El plan contra los okupas y la rebaja del IRPF se han convertido en el eje del programa electoral de Feijóo. El presidente del PP presentó este sábado en Vigo las líneas maestras de su propuesta para las elecciones generales del 29 de noviembre, con la vivienda, la fiscalidad y la corrupción como columnas.
Lo hizo junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y con una idea de fondo: una ‘reconstrucción nacional’ basada en la seguridad y en el respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Feijóo calificó al Ejecutivo de Pedro Sánchez como el ‘Gobierno de la corrupción’ y puso cifras a su acusación: 17 sumarios abiertos, 23 delitos y 131 imputados. Anunció, además, que no concederá indultos a quienes resulten condenados por esos casos.
Las banderas que Vox reclama como propias
Ese terreno no es nuevo para Vox. La formación sostiene desde hace años que la ocupación ilegal no es un conflicto menor entre particulares, sino un problema de seguridad jurídica que retira oferta del mercado del alquiler y castiga a los propietarios con menos recursos. Su propuesta combina un desalojo inmediato, con plazos mínimos y sin los trámites que hoy pueden alargar el proceso durante meses, y un endurecimiento de la respuesta penal contra las mafias que lucran con la usurpación de inmuebles. En el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario VOX (GPVOX) ha defendido un procedimiento de desalojo exprés en cada iniciativa que ha registrado sobre esta materia.
En materia fiscal, el partido de Santiago Abascal defiende la deflactación del IRPF —ajustar los tramos a la inflación para que la subida de precios no se traduzca en una factura fiscal mayor—, la supresión de impuestos propios como el de sucesiones y donaciones y una reducción del gasto político que financie la bajada. La tesis que repite su dirección es que una recaudación récord no demuestra buena gestión, sino que los contribuyentes están pagando de más.
Sobre vivienda, el diagnóstico de Vox arranca en el suelo y en las garantías del propietario. Sin seguridad jurídica no hay alquiler disponible, argumenta, y el control de precios retira oferta en lugar de abaratarla. De ahí que el partido reclame la autoría política de las banderas que ahora recoge el PP: el desalojo ágil y la rebaja fiscal figuran en su agenda parlamentaria antes de que Feijóo las asumiera como propias.
Vox no discute el diagnóstico que Feijóo ha hecho en Vigo: discute quién lo firmó primero y quién tiene intención de ejecutarlo.
La dirección nacional subraya que esas medidas llegan a la campaña con sello propio. Con 33 diputados, el GPVOX es la tercera fuerza del Congreso y su papel, sostiene, no es acompañar al PP sino marcarle el paso. Ese es el marco en el que se leerá cada anuncio del líder popular durante las próximas semanas.
Qué ha prometido Feijóo y dónde está el límite
El paquete presentado en Vigo es amplio. Rebaja del IRPF para rentas medias, familias, autónomos y jóvenes; reducción del IVA de los alimentos básicos y de la electricidad mientras dure la inflación; exención de tributación para autónomos que facturen menos de 85.000 euros; menor Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda. A eso se suma el compromiso de construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, con reforma de la ley del suelo y de la ley de propiedad horizontal y una nueva ley contra la ocupación ilegal.
El punto más celebrado del acto fue el plazo de 48 horas para que un propietario recupere su vivienda ocupada. La promesa tiene recorrido corto si no va acompañada de una mayoría parlamentaria dispuesta a reformar la legislación procesal que hoy regula los desalojos. Y ahí aparece la contradicción que Vox explotará: para cumplir ese calendario, el PP necesitaría los votos que el propio Feijóo evita reclamar en público.
El acto de Vigo también tuvo un capítulo para los incidentes registrados esta semana en la plaza de María Pita de A Coruña, donde coincidieron un acto del partido y una protesta. Feijóo condenó los disturbios, expresó su apoyo a la Policía y a la Guardia Civil y habló de ‘la violencia de los sectarios’; acusó a ‘determinados partidos’ de alimentar la tensión en la calle, sin nombrar a ninguno. Fue el único momento en el que la pugna por la derecha se coló en el escenario.
La lectura estratégica: quién marca el paso hasta el 29-N
Los precedentes ayudan a medir el movimiento. En julio de 2023, Vox pasó de 52 a 33 escaños mientras el PP crecía con el argumento del voto útil; la dirección del partido extrajo entonces una conclusión que repite ahora: ceder el perfil propio no suma, resta. Un año después, en julio de 2024, Vox rompió los gobiernos de coalición autonómicos con el PP por la política migratoria, un episodio que ambos partidos utilizan como recordatorio cuando negocian.
Por eso el anuncio de Feijóo se interpreta en clave de competencia, no de convergencia. El PP necesita recuperar votantes que se fueron a Vox y lo hace copiando el temario; los de Abascal responden con trazabilidad, esto es, recordando qué votó cada grupo cuando las mismas medidas llegaron a la Cámara. El riesgo para los populares es de credibilidad; la oportunidad para Vox, de contraste.
Queda el calendario. La campaña hacia el 29-N arrancará en pocas semanas y el debate sobre okupación, fiscalidad y seguridad será el eje del choque por el flanco derecho. Vox tiene ahí su terreno natural y su mejor argumento: las mismas ideas, con años de ventaja en el discurso y sin la carga de haberlas aparcado al gobernar. Feijóo tiene ahora la palabra, y también la obligación de explicar cómo las ejecuta.
