobierno y a las Cortes a retomar la iniciativa legislativa cuanto antes, para «dotar a los profesionales de las garantías necesarias y evitar que la seguridad dependa del código postal». La competencia es estatal: las comunidades organizan sus servicios, pero la ley básica que fija el suelo común se aprueba en Madrid. Ahí sigue pendiente.
No es la primera vez que España discute esto después de una catástrofe. La riada de Biescas de 1996, las inundaciones de Murcia en 2012 y los incendios de Galicia de 2017 dejaron informes, comisiones y promesas de coordinación. La ley básica de bomberos sigue sin existir. El sistema nacional de protección civil se apoya en la Ley 17/2015, que ordena la respuesta del Estado pero no unifica a los cuerpos locales: en torno a un bombero por cada 2.100 habitantes, con ratios muy distintas según el territorio.
El contraste con octubre de 2024 lo dibujan los propios hechos. Durante Adam se decretaron confinamientos y el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, siguió el operativo desde el primer momento. En 2024 no hubo aviso de confinamiento, y Carlos Mazón —hoy expresident y diputado en las Corts, tras dimitir el 3 de noviembre de 2025— se incorporó al Cecopi (el centro de coordinación de emergencias) ya de noche, con la alerta masiva enviada a los móviles.
El Escenario Valenciano
La petición sindical aterriza en una comunidad que lleva dos años discutiendo su propio modelo de emergencias. El Consell (el gobierno autonómico) que preside Juanfran Pérez Llorca sostiene el pacto con Vox desde diciembre de 2025, y la reconstrucción sigue marcando su relación con Madrid. PSPV y Compromís han convertido la gestión de la dana en su principal ariete parlamentario, mientras el expresident Carlos Mazón continúa vinculado al proceso judicial sobre su gestión de la emergencia.
En clave nacional, el asunto incomoda a ambos bloques: obliga al PP a moverse entre su responsabilidad en la Generalitat y su papel en el Congreso, y al Ministerio del Interior a explicar por qué el texto no ha vuelto a la Cámara. El calendario aprieta. El acto del 29-O devolverá la gestión de emergencias al centro del debate público, y cualquier gesto institucional se leerá en clave política. La siguiente cita, la vuelta del proyecto al Congreso, es la que UGT quiere que sea urgente. Si nada cambia, la próxima emergencia volverá a gestionarse con el mismo teléfono móvil.
Ficha del Caso
- El caso: UGT exige una ley estatal básica de bomberos que sustituya el marco de 1985 y ordene la coordinación entre administraciones ante danas, incendios y grandes emergencias.
- Datos importantes: 22.000 efectivos, 130 servicios, mínimo de cinco bomberos por intervención segura, 233 muertos en la dana del 29 de octubre de 2024 y un proyecto de ley paralizado por el adelanto electoral.
- Resumen: A dos años de la dana, la coordinación sigue dependiendo de la buena voluntad entre cuerpos. La ley básica es competencia estatal y su tramitación continúa bloqueada.
