A Illa de Arousa pagará 1,34 millones en diez años por el edificio decomisado a Marcial Dorado para hacer 15 viviendas públicas.
El Concello (el ayuntamiento) ha cerrado un acuerdo con el Plan Nacional sobre Drogas para quedarse con la finca que el narcotraficante tenía en O Xufre, con un edificio en construcción de bajo y dos plantas. El inmueble figuraba en la subasta del próximo 19 de noviembre: cuando el consistorio anunció su intención de comprarlo, el lote salió de la puja.
1,34 millones, diez años de plazo y un lote que sale de la subasta
La operación se cierra en 1,34 millones de euros con un pago aplazado en diez años, según explicó el alcalde, Luis Arosa, en sus redes sociales. El regidor socialista resumió el sentido de la compra: que «donde antes hubo dinero del narcotráfico, haya hogares, familias y futuro».
El destino será un bloque de quince viviendas públicas, a las que podrían sumarse los dos grandes bajos comerciales del proyecto. «Podrían transformarse también en viviendas», reconoce Arosa, que deja abierta la cifra final. La obra, eso sí, está sin terminar.
El alcalde admite que «15 viviendas no resuelven todo el problema», aunque defiende la escala de lo pequeño: «cada vivienda cuenta, cada paso cuenta». El Concello cifra en más de 1,6 millones de euros comprometidos en vivienda pública sumando esta actuación y mantiene pendiente el proyecto de la Avenida da Ponte.
Quince viviendas no cambian el mapa de la vivienda en Galicia, pero convierten un inmueble del narcotráfico en patrimonio público municipal.
La compra no cierra el expediente, lo abre. Falta la formalización del pago plurianual, la culminación de una obra inacabada y el eventual paso de los bajos a viviendas, que exige una modificación urbanística. Ninguna de esas tres cosas es automática.
Quince llaves en un municipio pequeño
En A Illa de Arousa, municipio pontevedrés gobernado por el PSdeG, la vivienda pública se juega en el terreno de lo municipal. El IGVS (Instituto Galego da Vivenda e Solo, el organismo autonómico que gestiona el parque público de la Xunta) fija el marco, pero son los ayuntamientos los que rastrean suelo y ocasiones como esta.
Al cierre de esta información no constaban valoraciones públicas del PPdeG ni del BNG, las dos formaciones con mayor presencia institucional en la comunidad.
El debate de fondo es otro. Galicia arrastra un problema de acceso a la vivienda que se concentra en las áreas urbanas, y en buena parte del litoral, con un parque público pequeño frente al stock privado. Un edificio decomisado convertido en pisos es una excepción administrativa, no una política.
El Laboratorio Gallego
La política gallega lleva más de quince años con el PPdeG gobernando en mayoría absoluta —primero Feijóo, después Alfonso Rueda—, con el BNG como primera fuerza de la oposición y el PSdeG en tercer lugar. Gestos como este miden algo que no aparece en las votaciones del Parlamento de Galicia: cuánto margen tienen los concellos ante un problema que la Xunta administra y los vecinos viven.
La lectura nacional va por el marco, no por el gesto. El edificio se compra al Plan Nacional sobre Drogas, un organismo del Estado, y se paga a diez años con cargo a las cuentas de un ayuntamiento pequeño. El modelo es replicable en cualquier comunidad con activos decomisados: la costa gallega, el Campo de Gibraltar o el litoral mediterráneo. El PP insiste en que la solución pasa por más suelo; el PSOE, por movilizar el parque público. Que la llave la gire un alcalde socialista tiene su lectura.
Los plazos son concretos. La subasta del 19 de noviembre quedará sin este lote, el pago se prolongará hasta bien entrada la próxima década y la conversión de los bajos depende de una modificación urbanística sin fecha. De momento, quince llaves. La incógnita es si la Xunta acompaña con fondos o si el Concello asume en solitario terminar el edificio.
Ficha del Caso
- El caso: El Concello de A Illa de Arousa compra al Plan Nacional sobre Drogas la finca decomisada a Marcial Dorado en O Xufre antes de que saliera a subasta.
- Datos importantes: 1,34 millones de euros pagaderos en diez años; quince viviendas previstas; dos bajos comerciales que podrían convertirse; más de 1,6 millones comprometidos por el Concello en vivienda pública.
- Resumen: Un bien decomisado pasa a patrimonio municipal y engorda el parque público de un municipio pequeño, una vía replicable por el Estado y por otros ayuntamientos.
