El Gobierno de Argentina tiene este viernes un vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 730 millones de dólares (655 millones de euros) correspondientes al préstamo de 45.000 millones de dólares (40.406 millones de euros) que el organismo concedió en 2018 a la anterior Administración de Mauricio Macri.
Con este vencimiento, el Gobierno entra en una etapa sucesiva de vencimientos que continúa el 1 de febrero, con un pago de 365 millones de dólares (328 millones de euros), y sigue con vencimientos de aproximadamente 2.900 millones de dólares (2.604 millones de euros) en marzo.
El Ejecutivo continúa negociando con el Fondo una reestructuración del crédito que percibió en 2018. A la pregunta de si el Gobierno realizará el pago de los vencimientos venideros en estos meses todavía no hay una respuesta.
Así se desprende de las declaraciones de este jueves de la portavoz de la Presidencia de Argentina, Gabriela Cerruti, quien no ha confirmado si el Gobierno hará o no el pago de intereses adeudado.
La portavoz ha explicado que la decisión del Gobierno será una u otra en función de «cómo avancen las conversaciones».
«Si va a haber un anuncio hoy, depende de cómo avancen las negociaciones, obviamente si hay algo que anunciar, habrá un anuncio, pero en este momento estamos en medio de las negociaciones», ha indicado Cerruti durante una rueda de prensa en la Casa Rosada.
Sin ofrecer más detalles, Cerruti ha incidido en que el país sudamericano busca en su acuerdo con el FMI una senda de crecimiento, además de defender «los derechos de los trabajadores y los jubilados, el gasto en materia social, la inversión en ciencia técnica, la inversión en educación y los derechos de los trabajadores y sobre todo que continúe la senda de la producción y del crecimiento para que podamos seguir llegando con empleo genuino, con educación, con buenas jubilaciones a todos los argentinos y argentinas».
En esta línea, la portavoz ha insistido en que la intención del Gobierno es alcanzar el «mejor acuerdo» con la institución liderada por Kristalina Georgieva y ha asegurado que el país no va aceptar ningún acuerdo que implique comprometer esta senda de crecimiento.
«La carta de intención, en el caso de que se firme el acuerdo, va a ser mandad al Congreso porque así lo dice la ley que votamos en el Congreso y la Constitución de la Nación, aunque el acuerdo que se tomó en el Gobierno de Mauricio Macri se tomó sin ningún tipo de consulta», ha añadido Cerruti.
