Madrid se queda fuera de los 180 millones en ayudas a la vivienda que el último Consejo de Ministros ha aprobado repartir entre municipios de cinco comunidades autónomas. El PSOE de Madrid señala a Isabel Díaz Ayuso: sin aplicar la ley estatal, la región no tiene ventanilla a la que llamar.
La acusación la puso encima de la mesa este sábado el secretario de Vivienda del PSOE-M, Pablo Torres. Su argumento es que el reparto alcanza a 317 municipios de las comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. Madrid no ha declarado ninguna. Y sin ese paso previo no hay financiación directa.
De momento, cero euros.
El mapa del reparto explica el tamaño de la ausencia. Catalunya concentra 271 municipios y 119,4 millones; Euskadi recibe 31 millones para 18 municipios; Navarra, 13,3 para 21; Galicia, 10,2 para dos; Asturias, 5,9 para cinco. La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios, es el mercado residencial más caro del país y no aparece en la lista.
Los 180 millones que Madrid no podrá reclamar
El acuerdo del Consejo de Ministros no distribuye por habitantes ni por precio del alquiler. Distribuye entre ayuntamientos que previamente hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado, la figura que introdujo la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. En la región no hay ninguna declarada, y ahí está el nudo.
Los destinos del dinero están tasados: promoción y rehabilitación de vivienda, soluciones habitacionales alternativas para alquiler asequible o social, compra de suelo con edificabilidad residencial, desarrollo y urbanización de suelo para uso residencial, adquisición de viviendas, y cobertura por impago de contratos de arrendamiento. Son las mismas herramientas que la Consejería dice manejar, pero con cargo al erario estatal.
La factura de no mover ficha se paga en millones, pero sobre todo se paga en inquilinos que siguen sin ver una alternativa.
La Comunidad de Madrid no ha valorado públicamente, por ahora, la acusación del PSOE. Tampoco consta que el Gobierno regional tenga previsto declarar zonas tensionadas en esta legislatura.
Por qué la Comunidad sostiene que no necesita la ley estatal
La tesis que el PP de Madrid repite desde la tramitación de la norma es conocida: declarar zonas tensionadas topa precios y, con ello, desincentiva la oferta de alquiler. Desde el Ejecutivo autonómico se ha defendido en distintas comparecencias que su política pasa por ampliar el parque público antes que por intervenir el mercado. Ahí está el Plan Vive y, mucho antes, el Plan Alquila de 2008.
Torres lo enmarca de otra manera. ‘En la región donde más se ha encarecido la vivienda, donde se expulsa a los madrileños por culpa de los alojamientos turísticos, donde se venden edificios enteros a fondos buitres, la señora Ayuso se permite el lujo de rechazar millones de euros del gobierno de España’, subrayó, según recoge Gacetín Madrid. El PSO-M mantiene abierta la presión en la Asamblea.
Lo que se juega el inquilino madrileño más allá del titular
Conviene poner las cifras en su sitio. Los 180 millones entre 317 municipios salen a unos 567.000 euros por consistorio, poco más de medio millón que en ningún caso resuelve un problema estructural. Es dinero útil, no una política de vivienda completa. Y esa es la primera trampa del titular: quien espere aquí la solución al precio del alquiler madrileño se va a equivocar.
La comparación con Catalunya tampoco es casual. Allí 271 municipios han declarado zonas tensionadas y por eso entran en el reparto; en Madrid, ni uno solo. La diferencia no es de necesidad, es de decisión política. Con un parque de alquiler tensionado desde hace una década, el mercado madrileño es el que más ha subido de España en los últimos ejercicios, según los registros del propio sector.
Hay un segundo matiz que el PSOE-M no subraya tanto: la convocatoria es extraordinaria y de carácter puntual. No sustituye a los presupuestos autonómicos ni compensa el esfuerzo que la Comunidad ya hace con recursos propios. Pero sí abre una brecha de criterio. Si el marco estatal es la puerta de entrada a la financiación directa, cada convocatoria futura que exija la declaración de zonas tensionadas dejará a Madrid exactamente en el mismo sitio.
La cuenta no sale para el inquilino.
No hay fecha en el calendario para una rectificación. Cualquier giro tendría que pasar por un acuerdo del Consejo de Gobierno o por un debate en la Asamblea, y por ahora no consta ni lo uno ni lo otro. Mientras tanto, los 180 millones se reparten sin Madrid y la próxima convocatoria estatal encontrará a la región en la misma casilla de salida.
