La Guardia Civil ha detenido a dos activistas y ha registrado dos locales de ONG que atienden a migrantes en Ceuta, según el Instituto Armado. Los arrestos se enmarcan en una investigación contra una organización humanitaria a la que se atribuye haber incitado a personas migrantes a atacar a los agentes desplegados en la ciudad autónoma.
Los dos detenidos son un hombre y una mujer. Uno de los arrestos se practicó en Ceuta y el otro en Valencia. La hipótesis de la investigación es una supuesta incitación a atacar a las fuerzas de seguridad, un extremo que por el momento no ha sido detallado oficialmente ni en sus indicios ni en la atribución concreta a una entidad determinada.
Qué ha confirmado la Guardia Civil sobre el operativo
El dispositivo arrancó pasadas las 6:30 de la mañana del jueves 22 de octubre, con entradas y registros en dos espacios: uno en la zona de la Almadraba y otro en el polígono industrial del Tarajal. Las actuaciones contaban con autorización judicial —el permiso del juez que habilita la entrada y el registro— y en ellas participaron agentes de las unidades de Policía Judicial e Información, según la versión de la Guardia Civil.
En las primeras horas, el Instituto Armado trasladó que no se habían producido detenciones. Sí confirmó que tres varones migrantes habían sido conducidos desde el local de la Almadraba en vehículo oficial y puestos a disposición de la Policía Nacional para su filiación.
Medios locales apuntaron además a la presencia de integrantes de una ONG en el exterior de la nave del Tarajal, que habrían entregado sus teléfonos antes de ser conducidos por los agentes. Los registros concluyeron pasadas las 10:00, con retirada de cajas con material de los dos espacios.
Los registros se practicaron con autorización judicial en la Almadraba y el Tarajal, y la investigación continúa abierta.
El local del Tarajal quedó clausurado.
Las dos detenciones y su condición procesal
Los arrestos se comunicaron horas después del inicio del operativo. Ninguno de los dos detenidos ha sido condenado y ambos deben ser tratados como presuntos autores (las personas a las que se atribuyen los hechos, sin que exista aún condena). Fuentes del Instituto Armado no han detallado los indicios que sostienen la imputación ni han concretado a qué entidad se atribuye la conducta que se investiga.
No consta condena alguna.
La versión de No Name Kitchen
Las instalaciones de la Almadraba han sido utilizadas por la ONG No Name Kitchen, aunque en esos locales trabajan de forma coordinada más de una organización dedicada a preparar alimentos, ropa y bienes de primera necesidad para personas migrantes que viven en la calle en Ceuta. Tras conocer el operativo, la entidad emitió un comunicado en el que niega que alguno de sus integrantes haya sido detenido o tenga una orden de detención.
La organización asegura que durante el registro no se halló ningún objeto ilícito —en concreto, armas, explosivos ni aerosoles de gas pimienta— y sostiene que nunca ha tenido ese material. También niega haber alojado en sus instalaciones a personas en situación administrativa irregular.
No aparecieron armas, según la entidad.
Sobre el desarrollo de la intervención, el comunicado plantea varias objeciones:
- Que los agentes habrían entrado derribando la puerta, sin llamar ni comunicación previa.
- Que los miembros del equipo fueron tumbados en el suelo y maniatados.
- Que no se explicaron los motivos ni los indicios del registro y que no se designaron testigos reconocidos por la entidad.
- Que no se entregó acta de la actuación ni inventario firmado de los objetos intervenidos, entre ellos teléfonos y ordenadores.
El comunicado enmarca la intervención en lo que la entidad considera una ‘campaña de criminalización e intimidación’ contra su trabajo en Ceuta y señala que hace aproximadamente un mes una patrulla del Ejército bloqueó el acceso a su edificio.
En qué punto está la investigación
No Name Kitchen ha anunciado que continuará con su actividad de reparto de comida, cura de heridas y acompañamiento legal, y que recurrirá a la vía judicial frente a las actuaciones que considere injustificadas y frente a los medios que, a su juicio, hayan difundido información falsa.
La Guardia Civil no había comunicado al cierre de esta información el resultado definitivo de las actuaciones y mantiene la causa abierta. Las entradas y registros se practicaron con autorización judicial, un requisito que obliga a motivar ante el juez los indicios previos. El Instituto Armado tampoco ha concretado a qué entidad atribuye la conducta investigada ni ha hecho públicos los indicios que la sostienen.
