La ARMH pide al Gobierno que frene la subasta de 700 objetos que los herederos de Franco retiraron del Pazo de Meirás.
Una puja madrileña con 700 lotes y un catálogo discutido
La petición, registrada formalmente ante el Gobierno central, reclama que sea la Fiscalía General del Estado la que promueva la suspensión cautelar de la puja. La Asociación por la Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) agrupa a descendientes de represaliados y lleva años litigando por el patrimonio del franquismo. En su escrito sostiene que la casa de subastas madrileña no ha acreditado la titularidad de lo que pone en el mercado.
El argumento central es de una simplicidad incómoda: los Franco deben demostrar que esos bienes “son de su propiedad y no fueron regalos a la jefatura del Estado”, en cuyo caso pertenecerían a Patrimonio Nacional. El catálogo de la puja afirma que el Pazo de Meirás fue propiedad de la familia durante décadas. La ARMH responde que eso es “una falsedad que ha quedado demostrada documental y judicialmente” y que semejante afirmación “siembra una duda razonable en torno a la propiedad de los objetos de la subasta”.
El terreno judicial está despejado. Una sentencia de 2020 condenó a los Franco a entregar el inmueble al Estado y en marzo de 2026 el Tribunal Supremo la confirmó. Las resoluciones incluyen la obligación del Estado de indemnizar a los herederos del dictador. La puja llega después de la derrota judicial y antes de que se cierre esa indemnización, con cerca de 700 objetos salidos del pazo camino de una sala de subastas de Madrid.
El Estado reclama, la Consellería mira y A Coruña se indigna
Emilio Silva, presidente de la ARMH, considera “incomprensible” que el Gobierno no haya sancionado a la familia Franco “por hacer uso de un bien público ilegalmente durante décadas”. También critica, según el texto remitido al Ejecutivo, que “no se fiscalice cuidadosamente cada uno de sus movimientos tratando de monetizar objetos que supuestamente eran del dictador, pero podrían ser regalos y pertenecer al Estado”.
La puja no discute el pasado: discute si el patrimonio de un jefe de Estado puede venderse en Madrid como recuerdos de familia.
Silva sube un escalón más: “Franco le arrebató a punta de pistola sus propiedades a miles de familias republicanas, entró en los almacenes de Patrimonio Nacional como si fueran su cuarto trastero, saqueando muebles, obras de arte y haciendo negocios con empresarios igual de corruptos que él”. Antes de dirigirse al Gobierno, la ARMH ya había escrito a la Delegación del Gobierno en Galicia y a la Consellería de Cultura para pedir medidas contra la subasta.
La Consellería de Cultura —el equivalente gallego de un ministerio autonómico— no consta que se haya pronunciado sobre el fondo del asunto. Quien sí lo hizo fue la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, que calificó a los Franco de “sinvergüenzas” por poner a la venta centenares de objetos retirados de Meirás: “Lo que tienen es lo que han robado”.
El Laboratorio Gallego
El Gobierno gallego tiene la pelota en su tejado y no es la primera vez. En la Xunta de Galicia, el ejecutivo autonómico con sede en Santiago de Compostela, gobierna el PPdeG con mayorías absolutas consecutivas desde 2009. El litigio por el pazo atravesó los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo y de Alfonso Rueda, y ahora es la Consellería de Cultura la que recibe la petición de la ARMH sin que conste, por ahora, medida alguna.
En el Parlamento de Galicia, la cámara unicameral de 75 diputados, el BNG tiene el escenario natural para exigir explicaciones: la memoria histórica figura entre sus señas programáticas desde hace años. El PSdeG, por su parte, ya tiene voz propia y dura en este asunto, la de la alcaldesa coruñesa, y no necesita esperar a ninguna sesión para utilizarla.
La decisión de fondo, sin embargo, no se tomará en Galicia. El destinatario de la petición es el Gobierno central y su herramienta es la Fiscalía General del Estado, así que el desenlace se leerá en clave nacional: qué hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando le piden paralizar una subasta privada de bienes que podrían ser públicos. En el PP no consta una toma de posición pública sobre la puja, pese a que el caso atravesó los años de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta. La pelota está en Madrid.
El calendario inmediato pasa por la Fiscalía, que debe resolver si pide la suspensión cautelar antes de que se cierre la puja; por la respuesta de la Consellería de Cultura a la asociación; y por la indemnización pendiente, un pago que la ARMH considera incompatible con cualquier venta adicional. Quien siga la política gallega sabe que estos asuntos se mueven despacio y acaban decidiéndose lejos. Si un particular puede vender lo que quizá nunca fue suyo es la pregunta que queda sobre la mesa.
Ficha del Caso
- El caso: La ARMH pide al Gobierno que paralice la subasta de cerca de 700 objetos que los herederos de Franco retiraron del Pazo de Meirás antes de entregarlo al Estado.
- Datos importantes: Sentencia de 2020 y confirmación del Tribunal Supremo en marzo de 2026; el Estado debe indemnizar a los herederos; la puja se celebra en Madrid y la suspensión cautelar correspondería pedirla a la Fiscalía General del Estado.
- Resumen: El desenlace no se decidirá en Galicia, sino en Madrid: qué hace el Gobierno ante una venta privada de bienes que podrían pertenecer a Patrimonio Nacional, con la Xunta como destinataria secundaria de la petición.
