EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias moviliza 272,3 millones de euros en prestaciones, servicios sociales, inclusión y conciliación, y eleva casi un 30% las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía desde 2023.
- ¿Quién está detrás? El Ejecutivo de Coalición Canaria y PP, a través de la consejera Candelaria Delgado, que detalló las líneas en el Parlamento de Canarias el viernes 23 de octubre.
- ¿Qué impacto tiene? La red municipal de servicios sociales atiende a unas 450.000 personas con 97 millones, y la convocatoria para familias con menores pasa de 918.872 euros a 2,62 millones, casi el triple.
El Gobierno de Canarias moviliza 272,3 millones para los hogares más vulnerables y sube casi un 30% la Renta Canaria de Ciudadanía.
El mapa de los 272,3 millones: de la renta de inserción a los servicios de los 88 ayuntamientos
El desglose lo puso sobre la mesa la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el Parlamento de Canarias (la cámara autonómica, con 70 escaños) el viernes 23 de octubre. La cifra global engaña si se lee de golpe: no es una partida única, sino la suma de líneas muy distintas que van de la transferencia directa a la nómina de las educadoras de una escuela infantil municipal.
La Renta Canaria de Ciudadanía (la prestación de inserción del archipiélago, dirigida a hogares por debajo del umbral de ingresos que fija la ley autonómica) se lleva la mayor parte del esfuerzo: más de 113 millones para unas 22.000 personas. Sus cuantías han subido casi un 30% desde 2023, el arranque de la legislatura. A eso se suma el complemento autonómico de las pensiones no contributivas, con 16,8 millones y hasta 400 euros anuales para cerca de 42.000 perceptores, y los 9,4 millones del Plan Corresponsables para cuidados y conciliación.
La red municipal es el otro pilar. Los servicios sociales de los ayuntamientos mueven alrededor de 97 millones, de los que unos 42 los aporta la Consejería, y atienden a unas 450.000 personas. En 2026 se han acordado 4,8 millones con la FECAM, la Federación Canaria de Municipios, para reforzar el personal, la ayuda a domicilio y la inserción. Otros siete millones financian programas de infancia y familia en los 88 ayuntamientos de las islas, y siete más van a inclusión social e inmigración, 200.000 euros por encima del año anterior.
El tercer bloque llega vía tercer sector. La casilla del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades moviliza 19,48 millones para 431 proyectos de 138 entidades sociales, que sostienen 1.846 empleos y 7.600 voluntarios. Aquí no hay siglas de partido: hay reparto de comida, ropa de temporada y refuerzo escolar. Las cifras no mienten.
Detrás del 30% de subida hay 22.000 personas que siguen necesitando una transferencia pública para llegar a fin de mes en las islas.
La convocatoria que triplicó su crédito: 2,62 millones para familias con menores
El caso más llamativo es el de la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias. Partía con un crédito inicial de 918.872 euros y ha terminado en 2.621.224,60 euros, casi el triple, repartidos entre proyectos que trabajan con hogares con menores en pobreza, exclusión o privación material severa. Cada proyecto puede recibir entre 8.000 y 80.000 euros, hasta el cien por cien del coste y con un techo de 160.000 por entidad.
¿Qué se paga con eso? Alimentación, higiene, ropa, material escolar, comedor, alquiler y suministros; también escuelas infantiles, atención socioeducativa, mediación y orientación familiar. Es la letra pequeña de la política social, la que no aparece en los titulares pero decide si un crío llega al colegio con la mochila completa. Recursos que llegan a a las familias con menos ingresos, a personas mayores que viven solas y a hogares con menores en situación de dependencia , un perfil que se repite en todas las islas. La información facilitada no detalla cuántas familias han cobrado ya ni el grado de ejecución de cada línea, un hueco que la Consejería deberá cerrar en la siguiente comparecencia.
El Pulso Territorial
Canarias gobierna en coalición: Coalición Canaria y PP comparten Ejecutivo desde 2023 y necesitan apoyos fuera del acuerdo para sacar iniciativas adelante, con ASG y AHI como socios habituales y una oposición —PSOE y Nueva Canarias— que reclama cada mes más concreción en el calendario de las ayudas. El marco no es nuevo, pero condiciona: cada línea anunciada en sede parlamentaria se convierte en munición para el debate presupuestario. La legislatura encara su último tramo antes de las elecciones de 2027, y las cuentas autonómicas de ese ejercicio serán el examen real de estas cifras.
En el bloque de comunidades que seguimos, Canarias es la que más peso relativo concede a una renta de inserción dentro de su perímetro de bienestar: 113 de cada 272,3 millones, el 41,5% del total. El precedente inmediato está en el arranque de la legislatura, cuando las cuantías se revalorizaron y la prestación ganó cobertura; ahora el esfuerzo se desplaza a las entidades que reparten las ayudas. Las series del INE sitúan de forma recurrente al archipiélago entre las regiones con mayor riesgo de pobreza del país, un dato que esta convocatoria no actualiza. Queda por ver si la convocatoria triplicada se resuelve antes del cierre del ejercicio, un trámite que en las islas suele solaparse con el último trimestre, y cómo encaja todo en el debate parlamentario de otoño.
Ficha Autonómica
- El caso: La Consejería de Bienestar Social canaria ha detallado en el Parlamento un paquete de 272,3 millones para prestaciones, servicios sociales, inclusión y conciliación, con la Renta Canaria de Ciudadanía como eje.
- Datos importantes: 113 millones para la renta de inserción (22.000 personas, casi un 30% más desde 2023); 97 millones para servicios sociales municipales (450.000 atendidos); 2,62 millones para la convocatoria de infancia, casi el triple de su crédito inicial; 19,48 millones del 0,7% del IRPF.
- Resumen: Las líneas están anunciadas y parte del dinero ya comprometido. Falta la resolución de la convocatoria ampliada, el detalle de ejecución y su encaje en los presupuestos autonómicos de 2027.
