La Sindicatura de Comptes ha detectado contratos sin licitar, un posible fraccionamiento y la ausencia de medidas anticorrupción en el Ayuntamiento de Castelló.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Sindicatura de Comptes ha emitido un informe que aflora contratos sin tramitar ni licitar, un posible fraccionamiento y la falta de medidas anticorrupción en el Ayuntamiento de Castelló.
- ¿Quién está detrás? El consistorio de la capital de la Plana, gobernado por PP y Vox. El documento analiza los ejercicios 2024 y 2025 y formula recomendaciones al equipo de gobierno.
- ¿Qué impacto tiene? El órgano fiscalizador advierte de posibles responsabilidades administrativas para autoridades y personal municipal, y de una «técnica presupuestaria deficiente».
Ocho expedientes en 2024, ocho en 2025 y 30 millones pagados sin contrato previo
El órgano estatutario de control externo de la Comunitat Valenciana —la Sindicatura de Comptes, encargada de fiscalizar la gestión económica, financiera y presupuestaria del sector público autonómico y local, el equivalente valenciano del Tribunal de Cuentas— ha emitido un informe sobre los procedimientos de contratación de los ejercicios 2024 y 2025 en la capital de la Plana. En términos generales, el documento considera la actividad conforme. Solo en términos generales.
Porque el texto aflora «un volumen significativo de gastos ejecutados con ausencia de crédito adecuado y suficiente», además de «casos de incumplimiento reiterado de la omisión de tramitación y, en su caso, de licitación de los contratos, cuando se está legalmente obligado a esto». La Sindicatura añade que esa práctica «podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades administrativas» para las autoridades y el personal al servicio del consistorio.
Los números que sostienen la advertencia son dos. En 2024 se aprobaron ocho expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos —el mecanismo por el que un ayuntamiento paga facturas que no tenían consignación presupuestaria— por 13.897.960 euros. En 2025, otros ocho, por 16.356.870 euros. Más de 30 millones en obligaciones que no se adquirieron debidamente.
Las cifras no cierran. La Sindicatura describe esa vía como «una práctica habitual» del Ayuntamiento, con «importes significativos», que obliga a enmendar los ejercicios posteriores. Y señala el origen: la técnica presupuestaria. No se adjuntan como anexo los planes y programas de inversión y financiación a cuatro años, ni el programa anual de actuación de la mercantil Reciclados de Residuos La Plana, SA, ni las características y condiciones financieras que exige el artículo 18.1 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
En materia de contratación hay más. De los expedientes revisados no constan los informes jurídicos previos, preceptivos, que debe emitir la asesoría jurídica según la Ley de Contratos del Sector Público. Y algo más incómodo: en la mayoría de los expedientes «no hay constancia que se adoptan medidas específicas para la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de interés», en los términos del artículo 64.1 de la misma norma.
El órgano fiscalizador no habla de corrupción: habla, literalmente, de que el Ayuntamiento no acredita tener herramientas para prevenirla.
El capítulo de los contratos menores merece párrafo aparte. El consistorio rindió en 2025 un total de 869 contratos menores por un importe adjudicado de 4.965.249 euros. Entre ellos, la Sindicatura identifica dos adjudicados a un mismo empresario por 29.998 euros para dos proyectos destinados a colectivos con necesidades especiales. Cada uno, 14.999 euros: justo por debajo del umbral legal. Con fechas de prestación consecutivas, el informe «hace suponer que en realidad se trata de una misma necesidad que ha sido fraccionada en dos contratos».
Traducido: dos contratos que quizá eran uno solo, y un modelo normalizado de informe que se limita a repetir el tenor literal de la ley, sin la motivación que exige el artículo 118.2.
De la recomendación a la posible responsabilidad administrativa
La Sindicatura no se queda en el diagnóstico. Formula recomendaciones que dibujan, en negativo, cómo funciona hoy el Ayuntamiento. Le pide elaborar sus presupuestos «de manera adecuada», sin recurrir al reconocimiento extrajudicial, un mecanismo que «pone de manifiesto una técnica presupuestaria deficiente». Le pide revisar saldos antiguos pendientes de cobro que puedan estar prescritos. Y le pide algo llamativo: que garantice que no se transfieran fondos de pagos a justificar a cuentas que no sean de titularidad municipal y que no se entregue dinero en metálico a ningún empleado ni regidor.
El capítulo de subvenciones completa el retrato. El informe resumen anual de control interno de 2024 constata incumplimientos de la Ley General de Subvenciones y de la propia ordenanza municipal: plazos de presentación de la solicitud, requisitos de publicidad, falta de memoria final detallada, demora en resolver y notificar, cuentas justificativas sin tramitar o presentadas fuera de plazo. A eso se suma un número «elevado» de facturas rechazadas por falta de IBAN y pagos realizados fuera del periodo legal de pago. Sin intereses de demora. Sin indemnización por los costes de cobro.
El pacto aguanta, por ahora.
El Escenario Valenciano
En Castelló de la Plana, el informe aterriza en un ayuntamiento gobernado por PP y Vox que sacó adelante, con sus votos, el presupuesto de 2026 por encima de los 253 millones de euros. El documento no cuestiona el color político de las decisiones, sino la arquitectura administrativa que las sostiene. Eso sí, en la política valenciana ese matiz importa poco cuando el relato ya está escrito: la oposición de PSPV y Compromís dispone ahora de un informe oficial —no un tuit, no una denuncia— para exigir explicaciones en el Pleno, mientras el Consell de Juanfran Pérez Llorca observa desde la distancia prudencial que permite saber que el foco está en la capital de la Plana y no en el Palau.
La dimensión nacional también pesa. La fiscalización de la contratación menor es una de las vías por las que el Tribunal de Cuentas ha advertido en informes anteriores sobre el recurso extensivo a este tipo de encargos en las entidades locales, una práctica que reduce la concurrencia y diluye el control. Para el PP, que sostiene gobiernos de coalición con Vox en decenas de consistorios, cada informe de este tipo añade ruido a un debate que la dirección nacional preferiría tener cerrado, y refuerza el argumento de la oposición estatal sobre la necesidad de reforzar la fiscalización de la contratación local.
La pelota está en el Pleno. El Ayuntamiento debe responder a las recomendaciones en la próxima Cuenta General, y las elecciones municipales de mayo de 2027 funcionan ya como marco de todo. En paralelo, la Sindicatura es un órgano dependiente de las Corts Valencianes, que nombran a su síndic major, de modo que sus conclusiones tienen recorrido parlamentario: la comisión de Hacienda puede reclamar al consistorio un plan de corrección con calendario. Si no lo hay, el próximo informe lo dirá.
Ficha del Caso
- El caso: La Sindicatura de Comptes fiscaliza la contratación del Ayuntamiento de Castelló en 2024 y 2025 y detecta gastos sin crédito, contratos sin tramitar, un posible fraccionamiento y ausencia de medidas anticorrupción.
- Datos importantes: 16 expedientes de reconocimiento extrajudicial por 30.254.830 euros; 869 contratos menores en 2025 por 4.965.249 euros; dos encargos de 14.999 euros a un mismo empresario; incumplimientos de los artículos 18.1 de la LRHL y 64.1 y 118.2 de la LCSP.
- Resumen: El informe abre la puerta a responsabilidades administrativas y traslada el foco político al equipo de gobierno de PP y Vox en la capital de la Plana, a menos de un año de las municipales.
