Un centenar de entidades de Alicante exige al Ayuntamiento reabrir las dos bibliotecas cerradas y dotar de personal la red municipal.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Más de cien colectivos vecinales, sindicales, sociales, culturales y educativos firman un manifiesto con diez medidas para recuperar la red de bibliotecas municipales y la Biblioteca Pública Azorín.
- ¿Quién está detrás? Entidades ciudadanas de Alicante, con el Ayuntamiento como destinatario directo y la Generalitat y el Ministerio de Cultura implicados en el caso de la Azorín.
- ¿Qué impacto tiene? De las diez bibliotecas de la red, ocho están activas y dos cerradas: Juan XXIII, desde mayo de 2021, y Francisco Liberal, desde hace más de dos años.
Las dos bibliotecas que Alicante no ha vuelto a abrir
El manifiesto no es una queja suelta. Lo firman asociaciones vecinales, sindicatos, colectivos sociales y culturales y miembros de la comunidad educativa, y va dirigido al Ayuntamiento de Alicante con una petición concreta: un compromiso inmediato con la recuperación de la red municipal y de la Biblioteca Pública Azorín. El texto pide centros abiertos, con profesionales suficientes y recursos para todos los barrios y partidas de la ciudad.
Los números sostienen la reclamación. La red tiene diez bibliotecas; ocho funcionan y dos llevan demasiado tiempo con la persiana bajada. Juan XXIII no abre desde mayo de 2021, más de cinco años. Francisco Liberal, en Ciudad de Asís, suma más de dos años cerrada y figura sin fecha de reapertura por obras. A eso se añade que las bibliotecas del Plá y de Los Ángeles carecen de horario continuo.
Detrás de cada cierre hay alguien que pierde algo. El documento lo explica sin adornos: las consecuencias son graves para quien tiene menos recursos. Un estudiante sin un lugar tranquilo en casa necesita una sala donde concentrarse. Una persona sin ordenador necesita acceso a internet y alguien que le oriente. Quien vive solo encuentra en su biblioteca una actividad compartida y una relación cotidiana con el barrio.
De ahí que los colectivos defiendan las bibliotecas como terceros espacios: lugares cercanos, fuera del hogar, del trabajo y del centro educativo, donde estar sin pagar ni consumir. Su función comunitaria exige profesionales que acompañen y una distribución de las salas que haga compatibles el estudio en silencio, las actividades infantiles y la conversación. Cuando el servicio desaparece, la desigualdad crece.
Una biblioteca cerrada no es un edificio vacío: es la única sala de estudio gratuita que tenía un barrio.
Las diez medidas: treinta profesionales y apertura los siete días
El manifiesto se convierte en hoja de ruta con diez puntos. Los tres primeros son los urgentes: calendario público para reabrir Juan XXIII y Francisco Liberal con personal asignado; una plantilla estable de al menos una treintena de auxiliares y oficiales bibliotecarios; y horarios continuos de mañana y tarde, también en el Plá y en Los Ángeles, con apertura los sábados y domingos.
El cuarto propone un Plan Municipal de Bibliotecas y de Salas de Estudio con al menos un espacio abierto las 24 horas, los siete días, y horarios ampliados en época de exámenes. El quinto reclama partidas anuales ejecutadas para libros, ordenadores y mantenimiento. El sexto convierte las salas en refugios climáticos gratuitos: climatización adecuada y apertura en verano, fines de semana incluidos.
Después llega la escala de barrio. Las entidades piden planificar instalaciones según población y distancia a los servicios, con centros integrales que combinen biblioteca y servicios sociales en espacios como el Hospital del Rey, Cigarreras, Harineras o el centro cultural Abaseis, y llevar esa mirada al Plan General de la ciudad. Para las partidas rurales proponen una biblioteca móvil itinerante con rutas, paradas y horarios públicos.
El octavo punto es el que más incomoda: transparencia. Publicar la relación de centros abiertos y cerrados, sus horarios, las plazas cubiertas y vacantes y la inversión ejecutada, y crear un espacio de seguimiento con representación sindical, vecinal y de usuarios. En el caso de la Biblioteca Pública Azorín, el texto advierte de que la adjudicación del seguimiento arqueológico es un hito verificable, pero no el inicio de las obras.
El Escenario Valenciano
El pulso tiene tres administraciones sentadas a la misma mesa. El manifiesto exige al Ministerio de Cultura, a la Generalitat y al Ayuntamiento un cronograma conjunto con fechas previstas y reales de cada fase: seguimiento arqueológico, licencia municipal, licitación, adjudicación, inicio y final de obra y reapertura. Cada etapa, con su administración responsable, su presupuesto y la causa de cualquier retraso.
Ese reparto competencial explica por qué el caso Azorín se ha convertido en símbolo. En España, las bibliotecas públicas se sostienen con recursos municipales y autonómicos, y las de titularidad estatal se gestionan desde las comunidades. En Alicante, la única instalación que depende de tres administraciones es también la que lleva más tiempo sin calendario. La lectura es sencilla: sin fechas públicas no hay forma de exigir responsabilidades.
La proyección inmediata pasa por el presupuesto municipal del próximo ejercicio y por el nuevo Plan General, dos documentos donde deberían aparecer las partidas y las reservas de suelo que el manifiesto reclama. Las entidades avisan de que sin un calendario público y verificable no habrá manera de comprobar avances, y han tendido la mano al Ayuntamiento para una mesa de seguimiento. También a la Generalitat, cuya área de Cultura participa en la reapertura de la Azorín junto al ministerio.
Ficha del Caso
- El caso: más de cien entidades de Alicante reclaman por escrito al Ayuntamiento la recuperación de la red de bibliotecas municipales y de la Biblioteca Pública Azorín.
- Datos importantes: diez bibliotecas, ocho activas y dos cerradas (Juan XXIII desde mayo de 2021; Francisco Liberal, más de dos años); petición de al menos treinta profesionales; diez medidas; tres administraciones implicadas en la Azorín.
- Resumen: el conflicto mide la distancia entre el discurso de los servicios públicos culturales y su financiación real, con los barrios con menos recursos como principal afectado.
