EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha confirmado que la comunidad y el Estado siguen perfilando la «redacción exacta» de la propuesta para limitar la compra de vivienda a extranjeros no residentes.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo autonómico de Coalición Canaria y PP, que ha enviado la propuesta a Madrid tres años después, y el Gobierno central, que se comprometió a tramitarla en el marco de los decretos Mari Carmen.
- ¿Qué impacto tiene? El texto contempla exigir diez años de residencia continuada o quince si es discontinua, en un mercado donde los compradores extranjeros concentran alrededor del 30% de las operaciones.
El Gobierno canario y el Estado ultiman la norma que limitará la compra de vivienda a extranjeros, sin texto ni calendario público.
Diez años de residencia continuada: el requisito que aún no tiene texto
La comparecencia posterior al Consejo de Gobierno dejó una certeza y ninguna fecha. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, explicó que Canarias y el Estado continúan perfilando la «redacción exacta» de la propuesta enviada a Madrid para limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes. El texto, tal y como está planteado, exigiría diez años de residencia continuada en las islas, o quince si esa residencia ha sido discontinua.
La propuesta existe. Lo que no hay es norma publicada. El compromiso nació en el marco de los conocidos como decretos Mari Carmen (el paquete normativo que el Gobierno central negoció con los grupos parlamentarios y en el que Canarias arrancó esta cesión). Cabello confió en que el texto pueda llegar al Consejo de Ministros (la reunión semanal del Ejecutivo central que aprueba decretos y leyes antes de remitirlos al Congreso) antes del 29 de noviembre, la fecha de las elecciones generales. Ambas administraciones siguen buscando, eso sí, «el momento adecuado» para llevarlo allí.
El calendario no es un detalle menor. Durante los últimos tres años, el Gobierno de Canarias no había remitido al Estado ninguna medida en este sentido. Lo ha hecho ahora, después de que el estallido social por el derecho a la vivienda haya llevado hasta tres acampadas a las islas y con las elecciones generales ya convocadas. Tanto Coalición Canaria como el PP han votado en contra en el Parlamento de Canarias (la cámara autonómica, con 70 diputados) de distintas iniciativas dirigidas a limitar esas compras.
Qué cambia para quien quiere comprar una casa en las islas
En el archipiélago, el comprador extranjero no residente concentra alrededor del 30% de las operaciones inmobiliarias, según los datos que maneja el propio Ejecutivo autonómico. Es un peso que en el conjunto del país queda muy por debajo, de acuerdo con los registros del sector. El mercado canario no se comporta como el peninsular. Sobre una población de más de 2,2 millones de habitantes, el parque residencial soporta una presión que se mide en precios y en listas de espera de vivienda pública.
Hay un límite jurídico que conviene no perder de vista: la competencia sobre extranjería y sobre las condiciones de acceso a la propiedad de quienes no residen en España es estatal, no autonómica. Canarias puede proponer, negociar y presionar. Aprobar, no. Ese reparto competencial explica por qué la medida lleva tres años rebotando entre Las Palmas de Gran Canaria y el Ejecutivo central sin convertirse en derecho aplicable, y también por qué el texto necesita un acuerdo político antes que un trámite administrativo.
Canarias lleva tres años anunciando esta limitación y, con las urnas a la vista, la norma sigue sin texto, sin plazo y sin fecha.
Las plataformas ciudadanas por la vivienda han convertido el asunto en su principal bandera de movilización. Nadie discute ya el diagnóstico. La discrepancia está en los instrumentos: si basta con exigir residencia acreditada o si hace falta tocar también la fiscalidad de la compra y el uso turístico de las viviendas.
El Pulso Territorial
El Ejecutivo de Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente, gobierna desde 2023 con una mayoría ajustada que le obliga a buscar apoyos puntuales en cada votación. Esa aritmética estrecha explica parte de la tardanza: la limitación a no residentes ha funcionado durante la legislatura más como anuncio que como proyecto cerrado. El propio Clavijo la ha desempolvado en varias ocasiones sin llegar a traducirla en un texto normativo, y ahora el calendario electoral aprieta.
El debate tampoco es un caso aislado en el mapa autonómico: otras comunidades con presión turística, como Baleares, han discutido fórmulas parecidas sin aprobarlas, lo que deja a Canarias como el territorio que más lejos ha llegado en la negociación con el Estado. La comparación sirve de aviso. Si el Consejo de Ministros no se pronuncia antes del 29 de noviembre, el compromiso quedará a merced del resultado electoral y de la composición del próximo Congreso. Continuamos de cerca el expediente.
Ficha Autonómica
- El caso: Canarias reclama al Estado un marco que limite la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes para frenar la tensión del mercado residencial en el archipiélago.
- Datos importantes: la propuesta plantea diez años de residencia continuada o quince discontinua. Los compradores extranjeros concentran cerca del 30% de las operaciones inmobiliarias en las islas. El Parlamento de Canarias cuenta con 70 diputados.
- Resumen: el texto sigue en fase de «redacción exacta», sin plazo público. El Ejecutivo canario confía en que llegue al Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
