El pregón de la sentencia se leyó en voz alta en la plaza mayor del Cuzco el 24 de septiembre de 1572. Cuando el escribano terminó, el hombre que aguardaba junto al tablado era el soberano que poco antes había ceñido la borla en Vilcabamba, el reducto inca de la montaña, y la pena que acababa de escuchar era la de decapitación.
Se llamaba Túpac Amaru. Llevaba detrás un reino de treinta y cinco años, nacido de una retirada y sostenido con diplomacia, con silencios y con emboscadas. Delante tenía una plaza llena, medio Cuzco de españoles y de indios, y un verdugo. Según el relato que dejó Baltasar de Ocampo, soldado de la campaña de Vilcabamba, el llanto de la población indígena de la ciudad acompañó la ejecución.
La orden no salió de un capitán exaltado ni de un juez de paso. La firmó el hombre que gobernaba el virreinato del Perú, Francisco de Toledo, que por aquellas fechas se encontraba en el Cuzco siguiendo con su corte de papeles y de escribanos la inspección general del territorio. Aquella muerte, decidida en una sala con más legajos que ventanas, iba a definir su carrera más que ninguna otra cosa que hiciera en los doce años que pasó al frente del virreinato.
Capítulo I: La mañana de la plaza
Los cronistas que contaron el final de Túpac Amaru coinciden en lo esencial. El Inca fue juzgado, condenado y ejecutado en público, y la ciudad que lo vio morir era la misma que treinta y cinco años antes había visto entrar a los hombres de Pizarro. Entre una cosa y otra habían pasado tres décadas de guerra intermitente, de treguas mal cumplidas y de un goteo de fracasos militares españoles en la ceja de selva.
Toledo no improvisó la sentencia. Sometió el caso a consulta de teólogos y juristas antes de firmarla, y mandó que se levantara acta de lo que decían. En los papeles del proceso pesaban la rebelión, la idolatría y la muerte de los emisarios que él mismo había enviado al reducto. La ejecución se presentó como un acto de justicia del rey, no como una venganza de frontera: esa diferencia importaba mucho en una corte como la de Felipe II, donde cada conquista se revisaba con lupa y con letra pequeña.
Lo que ocurrió después depende de quién lo cuente. Ocampo habla de conmoción y de duelo. Otros papeles, más administrativos, hablan de alivio y de seguridad. Ambas cosas pudieron ser verdad al mismo tiempo, porque el problema que Toledo llevaba años intentando resolver no era solo militar: era la existencia misma de un trono indígena independiente a tres jornadas de distancia de la capital del virreinato.
Capítulo II: El hombre de Oropesa
Francisco de Toledo había nacido en Oropesa, en la provincia de Toledo, hacia 1515, en una rama segundona de una casa nobiliaria con más apellidos que rentas. Sirvió a Carlos V en Flandes, en Alemania y en Italia, y después a Felipe II en la corte y en encargos de gobierno. Cuando el rey lo nombró virrey del Perú, en 1568, no eligió a un soldado de fortuna ni a un grande con ejército propio: eligió a un administrador de carrera, de los que entienden el poder como una suma de horarios, inventarios y visitas.
Desembarcó en el puerto de Paita y tomó posesión del gobierno en Lima en noviembre de 1569. Lo que encontró no era el país de las crónicas triunfales. La época de las guerras civiles entre conquistadores había terminado, pero dejaba un poso de familias enfrentadas, encomiendas discutidas y una Audiencia que había gobernado con mano dura en ausencia de virrey. Potosí llevaba más de dos décadas extrayendo plata, y la población andina que sostenía aquel edificio se estaba hundiendo por las epidemias, el desarraigo y el trabajo forzado.
Toledo hizo entonces algo poco habitual en un virrey: en lugar de gobernar desde el palacio de Lima, se echó al camino. Entre 1570 y 1575 recorrió el virreinato en una inspección general que lo llevó por la sierra, por el altiplano y por las tierras de plata, tomando declaraciones, midiendo tierras, contando pueblos y anotando cifras. De aquel viaje salieron los materiales con los que después construiría su reforma. Quien haya leído sus ordenanzas sabe que detrás de cada artículo hay una visita, un pleito y una cuenta.
Capítulo III: El reino de la montaña
Vilcabamba no era un campamento de fugitivos. Desde la retirada de Manco Inca, hacia 1537, el reducto situado al noroeste del Cuzco, en el descenso hacia la selva, había funcionado como un Estado inca en miniatura: con soberano propio, con tierras, con gente de guerra y con una política exterior de doble filo. Titu Cusi Yupanqui, que gobernó durante buena parte de los años sesenta, negoció con los españoles, firmó capitulaciones y llegó a dictar su propia versión de la conquista a un fraile, consciente de que la memoria también era un campo de batalla.
Titu Cusi murió en 1571 y le sucedió Túpac Amaru, hijo de Manco Inca. El cambio de mano coincidió con el endurecimiento del virrey. Toledo había llegado convencido de que mientras existiera Vilcabamba, la conquista del Perú estaría sin terminar, y de que la Corona necesitaba una legitimación nueva para lo hecho desde 1532. Su razonamiento tenía dos patas: la primera era la seguridad; la segunda, la Historia.
