Grecia prohíbe por ley las redes sociales a menores de 15 años desde el 1 de enero de 2027. El Parlamento heleno convalidó el texto con la mayoría del Gobierno de Kyriakos Mitsotakis, después de que los partidos minoritarios votaran en contra, y sin esperar a que Bruselas cierre el marco común europeo. Atenas se convierte así en uno de los primeros Estados miembros en activar un veto de este calado.
Claves de la operación
- Multas bajo el paraguas del reglamento europeo. El incumplimiento se sanciona con arreglo al Reglamento de Servicios Digitales, de modo que la factura del control de edad recae sobre TikTok, Instagram, Facebook y X.
- Cuatro plataformas y un mismo requisito técnico. La ley exige métodos de verificación de edad proporcionales y fiables, un estándar que ninguna firma ha resuelto a escala global.
- España y Bruselas, en el punto de mira. Mitsotakis quiere arrastrar a la Unión Europea y la Comisión ya ha presentado la EU Kids Act, que solo veta el acceso por debajo de los 13 años.
La verificación de edad deja de ser un coste opcional
TikTok, Instagram, Facebook, y X quedan dentro del perímetro de la norma. El texto obliga a esas plataformas a aplicar métodos de verificación de edad proporcionales y fiables, una fórmula que en la práctica les traslada la carga técnica y económica de demostrar quién tiene 15 años y quién no. Hasta ahora, la mayoría resolvía esa comprobación con una casilla de autodeclaración.
El coste de verificar la edad ya no es un gasto voluntario y pasa a ser una condición para operar en el país. El incumplimiento se castiga con multas al amparo del Reglamento de Servicios Digitales, la misma palanca que Bruselas ha utilizado contra las grandes plataformas en los últimos años. El mercado griego es pequeño en población, pero el valor de precedente es enorme: cualquier ley nacional que se apruebe después en la UE se leerá en comparación con esta.
Atenas ha escogido un diseño que pasa por la familia. Los padres deben descargar aplicaciones respaldadas por el Estado, Kids Wallet y Gov.gr, vinculadas al dispositivo del menor, para bloquear el acceso. Según el ministro de Gobernanza Digital e IA, Dimitris Papastergiou, esas herramientas se apoyan en age tokens que confirman la edad sin revelar el resto de los datos personales. El control del menor pasa a un registro público, lo que cambia el reparto de responsabilidad que hasta ahora asumían las tecnológicas.
Atenas presiona a Bruselas y deja a España sin coartada
El Ejecutivo griego no vende la ley como solución definitiva, sino como un anticipo. ‘Habría sido muy fácil no hacer absolutamente nada hoy y esperar la ley europea perfecta’, defendió Papastergiou. Los niños se están hundiendo en internet cada día y creo que un Gobierno responsable debe hacer lo que está obligado a hacer.’ Mitsotakis ya había fijado el destino de la norma: empujar a la Unión Europea en esa misma dirección.
Bruselas se ha movido, aunque menos de lo que pide Atenas. La Comisión ha presentado la EU Kids Act, que contempla una prohibición total solo para menores de 13 años, dos por debajo del umbral griego. La diferencia de edad es también una diferencia política: quién asume el coste de un veto que ninguna autoridad sabe verificar con garantías. Australia fue el primer país en vetar por completo el acceso y su sistema de comprobación de edad ha resultado difícil de implementar.
La ley griega no resuelve el problema técnico de la edad. Solo decide quién paga el error cuando la comprobación falla.
Lo que España se juega si copia el modelo griego
Grecia no llega a esta ley desde cero. En 2024 ya prohibió los móviles en los colegios y las encuestas de opinión muestran un respaldo amplio entre la población adulta, lo que explica la velocidad del trámite pese al rechazo de los partidos minoritarios. Un veto con apoyo social se convierte en marca de Gobierno. El precedente que España debería mirar no es la prohibición, sino la infraestructura que la sostiene.
Copiar el modelo exige tres decisiones que ninguna administración resuelve en un trimestre: quién custodia el registro de edades, cómo se audita a las plataformas y qué ocurre con los menores que ya tienen cuenta. Una app estatal de control parental es infraestructura crítica, con su coste, su licitación y su exposición a fallos. Y abre un flanco que el debate público español todavía no ha medido: la verificación de edad es, en la práctica, un registro de identidad digital vinculado a la infancia.
Hay además una trampa regulatoria. Si la EU Kids Act acaba armonizando el umbral en toda la Unión, cualquier ley nacional más estricta quedará expuesta a recurso por fragmentación del mercado único. España puede aprobar antes y perder después. El calendario importa más que el umbral.
Entrar en vigor el 1 de enero de 2027 no sirve de nada si Bruselas armoniza un año después. Seguimos con atención el trámite de la EU Kids Act en el Parlamento Europeo y la posición que fije el Ministerio para la Transformación Digital. Ahí se sabrá si Madrid copia a Atenas o espera.
