EN 30 SEGUNDOS
- ¿A quién afecta? Investigadores que terminan el máster o empiezan la tesis y buscan un contrato de cuatro años, además de universidades públicas y privadas, fundaciones IMDEA y hospitales de la red autonómica.
- ¿Cuándo ocurre? La convocatoria se publicará en el BOCM en noviembre de 2026 y el plazo de solicitud será de un mes desde esa publicación.
- ¿Qué cambia hoy? El Consejo de Gobierno blinda 36 millones hasta 2030 para 200 contratos: 30.000 euros brutos anuales los tres primeros años y 35.000 en el cuarto si se obtiene el doctorado.
El programa de ayudas a jóvenes investigadores de la Comunidad de Madrid ya tiene dinero: 36 millones hasta 2030 y 200 contratos de cuatro años.
La dotación que aprobó el Consejo de Gobierno esta semana fija un salario bruto de 30.000 euros anuales durante los tres primeros años de contrato. En el cuarto, la cuantía sube a 35.000 euros con una condición: el investigador tiene que haber obtenido ya el grado de doctor. El objetivo declarado es que los predoctorales terminen su tesis en ese margen y logren además la mención de Doctorado Internacional.
Porque hay más dinero detrás de la nómina. La convocatoria cubre la totalidad de los costes de Seguridad Social y la indemnización por fin de contrato, con un importe anual de 40.500 euros durante los tres primeros ejercicios y de 47.250 en el último. A eso se suman 12.000 euros por investigador para estancias en el extranjero y la financiación de las tasas de matrícula.
Las cuentas cuadran con lo comprometido. Doscientos contratos a 168.750 euros cada uno suman 33,75 millones. Si se añaden los 12.000 euros de movilidad por plaza, la cifra rebasa los 36 millones anunciados sin contar todavía las matrículas. Traducido a mensualidades, un predoctoral de primer año cobra 2.500 euros brutos al mes en doce pagas.
Y ahí aparece el primer punto débil del diseño. Esa nómina, correcta sobre el papel, se queda justa en una de las regiones con el alquiler más caro de España en cuanto el investigador deja de compartir piso. La dotación para estancias en el extranjero ayuda, pero también empuja a buscar alojamiento fuera con el contrato ya en marcha y la tesis a medio hacer.
Un contrato de cuatro años con 35.000 euros en el último tramo solo funciona si el investigador puede pagar el alquiler en los tres anteriores.
Quién puede pedir las ayudas y quién se queda fuera
El dinero no llega a investigadores sueltos: lo solicitan las entidades. Podrán optar a estas subvenciones las universidades públicas y privadas de la región, las fundaciones de los IMDEA, los organismos públicos de investigación, las entidades de investigación biomédica de los hospitales de la red autonómica, las instituciones sanitarias vinculadas, o concertadas con el Sistema Nacional de Salud y otras entidades sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la I+D+i.
Solo hay una fecha cerrada. La convocatoria se publicará en noviembre de 2026 en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y el plazo de solicitud será de un mes desde esa publicación. Quien esté terminando el máster este curso tiene ahí su ventana: expediente, memoria del proyecto y aval del grupo de investigación conviene tenerlos listos antes de que aparezca la resolución.
Lo que los 36 millones no arreglan
Doscientas plazas son muchas en términos absolutos y pocas frente a la demanda real. Cada curso salen de las universidades madrileñas miles de egresados de máster con interés en investigar, y este programa cubre una fracción mínima de esa bolsa. Otras comunidades como Cataluña o el País Vasco mantienen convocatorias equivalentes, de modo que la competencia por el mismo perfil es directa: un candidato con buen expediente compara cuantía, duración y, sobre todo, si el cuarto año está garantizado, según la información difundida por el Gobierno regional.
La segunda cuestión es a quién se le entrega el dinero. La convocatoria incluye expresamente a las universidades privadas, una decisión que no es nueva en la Comunidad pero que sigue generando suspicacias: se financian con fondos públicos contratos predoctorales en instituciones de titularidad privada y la información facilitada no detalla qué peso tendrá cada tipo de entidad en el reparto. El BOCM tendrá que aclararlo en las bases.
Y está el incentivo del último año. Condicionar los 5.000 euros extra a la obtención del título de doctor premia el resultado, no el proceso, en un sistema donde la lectura de la tesis depende de tribunales, revisiones y calendarios que el investigador no controla del todo. El mensaje que cala en los grupos es incómodo: mejor no arriesgar con una tesis ambiciosa que llegue tarde.
El siguiente hito es concreto. La convocatoria llegará al BOCM en noviembre, el plazo se abrirá un mes y las universidades e institutos tendrán que seleccionar candidatos en tiempo récord si quieren cubrir las 200 plazas. Los contratos, en el mejor de los escenarios, no estarán firmados antes de 2027. Para entonces, quienes terminen el máster en junio habrán tenido que decidir si esperan otra ronda o hacen las maletas.