Antes de mandar la expedición, el virrey encargó al cosmógrafo Pedro Sarmiento de Gamboa una historia de los incas que demostrara que habían sido tiranos y que la soberanía del rey de España llegaba al Perú por derecho. Sarmiento terminó su Historia índica en el Cuzco en 1572. El texto se escribió con testigos, con declaraciones y con una intención muy clara: construir el relato que hiciera innecesario cualquier otro trono andino.
Capítulo IV: La guerra y el relato
La entrada en Vilcabamba la mandó Martín Hurtado de Arbieto. La captura del Inca la logró el capitán Martín García de Loyola, sobrino de Ignacio de Loyola, que persiguió a Túpac Amaru monte adentro con un grupo de soldados y de indios auxiliares hasta dar con él y con su familia. El Inca fue llevado al Cuzco, donde el virrey aguardaba el desenlace con la maquinaria judicial ya engrasada.
Conviene detenerse en un detalle que la palabra «ejecución» suele tapar. Túpac Amaru no murió en un combate ni fue ajusticiado por sorpresa en un arrebato de la tropa. Hubo proceso, hubo consulta, hubo sentencia y hubo pregón público. Toledo quiso que todo el mundo supiera que la decisión era del rey, y que se había tomado con las formas debidas. Ese cuidado por el expediente, ese afán de legalidad formal, es exactamente el sello del personaje: el mismo hombre que ordenó decapitar al último soberano inca fue el que exigió que se documentara por escrito cada paso del procedimiento.
La expresión «último inca» es cómoda y algo tramposa. Túpac Amaru fue el último soberano que reinó en un Estado inca independiente, no el último descendiente de la nobleza cuzqueña. Esa nobleza siguió existiendo, negociando privilegios y litigando por sus tierras durante generaciones. Pero en la memoria andina, y también en la española, la fecha de 1572 quedó fijada como el punto final de una era. Los parientes del Inca fueron desterrados y repartidos lejos del Cuzco, para que la cabeza cortada no tuviera un cuerpo organizado detrás.
Capítulo V: El Perú que Toledo inventó
La ejecución fue el gesto más visible, pero no la obra más duradera. Esa se hizo en los años siguientes, y consistió en rehacer el mapa del virreinato. Toledo ordenó concentrar a la población indígena dispersa en pueblos de nueva planta, las reducciones, con iglesia, cabildo, alcaldes y alguaciles indios, y con un trazado de cuadrícula y plaza central que todavía se reconoce en media serranía peruana. Miles de familias fueron trasladadas, a veces con acuerdo de sus curacas y a veces sin él, a tierras y a vecindarios que no eran los suyos.
Sobre ese mapa nuevo montó el sistema fiscal. Fijó la tasa del tributo que cada pueblo debía pagar, en dinero y en especie, calculada sobre la población empadronada, y encargó a los corregidores el cobro. Y organizó la mita de Potosí: un turno anual de trabajadores procedentes de dieciséis provincias del altiplano, que se relevaban por tandas, con un cupo que la historiografía ha calculado en torno a los trece mil hombres al año. En teoría, el sistema tasaba y limitaba un abuso anterior, el servicio personal arbitrario que cualquiera podía imponer a un indio; en la práctica, vació comunidades enteras y las ató a un calendario de viajes y de mortandad que duró siglos.
Las ordenanzas de 1574 reunieron en un cuerpo legal buena parte de este programa, con normas sobre los tambos y los caminos de la sierra, sobre las minas, sobre los obrajes textiles y sobre la doctrina que debía enseñarse en los pueblos nuevos. Era una arquitectura completa: territorio, tributo, trabajo y catequesis. Ningún virrey del siglo XVI diseñó tanto con tan poco contrapeso. Y no faltaron, ya entonces, quejas y memoriales que llegaron al Consejo de Indias denunciando los costes humanos de aquel orden.
Capítulo VI: La residencia y la memoria
En 1581 Toledo entregó el mando a su sucesor, Martín Enríquez de Almansa, y volvió a España. No encontró la recepción que esperaba un hombre que había reorganizado un virreinato de punta a punta. Le esperaba el juicio de residencia, ese trámite por el que todo cargo indiano debía rendir cuentas al terminar, y una corte donde su fama de severidad se había vuelto incómoda. Murió en Escalona en 1582, mientras su gestión seguía discutiéndose en los papeles.
La discusión no ha terminado. Para unos, Toledo es el organizador del Perú colonial, el funcionario que puso orden donde había caos y que intentó proteger al indio de los abusos peores mediante la tasación y la norma escrita. Para otros, es el hombre que cerró el último espacio de soberanía andina y selló con una decapitación y con una mita el régimen de explotación que vendría después. Las dos lecturas se apoyan en los mismos documentos, y quizá por eso ninguna acaba de imponerse.
El tiempo se encargó de complicar el relato. En 1780, un cacique de Tinta llamado José Gabriel Condorcanqui reclamó el nombre y la sangre de Túpac Amaru, y encabezó la gran rebelión andina contra la administración colonial. Doscientos ocho años después de la mañana del Cuzco, la cabeza cortada por orden de un virrey de Oropesa volvía a levantarse en los papeles y en los caminos. Toledo había querido borrar un trono; lo que consiguió fue convertir una fecha en un nombre que ya no se podría olvidar.
