La ley electoral catalana vuelve al Parlament: la ILP arranca la recogida de 50.000 firmas y reordena el tablero de Comuns.
Del voto exterior a las veguerías: qué cambia con la ley electoral catalana
El Parlament de Catalunya acredita este lunes 26 de octubre a los fedatarios de la iniciativa legislativa popular. La recogida de firmas —también digital, tras un periodo de pruebas— se abre la semana que viene y se extiende durante 120 días hábiles, hasta abril de 2027. La comisión promotora necesita 50.000 firmas para que el texto empiece a caminar. Sin ellas, no hay tramitación.
El contenido no es menor. La ILP introduce el voto electrónico, el voto delegado, y una circunscripción propia para los residentes en el extranjero: 345.446 potenciales votantes con una participación que hoy no llega al 7%. Amplía el Parlament de 135 a 140 escaños, dentro del margen de 150 que permite el Estatut, y sustituye la Junta Electoral Central por una autoridad electoral catalana.
El nudo vuelve a ser el de siempre. Catalunya es la única comunidad autónoma sin ley electoral propia: desde 1980 sus procesos se rigen por la Loreg, que fija la provincia como circunscripción. La asignación transitoria del Estatut perjudica a Barcelona, y de ahí el bloqueo: Junts y ERC quieren mantener la distribución actual; PSC y PP, corregirla. Cualquier ley catalana exige dos tercios, esto es, 90 diputados. Ningún intento anterior ha superado ese escalón.
El reparto por veguerías: el Barcelonès, Comuns y el escollo que nadie mueve
Los promotores llegan con una proyección que, sostienen, desactiva el viejo conflicto. Con 140 escaños y circunscripciones por veguería, incluida la del exterior, el reparto sería «bastante proporcional» y la única demarcación que saldría «algo perjudicada» sería el Barcelonès. La frase es de Antoni Montserrat, uno de los impulsores, y contiene la clave de todo lo que viene después.
Si el Barcelonès es la única circunscripción que pierde peso, el debate deja de ser técnico y pasa a ser un pulso por el electorado metropolitano.
Ahí entra Comuns. El espacio catalán de Sumar concentra su voto en el área metropolitana de Barcelona, y su peso dentro del grupo parlamentario se mide en escaños catalanes. La ILP no cambia la aritmética del Congreso. Cambia otra cosa: la relación entre cuántos votos pone Comuns y cuántos diputados devuelve el sistema. Con 140 escaños y veguerías, el total sube y la circunscripción metropolitana baja en peso relativo. Es la definición exacta de un intercambio que nadie ha resuelto.
Hay un segundo frente que casi nadie mira. La circunscripción exterior nace con 345.446 votantes potenciales y un dato incómodo: la participación de los catalanes expatriados ronda el 7%. Los promotores son, en buena medida, parte de ese colectivo —cinco de los seis impulsores viven fuera— y el proyecto arrancó en el verano de 2024. No existe aún un reparto conocido del voto exterior por partidos, de modo que su efecto sobre Comuns es, por ahora, una incógnita.
En el relato de los promotores, el eje del conflicto se traza entre Junts y ERC, por un lado, y PSC y PP, por el otro. Comuns queda fuera de esa fotografía, y ahí está precisamente su problema. No aparece como parte del choque, pero tampoco puede abstraerse de él: su electorado vive en la circunscripción que el nuevo mapa rebaja en peso relativo, y compite por él con el PSC en las próximas catalanas, en el horizonte de 2028 salvo adelanto.
La Dinámica de Coalición
Dentro de Sumar, Comuns es una de las piezas con más recorrido propio y menos dependencia de la dirección estatal. Ese margen tiene una consecuencia práctica: cada escaño catalán cuenta doble, porque fija posición en el Parlament y, a la vez, modula el peso del espacio catalán en la dirección de la formación. Un sistema que rebaje el Barcelonès toca el equilibrio interno, no solo el autonómico. Nadie ha publicado aún una proyección por partidos; sin esos datos, cualquier cálculo de escaños es una hipótesis.
La dimensión de coalición es más fina de lo que parece. En Madrid, PSOE y Sumar sostienen un gobierno; en Catalunya, PSC y Comuns se disputan el mismo votante metropolitano. Esa dualidad no es una contradicción: es la arquitectura normal del espacio. Pero explica por qué unos y otros miran el detalle del reparto antes de bendecir ningún texto. La coincidencia de intereses existe; la de estrategias, no tanto.
La proyección temporal es clara. Las firmas corren hasta abril de 2027; después, la pelota queda en manos de los grupos parlamentarios, que deben decidir si tramitan el texto y si lo votan con 90 diputados. Ningún grupo dispone hoy de esa mayoría por sí solo. Los promotores aseguran que todos los partidos con representación han mostrado buena disposición, aunque no con el mismo entusiasmo, y que la advertencia es unánime: «la asignación de distritos electorales». El calendario es el que es. Si la ILP decae, el debate regresa al punto de partida.
Ficha del Caso
- El caso: Una ILP impulsada por catalanes residentes en el exterior busca dotar a Catalunya de su primera ley electoral propia, con veguerías, 140 escaños y voto digital.
- Datos importantes: 50.000 firmas necesarias en 120 días hábiles (hasta abril de 2027); 345.446 potenciales votantes en el exterior con una participación del 7%; 135 escaños actuales, 140 propuestos y 150 como techo del Estatut; 90 diputados para la mayoría de dos tercios.
- Resumen: El nuevo marco condiciona el peso relativo de Comuns dentro de Sumar y abre un pulso territorial con el PSC, socio en Madrid y rival en Barcelona.
