Un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso, según una encuesta de GAD3 encargada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’, que le encargó hace un año y medio el Congreso de los Diputados, y que ha entregado este viernes a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.
En total, un 1,13% de los encuestados asegura que la agresión se registró en el ámbito religioso, lo que elevaría la cifra a unas 445.000 personas, teniendo en cuenta que en España hay 39.415.017 personas de 18 y más años, según el último dato del INE disponible.
La encuesta demoscópica, encargada por el Defensor del Pueblo siguiendo el proceso de licitación de la Administración, contempla una muestra metodológica y numérica significativa de la población española (8.013 personas) a partir de datos anonimizados recogidos por la Unidad de Atención a las Víctimas de la institución que han sido objeto de tratamiento estadístico y del análisis de las demandas y preocupaciones plasmadas en el Foro de las Asociaciones.
Esta revela, entre otras cosas, que el 11,7% de las personas entrevistadas afirman haber sufrido abusos sexuales, antes de cumplir 18 años, es decir, 4,6 millones de personas. De ellas, un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar, es decir, 1,3 millones de personas.
Por otro lado, la encuesta muestra que un 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron como bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.
En una rueda de prensa, Gabiolondo ha explicado que un total de 487 víctimas, un 87% de ellas, hombres, han denunciado abusos sexuales en la Iglesia ante la unidad de atención a víctimas de la comisión creada por la institución.
El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada «durante mucho tiempo» por «la negación o la minimización del problema».
En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la «negación y a la ocultación», sino incluso a «presiones» de representantes de la misma en las que «se les culpabilizaba de los abusos sufridos».
No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce «el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida».
Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos de titularidad pública o privada.
El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.
