La indemnización por residencia en Canarias sigue congelada desde 2007 y 130.000 empleados públicos exigen una subida que ya se ha aplicado en Baleares.
El viernes 23 de octubre, frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, representantes de UGT, CCOO, CSIF y el resto de centrales convocantes se concentraron bajo un lema que resume el conflicto: «¡El coste de la vida es el mismo para todo el mundo!». Denuncian que la compensación por vivir en el archipiélago dependa de la categoría profesional y no de la necesidad. Canarias es la región más alejada de la península, y la cesta de la compra no distingue entre un auxiliar administrativo y un jefe de servicio.
El colectivo afectado suma 130.000 personas, según los cálculos de los propios sindicatos, al unir al personal de de la Administración General del Estado con el de la Administración autonómica. Dentro de ese grupo conviven tres situaciones distintas: quienes no cobran nada, quienes perciben un plus sin revisar desde hace casi dos décadas y quienes, además, residen en islas no capitalinas y afrontan la llamada doble insularidad. A eso se suma un contingente de 8.000 trabajadores laborales que, según las centrales, no reciben indemnización alguna.
Las cuantías hablan por sí solas. En las islas capitalinas el complemento va por categoría: entre 118 euros y unos 230 euros brutos al mes, según detalló Loli Cabrera, secretaria de Organización de UGT-Servicios Públicos de Canarias. Esa horquilla, sostiene, explica por qué algunas plazas quedan desiertas: hay aspirantes que aprueban, toman posesión y renuncian al comprobar el precio del alquiler. El plus nació para paliar el sobrecoste de trabajar lejos de la España continental. Con la inflación acumulada de estos años, su capacidad compensatoria se ha ido diluyendo.
Por eso las centrales reclaman dos cambios de fondo. El primero, que el complemento sea lineal y no por categoría. El segundo, que se actualice de una vez. La referencia es Baleares, junto a Ceuta y Melilla, donde ya se han logrado mejoras, mientras en el archipiélago canario el concepto sigue anclado en 2007. «Somos más de 130.000 trabajadores», resumió Cabrera, «unos cobran el plus ya desfasado y otros no lo cobran».
Un plus que no se revisa desde 2007 acaba convertido en plazas desiertas: el problema de personal es, antes que nada, un problema de coste de vida.
Qué cambia para Educación, Sanidad y Justicia
El alcance de la reclamación no se limita a los funcionarios estatales. Los sindicatos exigen que la actualización beneficie también al personal transferido de Educación, Sanidad y Justicia —los tres ámbitos con mayor volumen de empleados públicos en las islas— y al conjunto del personal funcionario y laboral del Gobierno de Canarias. La negociación sigue abierta y, por ahora, las centrales no contemplan medidas más allá de concentraciones puntuales en Gran Canaria y Tenerife. Felipe Gutiérrez, secretario de Negociación Colectiva de CCOO Canarias, sitúa el origen del bloqueo precisamente en 2007.
El calendario sindical tiene dos fechas. La primera, el 31 de diciembre de 2026: quieren un compromiso cerrado del Gobierno central y del ministerio competente en función pública antes de fin de año. La segunda, enero de 2027, para que la subida sea efectiva con el arranque del ejercicio. Sin ese acuerdo, advierten, la concentración del viernes será solo el primer capítulo de un otoño largo.
El Pulso Territorial
Canarias está gobernada por una coalición entre Coalición Canaria y el PP, con Fernando Clavijo al frente de la Presidencia desde 2023. El Ejecutivo autonómico tiene margen sobre el personal transferido, pero ninguno sobre los empleados de la Administración General del Estado: ahí la pelota está en Madrid. Esa dualidad complica cualquier anuncio, porque una parte de la subida se decide en Santa Cruz de Tenerife y otra en el ministerio. Las próximas elecciones autonómicas, previstas para mayo de 2027, añaden presión: cualquier promesa deberá estar presupuestada antes de que arranque la campaña.
La comparación con otras comunidades cubiertas no deja bien al archipiélago. Baleares, con una insularidad y un coste de vida comparables, ya ha actualizado su complemento, igual que Ceuta y Melilla. Canarias, en cambio, acumula casi dos décadas sin tocar el concepto. La lectura sindical es que el criterio de categoría, y no el de territorio, ha primado en las sucesivas negociaciones. El riesgo real es que la actualización llegue tarde y quede en un retroactivo parcial que no resuelva las plazas vacantes.
Lo que viene ahora pasa por una mesa con dos administraciones sentadas. Si el compromiso llega antes del 31 de diciembre, el plus podría revisarse en los primeros compases de 2027; si no llega, los sindicatos ya han avisado de que la protesta escalará. La incertidumbre es doble: no hay cifra de coste comprometida y ninguna de las partes ha puesto sobre la mesa el impacto presupuestario de aplicar un complemento lineal a 130.000 personas. En un archipiélago donde el alquiler se ha convertido en el principal factor de expulsión, ese cálculo es la verdadera prueba.
Ficha Autonómica
- El caso: Los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, ACAIP y UFP reclaman la actualización de la indemnización por residencia en Canarias, congelada desde 2007, y su aplicación lineal a todo el personal público del archipiélago.
- Datos importantes: 130.000 empleados afectados; plus de entre 118 y 230 euros brutos en islas capitalinas; 8.000 laborales sin complemento; doble insularidad en islas no capitalinas; Baleares, Ceuta y Melilla ya actualizados.
- Resumen: La negociación sigue abierta. Los sindicatos exigen un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2026 para que la subida sea efectiva en enero de 2027.
