El PP andaluz respalda en el Parlamento de Andalucía la PNL de Vox sobre inmigración y vivienda. La iniciativa exige al Gobierno central garantizar la prioridad de los españoles en el acceso a una vivienda protegida y vincula la crisis habitacional con la llegada de población extranjera.
La votación se ha saldado con 63 votos a favor y 41 en contra, con el respaldo del Grupo Popular y del grupo parlamentario de Vox y el rechazo del PSOE andaluz, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Se trata de una proposición no de ley (PNL), el instrumento con el que la Cámara fija su posición política sin valor normativo directo. La ha defendido el diputado de Vox Ricardo López, que ha cifrado en 750.000 viviendas el déficit entre los alojamientos disponibles y las personas que buscan uno.
Qué propone Vox y con qué argumentos
La PNL registrada en el Parlamento de Andalucía reclama al Ejecutivo central que garantice ‘la prioridad nacional de los españoles’ tanto en el acceso a una vivienda social o protegida como para ser receptor de cualquier ayuda pública vinculada al alojamiento. Para hacerlo efectivo, pide al Gobierno que proceda a ‘la repatriación de todos los inmigrantes que hayan entrado o permanezcan en España de forma ilegal.
Junto a ello aparece la remigración —el retorno de los extranjeros que, según el texto, ‘pretendan vivir del sistema de ayudas sociales y recursos públicos’— y la ‘deportación inmediata’ de quienes cometan delitos graves o hagan del delito leve su forma de vida. El apartado fiscal completa la propuesta: fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios, límite a la demanda extranjera no residente y supresión de cargas fiscales en la compra de primera vivienda por españoles.
Sobre esa base se construye el argumentario. El texto sostiene una relación ‘directa e innegable’ entre la escasez de vivienda y las ‘políticas de fronteras abiertas’, y la resume así: ‘Resulta matemáticamente incontestable que introducir cinco millones de potenciales demandantes en un mercado donde se construyen menos de quinientas mil viviendas aboca, de forma ineludible, a una crisis de oferta sin precedentes’. López lo trasladó al hemiciclo en una frase: ‘Esto son matemáticas, esto no es xenofobia’.
El voto del PP y el contraataque de la oposición
El respaldo del Grupo Popular ha llegado sin matices públicos sobre el fondo del texto. El diputado del PP Manuel García Delgado ha centrado su intervención en la gestión del Gobierno de España: ‘Exigimos al Gobierno de España que asuma su responsabilidad. Nuestro compromiso siempre será con los andaluces, más viviendas asequibles, menos trabas y más ayudas para las familias’.
La PNL no cambia ninguna ley, pero deja al PP andaluz firmando el vínculo entre inmigración y vivienda que Vox defiende desde hace años.
La oposición ha cargado contra el contenido. El parlamentario del PSOE andaluz Daniel Pérez ha subrayado que la iniciativa ‘no habla de una sola casa, de un solo ladrillo ni de una sola ayuda al alquiler’ y que la prioridad nacional ‘rezuma odio y xenofobia’. Luis Rodrigo, de Adelante Andalucía, ha sostenido que Vox ‘necesita a los inmigrantes para culparlos de todos los problemas’, mientras Ernesto Alba, de Por Andalucía, ha apuntado a los fondos de inversión extranjeros. López ha replicado que el Ejecutivo central ha convertido la vivienda en ‘un vehículo electoral’.
El voto del PP llega un día después de que Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno presentaran el programa de vivienda del PP para las próximas elecciones, un documento que no establece relación alguna entre inmigración y falta de alojamiento. En campaña, el presidente andaluz aseguró que no participaría de ninguna ‘cacería’ al inmigrante. El acuerdo firmado con Vox tras las elecciones de mayo incorporó, sin embargo, la ‘prioridad nacional’ que él mismo había calificado de ‘literatura’.
La estrategia de Vox: instalar el marco y medir al PP
El precedente es elocuente. En 2019, cinco minutos después de la toma de posesión de los primeros consejeros de Moreno, Vox hizo públicas sus exigencias para que sus 12 diputados sostuvieran al Gobierno andaluz; la primera era que la Junta colaborase en la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales. Siete años después, el umbral del debate es otro y la iniciativa sale adelante con el voto popular.
La concreción tampoco se ha quedado en el papel. Esta misma semana, el Ejecutivo andaluz ha suspendido las ayudas públicas que desde 2023 adjudicaba a Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta para gestionar pisos de acogida de personas sin hogar, un programa que atendía a 315 personas en las ocho provincias.
Para Vox, la votación vale más por lo que instala que por lo que obliga. Coloca en el Parlamento andaluz un marco —la inmigración como variable de la política de vivienda— que el PP rechazaba hace un año y que ahora suscribe en el hemiciclo. Y lo hace donde ambos gobiernan juntos, lo que refuerza la posición del partido en la coalición. La pelota queda ahora en el Gobierno de la Nación, que no está obligado a cumplir la PNL, y en un PP al que Vox seguirá midiendo por lo que vota en Andalucía y por lo que firma en Madrid.
