EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Departamento de Guerra —la denominación que la administración de Trump recuperó para el Pentágono— ha desmantelado 80 organizaciones vinculadas al Gobierno chino en 30 universidades estadounidenses durante los dos últimos meses, según el anuncio de su titular el viernes 23 de octubre.
- ¿Quién está detrás? Pete Hegseth, secretario de Guerra, que presenta la operación como el cierre de una red que sobrevivió al cerco del Congreso cambiando de nombre y de estatutos.
- ¿Qué impacto tiene? España, que llegó a alojar Institutos Confucio en varios campus y mantiene una colaboración científica intensa con China, afronta la misma pregunta que las universidades americanas: quién paga y quién decide.
El Pentágono ha desmantelado en dos meses 80 organizaciones de propaganda china en 30 universidades de EE. UU., según Hegseth.
El anuncio llegó en un vídeo publicado en su cuenta de X el viernes 23 de octubre. El secretario de Guerra —la denominación que la administración de Donald Trump recuperó en 2025 para el Pentágono— aseguró que las 80 entidades operaban con nombres y estatutos distintos de los originales, pero con idéntica misión. No publicó la lista de campus afectados. Tampoco precisó cuáles albergaban los programas antes de que su departamento interviniera.
Ochenta células en treinta universidades: qué ha cerrado exactamente el Pentágono
La descripción que hizo Hegseth fue explícita. Las nuevas estructuras se dedicaban, dijo, a ‘robar propiedad intelectual e infiltrarse en la mente de los estudiantes americanos’. Y añadió un mensaje dirigido a los campus: ‘Que esto sirva de lección a cualquier país que intente robarnos los inventos que tanto nos ha costado conseguir o volver a nuestros jóvenes contra su propio país’.
Los Institutos Confucio son centros de lengua y cultura financiados por el Gobierno chino que imparten clases de mandarín y talleres en universidades de medio mundo. Durante dos décadas funcionaron en Estados Unidos como puerta de entrada al idioma, y también como objeto de sospecha: los halcones del Capitolio advirtieron durante años del riesgo de espionaje industrial en campus con programas científicos punteros. La frontera entre el intercambio académico y la transferencia de tecnología es más porosa de lo que parece.
La primera respuesta institucional llegó del Congreso. En 2018, la ley de autorización de defensa restringió la financiación federal a las universidades que alojaran estos programas. Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (la GAO, el organismo auditor del Congreso), casi todos cerraron. Casi. ‘Resulta que habían aparecido 80 nuevas células de propaganda en 30 universidades con nombres distintos, estatutos distintos y la misma misión’, remató el secretario de Guerra.
Cerrar un instituto es sencillo; cerrar la influencia que lo sostiene es otra cosa. Washington ha empezado por el cartel.
Hegseth enmarcó la operación en su agenda interna y declaró su departamento ‘neutral en género, ciego al color y basado en el mérito’. El cierre de las 80 entidades se presentó como parte de la misma limpieza que la retirada de los programas de diversidad, equidad e inclusión. La cifra es contundente. La letra pequeña, todavía, no existe.
Por qué el Congreso cerró la puerta y la red entró por la ventana
Conviene distinguir dos instrumentos que suelen confundirse. El Congreso no prohibió los institutos en 2018: condicionó la financiación federal. Eso deja un margen enorme, porque un centro puede sostener su actividad con dinero propio, con aportaciones privadas o con acuerdos con distritos escolares. Lo que ha hecho ahora el Departamento de Guerra es designar esas organizaciones como amenazas para la seguridad nacional y retirarles el paraguas institucional, según el relato del propio departamento.
El problema es la opacidad. No hay lista de universidades. No hay criterios públicos para distinguir un centro de lengua de una célula de influencia. En en el fondo del asunto late una pregunta incómoda para cualquier rector: qué convenio firma, con quién y bajo qué ley se examina después. Treinta campus afectados y ni un solo nombre: así queda el mapa.
La pista de la que sí ha hablado el departamento no es académica, sino financiera. Los estatutos cambiaron, los patrocinadores también. Lo que no cambió, sostiene Washington, fue el origen del dinero.
La Lógica de Washington
La tesis que sostiene esta operación lleva dos décadas circulando por los despachos de seguridad nacional de Washington: la universidad americana es el punto más débil de la cadena. Es abierta por definición, publica sus investigaciones, recibe a estudiantes de todo el mundo y compite por profesorado. Convertir esa apertura en una vía de transferencia tecnológica no exige un espía, solo un convenio. El precedente más citado en el Capitolio es la comisión Cox de 1999, el grupo de trabajo de la Cámara que documentó los canales de espionaje chino en laboratorios nacionales y campus. Aquel informe no cerró nada. Dejó una doctrina que reaparece cada vez que hay un caso sonado.
La coalición que respalda estas medidas es más ancha de lo que sugiere el ruido político: los republicanos del ala de seguridad nacional y una parte relevante del Partido Demócrata, que votó a favor de la restricción de 2018. Donde hubo división fue en el instrumento. La Iniciativa China del Departamento de Justicia, lanzada en 2018 y clausurada en 2022, dejó un aprendizaje amargo: perseguir a investigadores individuales produjo un efecto de congelación en la colaboración científica y un reguero de casos sin condena. La lección que extrae el Pentágono no es renunciar al escrutinio, sino desplazarlo de las personas a las entidades.
Para España el impacto es indirecto, pero real. Varios campus españoles alojaron Institutos Confucio y varios los han ido cerrando o renegociando en los últimos años, sin una regla común. El modelo español nunca se pareció al americano: aquí la lengua se gestiona desde el Instituto Cervantes, con financiación pública y una estructura de patronato, y los centros chinos llegaron por la vía de convenios universitarios. La presión que ahora ejerce Washington tiene dos efectos sobre Madrid. El primero es reputacional: las universidades europeas que colaboran con homólogos chinos empiezan a ser examinadas por sus socios americanos en proyectos conjuntos. El segundo es económico. China es uno de los principales socios comerciales de España fuera de la UE, y sectores como el automóvil, la química o la maquinaria dependen de cadenas de suministro que atraviesan ese mercado.
La proyección es sencilla de describir y difícil de fechar. Si el departamento publica las 30 universidades y los criterios de designación, el debate se trasladará al Congreso, que ya trabaja en la transparencia de la financiación extranjera en la educación superior. Si no los publica, la medida quedará como una demostración de fuerza sin jurisprudencia verificable. La próxima ley de autorización de defensa será el marco donde se aclare. Para las universidades españolas, la ventana de decisión es más corta: revisar convenios y declarar origen de fondos antes de que lo pregunte un socio americano.
Lo que observamos en esta redacción es un patrón conocido. Cada vez que Estados Unidos endurece el cerco, la red muta de forma. Eso sí, la mutación tiene un coste: cada nueva identidad deja un rastro administrativo. Y ese rastro es, hoy, el arma más eficaz que tiene el Departamento de Guerra.
Ficha del Caso
- El caso: El secretario de Guerra anuncia el desmantelamiento de 80 organizaciones herederas de los Institutos Confucio en 30 universidades estadounidenses, dos meses de operación administrativa y ninguna lista pública de campus afectados.
- Datos clave: 80 entidades, 30 universidades, restricción de financiación federal aprobada por el Congreso en 2018, designación como amenaza para la seguridad nacional y salto a nuevos nombres y estatutos tras el cerco legislativo.
- Para España: varios campus alojaron Institutos Confucio bajo convenios propios; la colaboración científica con China y los proyectos conjuntos con socios americanos quedan expuestos al mismo escrutinio sobre origen de fondos.
