La Guardia Civil investiga una red que habría traído a 25 embarazadas brasileñas a Las Merindades para parir en Burgos, según la Operación Janduis. Las mujeres, llegadas desde Bélgica y Francia, pagaban hasta 2.500 euros por un paquete con alojamiento, empadronamiento ficticio y parto en la sanidad pública, de acuerdo con la información del suplemento Crónica, de El Mundo, publicada este miércoles.
La alerta del centro de salud de Medina de Pomar
La voz de alarma la dio el centro de salud de Medina de Pomar. El pasado mes de mayo, las enfermeras comprobaron que varias mujeres brasileñas con recién nacidos figuraban empadronadas en el mismo domicilio. La Gerencia de Atención Primaria de Burgos trasladó el aviso a la Guardia Civil y el comandante Alejandro Hernández, jefe del Grupo de Información de la Comandancia de Burgos, asumió la investigación junto al Equipo Territorial de Policía Judicial.
Lo que apareció fue un patrón. Las mujeres llegaban con embarazos muy avanzados, daban las mismas direcciones al acudir a consulta, a veces el mismo teléfono y, en varios casos, entraban acompañadas por el mismo hombre. «Ahí empezamos a investigar y descubrimos que había una red criminal de brasileños y españoles que se dedicaban a lucrarse con este sistema», explica Hernández. Los cuatro presuntos integrantes figuran como investigados (la persona sobre la que recaen indicios en unas diligencias, sin acusación formal).
El perfil se repetía: brasileñas en el último trimestre de gestación que residían de forma irregular en Francia y Bélgica. Allí el parto les costaba dinero. Según el comandante, en Francia afrontaban unos 2.000 euros de factura sanitaria y el niño no obtenía la nacionalidad hasta acumular años de residencia legal. En España, la atención durante el embarazo y el parto es gratuita aunque la madre esté en situación irregular.
La trama habría empezado a operar en Medina de Pomar y Villarcayo a finales de 2025, según las pesquisas. Medina tiene 6.000 habitantes y entre 2019 y 2023 registró una media de 36 nacimientos al año. En diez meses, las mujeres del entramado sumaron 25 bebés más.
La Guardia Civil sitúa el inicio de la trama a finales de 2025 y cifra en 25 los partos registrados en solo diez meses en Las Merindades.
Del aeropuerto de Santander al piso compartido: paquetes de hasta 2.500 euros
La captación se hacía por redes sociales. Los anuncios en Instagram y Facebook ofrecían paquetes que arrancaban en 1.000 euros y llegaban a 2.500. Incluían una habitación compartida en la comarca, el desplazamiento al centro de salud y el acompañamiento en las oficinas. Ellas volaban por su cuenta desde Bruselas o París y aterrizaban en Santander, a unos 100 kilómetros, donde las recogía la organización.
Los roles estaban repartidos. Al frente, según la investigación, un vecino de Medina propietario de pisos que dirigía la estructura y compartía el control con un bilbaíno afincado en la localidad. Entre los dos gestionaban seis inmuebles en Medina y Villarcayo. La parte brasileña la formaban un hombre de 38 años, que captaba embarazadas en grupos de Facebook y hacía de chófer, y su mujer, que traducía ante médicos y funcionarios.
Los contratos de alquiler que servían para empadronar a las mujeres eran ficticios. Los pisos se compraban baratos, entre 40.000 y 50.000 euros, y se reformaban con varias duchas y neveras para alojar a más personas. Después del parto, según la Guardia Civil, la red presionaba a las madres para que se marcharan y dejaran libre la habitación.
El circuito se repetía una y otra vez.
El resquicio legal que convertía al recién nacido en español
El negocio se apoyaba en una norma del Código Civil. Es español de origen el niño nacido en España de padres extranjeros cuando la ley del país de los progenitores no le atribuye ninguna nacionalidad. La figura se conoce como declaración de nacionalidad con valor de simple presunción (un mecanismo pensado para evitar que haya menores apátridas) y afecta a 14 países, entre ellos Brasil.
Brasil no reconoce automáticamente como brasileño al hijo de sus ciudadanos nacido en el extranjero: exige inscribirlo en un consulado o que el menor fije después su residencia allí. Si ese trámite no se hace, el bebé nacido en Burgos queda sin nacionalidad y España se la concede. Con el DNI del recién nacido, los padres pueden solicitar el permiso de residencia. Después abandonan el país.
Solo esta caravana de Las Merindades ha beneficiado a 55 personas, contando a las madres y a los maridos, según los datos que maneja la Guardia Civil. Algunos llegaban únicamente al final del proceso para recoger los permisos.
La investigación sigue abierta: cuentas bancarias y empadronamientos ajenos
La Guardia Civil rastrea ahora las cuentas bancarias de los implicados para calcular el beneficio. La trama tenía una segunda vía de ingresos: empadronar en los mismos domicilios a inmigrantes en situación irregular sin relación con las embarazadas y cobrar por ello, según Hernández.
El bajo precio de la vivienda explica la elección del lugar. Una vecina del mismo portal relató a Crónica que uno de los pisos se compró por 38.000 euros. «En las grandes ciudades es súper habitual», sostiene el comandante, que atribuye la detección a que Las Merindades es una comarca pequeña.
El fenómeno no se limita a Burgos. En grupos públicos de Facebook, mujeres brasileñas comparan hospitales, precios de alquiler, y registros civiles para elegir dónde dar a luz. Varias descartan Málaga, Murcia y Valencia y citan Oviedo, Badajoz o Cantabria. En agosto, un participante anónimo avisaba de que algunas nacionalidades estaban siendo denegadas.
La Guardia Civil no ha informado de detenciones relacionadas con la Operación Janduis. Las diligencias siguen abiertas y se centran en el rastro del dinero. Ninguno de los señalados ha sido condenado.
