La Fiscalía de la Audiencia Nacional sitúa a Irán detrás del intento de asesinato de Vidal-Quadras. El escrito de acusación del ministerio público reclama hasta 27 años de cárcel para los siete implicados por pertenencia a organización criminal y tentativa de homicidio terrorista.
El texto, conocido este viernes y al que ha tenido acceso La Vanguardia, ordena la autoría del atentado del 9 de noviembre de 2023 en Madrid. Mehrez Ayari disparó a la cara del político desde una moto, y Sami Bekal, en paradero desconocido, aparece como organizador del plan y en la cúspide de la trama.
Qué sostiene la Fiscalía y por qué señala a Irán
El argumento central del escrito no es la biografía de los acusados, sino la del Estado que, según el ministerio público, los activó. La Fiscalía afirma que la República Islámica de Irán ‘se ha visto involucrada en operaciones encubiertas para perseguir, intimidar e incluso asesinar a opositores, disidentes y voces críticas fuera de sus fronteras’. Con esa premisa, el atentado de Madrid deja de leerse como un episodio aislado y pasa a interpretarse como un capítulo de una política de Estado.
El móvil que sostiene la acusación es político y está documentado. En octubre de 2022, el Ministerio de Exteriores del país persa declaró terrorista a Vidal-Quadras por su actividad en favor de la oposición iraní. El también exvicepresidente del Parlamento Europeo y expresidente del Partido Popular en Cataluña desempeñó un papel decisivo en la retirada de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (MEK) de la lista europea de organizaciones terroristas.
Cinco días después del disparo, la agencia Fars —administrada por el brazo armado del líder supremo— difundió un comunicado que la Fiscalía lee como una advertencia directa. El texto señalaba que ‘el gobierno español haría mejor en no ser un actor en un escenario de la MEK’ y avisaba de que acoger al grupo ‘tendrá graves consecuencias. Para el ministerio público, esa secuencia encaja con el guion de una represalia.
La Fiscalía no describe un atentado aislado, sino la extensión fuera de fronteras de una persecución que el régimen ya había advertido por escrito.
Qué margen tiene la acusación y quién se queda fuera del banquillo
El reparto de penas dibuja una jerarquía interna. La solicitud más alta del escrito corresponde a Mehrez Ayari, autor material del disparo a plena luz del día en una céntrica calle de Madrid. Para Nahraya Gómez el ministerio público pide 23 años, y para el resto de los acusados —Chahinez Kadid, Larbi Ayari, Greg Oliver Higuera, Nafis Din Allouch Ahmed y Sami Bekal—, 20 años por cabeza.
El punto débil de la tesis no está en la autoría material, que la Fiscalía considera acreditada, sino en la cadena de mando. Sami Bekal está huido y su paradero condiciona la celebración del juicio. La acusación tampoco sienta a un Estado en el banquillo: Irán aparece como responsable político del atentado en el relato del escrito, no como sujeto procesal. Acreditar la dirección estatal exige encajar comunicados oficiales, declaraciones públicas y movimientos de los acusados en una misma línea de mando.
El siguiente hito será la apertura de juicio oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin fecha fijada por ahora. Los siete acusados se enfrentan a delitos de pertenencia a organización criminal y tentativa de homicidio terrorista, una calificación que eleva el marco penal y que las defensas discutirán previsiblemente. La causa acumula casi tres años de instrucción desde el disparo del 9 de noviembre de 2023.
La lectura política: por qué este escrito importa en el debate español
Para Vox, el escrito confirma una tesis que la formación sostiene desde hace años: que la persecución del régimen iraní contra disidentes no se detiene en sus fronteras. Vidal-Quadras es fundador del partido, y su figura conecta la política española con un debate europeo que sigue abierto. El argumentario que la formación repite en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo tiene un eje concreto: la Unión Europea debe declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
La comparación incomoda. Bruselas retiró al MEK de su lista de organizaciones terroristas tras una campaña en la que Vidal-Quadras fue pieza clave, pero no ha dado el paso equivalente con el aparato de seguridad del régimen. Ese doble rasero es el flanco que Vox explota con más eficacia, y el escrito de la Fiscalía le entrega munición argumental. La resolución del caso será también un test político: cada dato que acredite la mano del Estado iraní refuerza la demanda de endurecer la respuesta europea. La próxima cita, el juicio oral, aún no tiene fecha.
